En casi el 80% de los 263 casos de periodistas asesinados en represalia por su trabajo a nivel mundial a lo largo de la última década, los perpetradores no han enfrentado ningún castigo. Somalia continúa siendo el peor ofensor en el Índice por el octavo año seguido. Siria, Sudán del Sur, Afganistán e Iraq, respectivamente, completan los primeros cinco países en el Índice de CPJ.
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 1 de noviembre de 2022.
Por Jennifer Dunham/Subdirectora Editorial del CPJ
No se ha responsabilizado a nadie, en casi el 80% de los asesinatos de periodistas a lo largo de los últimos 10 años, halló el Índice de Impunidad Global del CPJ para 2022, y los Gobiernos demuestran poco interés en afrontar el problema.
Índice de Impunidad Global | Metodología
La gran mayoría de los asesinos de periodistas salen impunes por los asesinatos, según el Índice de Impunidad Global del CPJ para 2022. En casi el 80% de los 263 casos de periodistas asesinados en represalia por su trabajo a nivel mundial a lo largo de la última década, los perpetradores no han enfrentado ningún castigo.
Somalia continúa siendo el peor ofensor en el Índice por el octavo año seguido. Siria, Sudán del Sur, Afganistán e Iraq, respectivamente, completan los primeros cinco países en el Índice, cuyo plazo abarca del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2022. Cada uno de estos países se ha incluido en el Índice del CPJ varias veces, con su historia de conflicto, inestabilidad política y estado de derecho débil, lo cual subraya la naturaleza arraigada de la impunidad, y hace poco probable que las autoridades jamás podrán dedicar recursos a la búsqueda de justicia para los periodistas.
Birmania aparece en el Índice por primera vez en 2022 en la octava posición, marcando otro hito nefasto, tras incorporarse a las filas de los peores encarceladores de periodistas a nivel mundial, según la relación de periodistas presos del CPJ, publicada el 1 de diciembre de 2021. Desde el golpe de Estado que suspendió la democracia en febrero de 2021, la junta militar en Birmania ha encarcelado a docenas de periodistas, y utilizado leyes de gran alcance caracterizados como “anti-Estado” y “noticias falsas”, para sofocar el reportaje independiente. Además, ha asesinado a por lo menos tres periodistas, incluso dos – Aye Kyaw y Soe Naing – quienes tomaron fotografías de manifestaciones contra el régimen, y luego fueron detenidos y asesinados mientras estaban presos.
Pero aun en países menos volátiles con gobiernos democráticamente electos, las autoridades demuestran poca voluntad política para enjuiciar a los asesinos de periodistas, o para frenar la violencia contra los medios. Al contrario, líderes como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente brasileño Jair Bolsonaro, regularmente lanzan ataques verbales contra los medios, mientras los periodistas enfrentan amenazas constantes debido a sus reportajes esenciales en materia de crimen, corrupción y asuntos ambientales.
México es uno de los casos más flagrantes. El CPJ ha documentado 28 asesinatos no resueltos de periodistas en dicho país durante los últimos 10 años – la cantidad más grande de cualquier país enumerado en el Índice, y el país más peligroso para periodistas del Hemisferio Occidental. Ocupa el sexto lugar en el Índice del CPJ, en parte porque las clasificaciones están basadas en el tamaño de la población del país en cuestión. Es más, la red compleja de violencia generalizada en México, a menudo dificulta afirmar con certeza si la muerte de un periodista se debe al trabajo que realiza, lo cual significa que muertes con motivos indeterminados no se incluyen en los cálculos sobre la ubicación de ese país en el Índice del CPJ.
Por lo menos 13 periodistas fueron asesinados en México durante los primeros nueve meses de 2022, el número más alto que el CPJ jamás ha documentado para dicho país en un solo año. Por lo menos tres de esos periodistas, fueron asesinados en represalia directa por su labor informando sobre el crimen y la corrupción política, y habían sido amenazados antes de sus muertes. El CPJ está investigando los motivos de los otros 10 asesinatos, para determinar si estaban relacionados a la labor periodística de las víctimas.
Las autoridades mexicanas, anteriormente este año, hicieron ostentación del número alto de sospechosos detenidos en los asesinatos de periodistas, y el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas comentó en marzo que 16 personas habían sido detenidas en conexión con los asesinatos de seis periodistas para esa fecha en 2022. Tras recientes condenas clave en el asesinato de alto perfil en 2017 de Javier Valdez Cárdenas, las autoridades también han intensificado sus esfuerzos para extraditar de la custodia de EEUU el supuesto autor intelectual, Dámaso López Serrano, un anterior miembro de alto rango de un grupo de crimen organizado de Sinaloa, un estado en el norte de México. En general, sin embargo, la tasa más alta de arrestos todavía no ha producido condenas. Es más, algunas de las personas arrestadas – como los sospechosos en el asesinato en 2021 del periodista Jacinto Romero Flores – desde entonces han sido liberados, debido a la falta de pruebas.
En Brasil – clasificado en el noveno lugar en el Índice – varios eventos en 2022 remacharon los riesgos persistentes enfrentados por los periodistas en el país. En junio, el periodista británico Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira fueron asesinados en la Amazonía por personas quienes la policía sospechan por tener vínculos con la pesca ilegal en la región. Estos asesinatos de alto perfil recalcaron los peligros enfrentados por los periodistas que investigan la Amazonía y los temas ambientales en general. Anteriormente, en febrero, el asesinato del periodista comunitario Givanildo Oliveira por supuestos miembros de la organización criminal conocida como el Comando Rojo, suscitó preocupación acerca del aumento de riesgos enfrentados por periodistas en las favelas y comunidades marginadas de Brasil.
Mientras tanto, la familia del reportero de deportes brasileño Valério Luiz de Oliveira, asesinado en 2012 en represalia por su reportaje sobre un destacado club de fútbol, enfrentó otro contratiempo en su búsqueda de justicia, pues las fechas agendadas en 2022 para el juicio de sus supuestos asesinos fueron postergadas reiteradamente. Su hijo, el abogado Valério Luiz de Oliveira Filho, habló con el CPJ sobre su lucha a lo largo de una década para garantizar que los asesinos de su padre se enfrentaran a la justicia, lo cual él describió como “una pesadilla interminable”.
En Filipinas – clasificado en el séptimo lugar en el Índice – la elección del presidente Ferdinand Marcos, Jr. trajo consigo esperanzas de un distanciamiento de la campaña de intimidación y hostigamiento de la prensa del saliente presidente Rodrigo Duterte. Sin embargo, los asesinatos de dos comentaristas radiales desde que Marcos, Jr. tomó posesión de su cargo a finales de junio – Percival Mabasa, un crítico franco de Duterte y de Marcos, Jr., y Renato Blanco, quien reportó sobre la política local y la corrupción – suscitaron miedo de que la cultura de violencia e impunidad perdurará.
Pakistán y la India están clasificados en el décimo y onceavo lugar, respectivamente. Ambos han aparecido en el Índice cada año desde que el CPJ empezó a recopilarlo en 2008, lo cual demuestra la naturaleza arraigada de la impunidad y de la violencia contra los medios en dichos países.
Durante la década cubierta por el Índice actual – del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2022 – el CPJ halló que 263 periodistas fueron asesinados en represalia por su trabajo alrededor del mundo. En 206 de esos casos, o el 78%, el CPJ registró la impunidad absoluta, lo cual significa que nadie ha sido condenado en conexión con el crimen. En el plazo del Índice previo (del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2021), el CPJ halló que el 81% de los asesinatos de periodistas nunca fueron esclarecidos.
Esta edición del Índice, se superpone en el mismo plazo del Plan de Acción sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad de la ONU, un mecanismo lanzado en 2012 para desarrollar programas para proteger a los periodistas y combatir la impunidad en casos de violencia contra los medios. Las medidas del plan, incluyen el establecimiento de un mecanismo de coordinación interinstitucional para lidiar con asuntos relacionados con la seguridad de periodistas, y además asistir a los países en su desarrollo de legislación y mecanismos que son favorables para la libertad de expresión y de información y apoyar sus esfuerzos para implementar las reglas y los principios internacionales actuales. Si bien su implementación inició a principios de 2013, el Índice demuestra que la impunidad continúa siendo un desafío enorme.
El CPJ y organizaciones socias han unido esfuerzos en varias iniciativas recientes para luchar contra la impunidad alrededor del mundo. Una de dichas iniciativas, el proyecto “Un Mundo Más Seguro para la Verdad”, investiga casos sin resolver de periodistas asesinados, descubriendo información nueva e incidiendo a favor de reabrir procesos judiciales penales domésticos. Anteriormente este año, en el Tribunal de los Pueblos del proyecto en La Haya, testigos dieron sus testimonios sobre el asesinato en 2009 del periodista srilanqués Lasantha Wickrematunge, y presentaron una abundancia de pruebas señalando la culpabilidad del Ministerio de Defensa por el asesinato – liderado en ese momento por Gotabaya Rajapaksa, quien renunció el cargo de presidente del país en julio.
Rusia y Bangladesh no fueron incluidos este año, por primera vez desde que el CPJ empezó a publicar el Índice en 2008, pues esos países tenían tres y cuatro asesinatos no resueltos durante el plazo del Índice, respectivamente, menos del tope de cinco que se requiere para inclusión en el análisis. Sin embargo, esto no significa que el ambiente de la libertad de prensa o de la seguridad de periodistas haya mejorado en dichos países. Bangladesh continúa encarcelando reporteros bajo la Ley de Seguridad Digital, y uno de ellos – Mushtaq Ahmed – murió en la cárcel bajo circunstancias poco claras en 2021, después de supuestamente haber sufrido abuso físico bajo custodia policial. El coimputado de Ahmed, el caricaturista Kabir Kishore, le dijo al CPJ que le torturaron cuando estaba detenido.
Rusia ha sido clasificado durante mucho tiempo entre los peores países del mundo en cuanto al asesinato de periodistas, con reporteros que investigan temas como la corrupción oficial y las violaciones de derechos humanos rutinariamente fijados como objetivo debido a su trabajo. Desde que Vladimir Putin asumió el poder a finales de 1999, por lo menos 25 periodistas han sido asesinados en represalia directa por su trabajo. Sin embargo, en los años recientes, los asesinatos dirigidos de periodistas han disminuido, mientras que el espacio para el reportaje independiente se ha reducido. Dicho espacio se ha cerrado casi por completo a partir de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero, con la mayoría de los medios de comunicación restantes dejando de funcionar bajo la presión legal y reguladora, y miles de periodistas huyendo del país en medio de las medidas represivas que han sido desastrosas para la prensa en Rusia.
Novaya Gazeta una vez era uno de los medios investigativos más destacados en Rusia, y por lo menos seis de sus periodistas y colaboradores han sido asesinados en conexión con su reportaje valiente desde 2000. Sin embargo, en 2022, dicho medio, como cientos de otros, ya no puede funcionar eficazmente en Rusia, debido a los riesgos complejos descritos arriba. Como el laureado del Premio Nobel y jefe de redacción de Novaya GazetaDmitry Muratov afirmó en septiembre, “En Rusia, el genocidio de los medios ha concluido. Los ciudadanos rusos se encuentran solos frente a la propaganda del Gobierno”.
