Haití ahora ocupa el tercer lugar en la relación, a continuación de Siria y Somalia, en ese orden. Somalia, al igual que Iraq, México, Filipinas, Pakistán y la India, ha aparecido en el índice todos los años.
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 31 de octubre de 2023.
La duradera ausencia de justicia por los crímenes de periodistas es una amenaza de primer orden contra la libertad de prensa. Diez años después de que las Naciones Unidas declararon la observancia del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, y más de 30 años después de que el CPJ comenzara a documentar estos casos, prácticamente el 80 % de los crímenes no han sido resueltos.
Haití, nación caribeña azotada por una profunda crisis, se ha convertido en uno de los países donde los asesinos de periodistas andan impunes, según datos del Índice de Impunidad Global de 2023, elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). La violencia provocada por las pandillas, la pobreza crónica, la inestabilidad política y la disfunción del Poder Judicial son los factores que han llevado a la primera inclusión de Haití en la lista anual del CPJ sobre los países donde los asesinos de periodistas siguen libres.
Haití ahora ocupa el tercer lugar en la relación, a continuación de Siria y Somalia, en ese orden. Somalia, al igual que Iraq, México, Filipinas, Pakistán y la India, ha aparecido en el índice todos los años. Siria, Sudán del Sur, Afganistán y Brasil también han figurado con frecuencia, un grave recordatorio del carácter persistente y funesto de la impunidad.
Son diversas las razones por las cuales los asesinos de periodistas no son enjuiciados en estos países: la presencia de conflictos armados y de grupos rebeldes, la corrupción, las fallas en los organismos del orden público, y la ausencia de voluntad política para castigar a aquellos individuos dispuestos a matar periodistas independientes. Estos Estados abarcan democracias y autocracias, naciones en crisis y otras con Gobiernos estables. Algunos están saliendo de prolongados conflictos, pero la reducción de las hostilidades no ha puesto fin a la persecución de periodistas. Y conforme la impunidad se arraiga, denota una indiferencia que tiende a incentivar a futuros asesinos y a inhibir el periodismo independiente, pues los periodistas, alarmados, huyen de sus países, se autocensuran o abandonan la profesión completamente.
El índice de este año registra 261 casos de periodistas asesinados por su trabajo entre el 1 de septiembre de 2013 —año en que las Naciones Unidas proclamaron el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas— y el 31 de agosto de 2023. Según datos recabados por el CPJ, durante ese decenio, nadie ha rendido cuentas ante la Justicia en 204 de estos casos, o sea, más del 78 %. (Los casos de los periodistas que han muerto en la guerra que estalló el 7 de octubre entre Israel y Hamás no están incluidos en esta relación porque no ocurrieron dentro del decenio del índice). La tasa de impunidad del 78 % representa una leve mejora en comparación con la tasa del 90 % que el CPJ documentó hace una década, pero ello no debe verse con optimismo: la impunidad continúa rampante y la triste realidad es que casi cuatro de cada cinco asesinos de periodistas no rinden cuentas ante la Justicia por los crímenes que han cometido.
En total, el CPJ ha documentado 956 casos de periodistas que han muerto asesinados por su labor desde que la organización comenzó a recopilar datos sobre esta problemática, en 1992. De ese total, en 757 casos, más del 79 %, ni siquiera ha habido un proceso judicial.
Más allá del índice
El Índice de Impunidad Global del CPJ comprende aquellos países con un mínimo de cinco casos de asesinato de periodistas no resueltos durante un período de 10 años. Solamente se incluyen los casos en que la impunidad fue absoluta. No se incluyen los casos en que la impunidad fue parcial: cuando algunos acusados son condenados, pero otros sospechosos siguen libres. Se calcula el puntaje de cada país en relación con su población, lo que significa que países más poblados como México y la India ocupan puestos más bajos en la lista, a pesar de tener más casos de asesinato de periodistas.
Pero los efectos nocivos de la impunidad se extienden más allá de las fronteras de los países que con frecuencia ocupan un lugar en el índice anual del CPJ. La impunidad tiene un efecto intimidante sobre los periodistas de otras partes, y socavan la libertad de prensa y el periodismo centrado en asuntos de interés público.
En la Cisjordania ocupada, los periodistas palestinos que fueron entrevistados por el CPJ para el informe Patrón mortal, publicado este mismo año, afirmaron que su trabajo se ha visto minado por el creciente temor por su integridad física a raíz de que las Fuerzas de Defensa de Israel mataron a disparos a la corresponsal del canal en árabe de Al-Jazeera Shireen Abu Akleh en mayo de 2022. De acuerdo con esta investigación del CPJ, nadie ha rendido cuentas por la muerte de 20 periodistas a manos del ejército israelí en 22 años. “La impunidad en estos casos ha socavado gravemente la libertad de prensa y ha dejado los derechos de los periodistas en una posición precaria”, destacó el informe. (Israel no aparece en el Índice de Impunidad Global porque menos de cinco periodistas muertos durante el período del índice se clasifican como blancos de asesinato).
En varios países de la Unión Europea, que normalmente se consideran entre los más seguros para el ejercicio del periodismo, la libertad de prensa enfrenta crecientes presiones, y naciones como Malta, Eslovaquia, Grecia y los Países Bajos tienen casos de asesinato de periodistas sin resolver.
En Malta y Eslovaquia, todavía no se ha logrado plena justicia por el asesinato de Daphne Caruana Galizia y de Ján Kuciak. En Grecia nadie ha rendido cuentas ante la Justicia por el asesinato de Sokratis Giolias, en 2010. Un reciente informe de la iniciativa “Un mundo más seguro para la verdad”, una colaboración de organizaciones defensoras de los derechos humanos entre las que se encuentra el CPJ, encontró deficiencias en la investigación de las autoridades respecto al asesinato de Giolias y la muerte similar de Giorgos Karaivaz 11 años después.
En los Países Bajos, nueve acusados están a la espera de juicio por asesinar a tiros al periodista holandés Peter R. de Vries cuando salía de un estudio de TV en 2021. Aunque no se ha confirmado que De Vries y Karaivaz hayan sido asesinados por su labor informativa, sus compañeros en Grecia y los Países Bajos han declarado al CPJ que las muertes de ambos comunicadores sociales han provocado autocensura e inseguridad duraderas en el gremio periodístico. La muerte de De Vries tuvo “un efecto paralizante sobre los periodistas”, declaró al CPJ Paul Vugts, reportero holandés especializado en noticias judiciales y policiales y el primer periodista de su país que recibe protección policial completa por las amenazas de muerte recibidas en relación con su labor.
En países considerados menos seguros para los periodistas, continúan los actos de represalia violenta por la cobertura informativa.
En Camerún, país del África central, el cadáver mutilado del periodista Martinez Zogo fue hallado el 22 de enero de 2023. Al menos un periodista que tenía vínculos con Zogo, Jean-Jacques Ola Bebe, fue encontrado muerto 12 días después. Varios periodistas a quienes Zogo advirtió que estaban en una lista de objetivos, huyeron del país, mientras que otros optaron por autocensurarse. “El asesinato, agresión física, secuestro, tortura y hostigamiento de periodistas por parte de la Policía, organismos de inteligencia, el ejército y actores no estatales en Camerún sigue teniendo un grave efecto inhibidor [sobre los medios]”, resaltó un informe publicado en julio y presentado ante las Naciones Unidas por una coalición que incluyó al CPJ.
El difícil camino a la justicia
Desde 1992, se ha logrado justicia plena en tan sólo 47 casos de periodistas asesinados, es decir, menos del 5 % de ese total. Los datos del CPJ demuestran que factores como la presión internacional, la jurisdicción universal y los cambios de Gobierno pueden ser cruciales para lograr que los responsables de los crímenes rindan cuentas de sus actos.
Un caso emblemático es el del periodista peruano Hugo Bustíos Saavedra. Bustíos murió en una emboscada a manos de soldados el 24 de noviembre de 1988, cuando cubría el conflicto entre las fuerzas de seguridad gubernamentales y el movimiento guerrillero Sendero Luminoso. Tuvieron que pasar 35 años para que un juzgado penal peruano condenara a Daniel Urresti Elera, quien era jefe de inteligencia del ejército en la zona donde mataron a Bustíos, a 12 años de cárcel por su papel en la muerte. (Consulte la cronología del caso Bustíos aquí).
La condena de Urresti fue resultado de distintos factores como los cambios en el liderazgo político en Perú, la reapertura de investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos a raíz de que la Corte Suprema de Justicia de Perú anulara en la práctica la ley de amnistía de 1995 que protegía a los miembros de las Fuerzas Armadas, y el continuo activismo de organizaciones defensoras de los derechos humanos como el CPJ ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la República Centroafricana, la muerte de Yevgeny Prigozhin, líder de un ejército de mercenarios ruso, en un accidente aéreo ocurrido en agosto, dos meses después de ordenar a sus tropas que marcharan sobre Moscú, ha despertado esperanzas de que alguien pueda brindar información sobre el asesinato de tres periodistas rusos en 2018, señala Gulnoza Said, coordinadora del Programa de Europa y Asia Central del CPJ. Los periodistas Orkhan Dzhemal, Kirill Radchenko y Aleksandr Rastorguyev fueron asesinados a tiros a los tres días de haber llegado al país para investigar las actividades del Grupo Wagner.
La jurisdicción universal, que permite a las autoridades de un país abrir un proceso penal por crímenes de lesa humanidad sin importar dónde se cometieron, también puede ser un instrumento eficaz. Bai Lowe, acusado de integrar el escuadrón de la muerte que mató al periodista gambiano Deyda Hydara, enfrenta un juicio en Alemania, el primer individuo acusado de cometer violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Yahya Jammeh que es juzgado fuera de Gambia.
La presión internacional es otro factor que puede motivar a las autoridades a investigar crímenes de periodistas no resueltos, inclusive si las investigaciones no terminan necesariamente en la apertura de un proceso penal. De acuerdo con el informe del CPJ Patrón mortal, sobre casos de periodistas muertos a manos del ejército israelí, es más probable que las autoridades investiguen la muerte de periodistas con pasaportes extranjeros. “El grado hasta el cual el Gobierno de Israel investiga, o dice investigar, los casos de muerte de periodistas parece estar vinculado con la presión externa”, señaló el informe.
El caso Bustíos puede haber ofrecido un atisbo de esperanza, pero también pone de relieve que el camino a la justicia puede ser largo y accidentado, y que, para la mayoría de los periodistas asesinados, la justicia nunca llega.