Con la mirada puesta en el próximo Día Internacional de Acceso a la Información, José Peralta escribe sobre una iniciativa de ARTICLE19 en México que utiliza el acceso a la información para asegurar que las mujeres indígenas tengan el poder de crear las comunidades que ellas quieren.
En Lázaro Cárdenas, una localidad del sureño estado de Chiapas, México, sus 3.000 habitantes tenían un centro de salud sin médico y sin medicamentos. En Adolfo Ruíz Cortines, otra población de Chiapas, fueron presionados para que votaran a un determinado partido político. En Plan de Ayala, un proyecto de apoyo a las mujeres indígenas se suspendió misteriosamente.
Estas historias podrían haber terminado allí y ser parte del largo muestrario de un Estado fallido y una comunidad indefensa. Sin embargo, un proyecto impulsado por ARTICLE 19 (A19) en colaboración con Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM) les dio una vuelta de tuerca a estos y otros casos: mediante pedidos de acceso a la información y acciones subsiguientes las mujeres de esas comunidades alcanzaron a resolver estas situaciones de manera más que favorable para su entorno.
La campaña, denominada Transparencia Proactiva, comenzó en febrero de 2015. Su objetivo consiste en capacitar a mujeres y hombres de comunidades indígenas y rurales de la zona Selva Norte de Chiapas y de la región de Pantanos en Tabasco en Derecho de Acceso a la Información como una herramienta para acceder a otros derechos fundamentales.
Con más de 100 talleres realizados y más de 27 comunidades alcanzadas a la fecha, la propuesta apuesta a acercar las herramientas a estas poblaciones para que reconozcan y detecten los problemas que impactan en su vida cotidiana, «en especial aquellos que aquejan y deterioran la calidad de vida de las mujeres» y les permita reclamar derechos que «históricamente les han sido negados», dijo a IFEX Dominique Amezcua, coordinadora del programa y Oficial Adjunta del Programa de Derecho a la Información de A19.
En un contexto donde México tiene uno de los peores índices de violencia de la región y el mundo y donde las agresiones contra la libertad de expresión son moneda común (sólo este año se registran 1.5 ataques contra periodistas por día) un proyecto como el que llevan adelante estas organizaciones es una luz de esperanza ante los enormes desafíos que enfrenta la población mexicana.
Cambio de rumbo
Así las cosas, el proyecto tuvo casos paradigmáticos y las historias del principio de este artículo tuvieron «final felíz».
En Lázaro Cárdenas, mediante una solicitud de información dirigida a la Secretaría de Salud del Estado, la comunidad descubrió que dicho centro de salud contaba con un médico general de base asignado, sujeto a un horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas y con una partida mensual para la compra de medicamentos e insumos. Este informe movilizó a toda la población a solicitar la presencia real del médico. A partir de setiembre del 2015 empezaron a contar con este servicio.
En Adolfo Ruiz, un pedido de acceso reveló las irregularidades que significaba que el Coordinador Regional del Programa Prospera los presionara para votar a un partido político. Realizaron la denuncia correspondiente y el funcionario fue despedido.
En Plan de Ayala, cuenta Amezcua, el plan de apoyo a las mujeres indígenas era coordinado por un promotor que al momento de solicitar el tercer apoyo del programa no apareció por la localidad.
«En el marco de nuestros talleres, las mujeres solicitaron a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) información sobre el estatus de su proyecto, a lo que la institución respondió que el proyecto se encontraba en pausa hasta que las mujeres pagaran un adeudo de 10,000 pesos y comprobaran en qué habían gastado dicho dinero», explicó.
Las mujeres detectaron que ese dinero que se decía que adeudaban era parte de lo que le entregaron al promotor como pago para una capacitación.
«El promotor recibió el dinero y dijo que no había necesidad de generar una factura para justificar dicho gasto ya que podrían comprobarlo con una lista de asistencia que él les entregaría. Mediante una segunda solicitud de información las mujeres conocieron que el promotor, en vez de realizar una capacitación por grupo de beneficiarias, implementó una sola capacitación con costo de 10,000 pesos, y se quedó con los 70,000 pesos restantes del dinero que había recaudado», dijo Amezcua.
Las mujeres se movilizaron y el funcionario público fue despedido. Esa comunidad sigue esperando hasta la fecha que se restablezca el apoyo injustamente retirado.
Mujeres relevantes
Un aspecto nada menor del proyecto fue el objetivo de empoderar a las mujeres de estas localidades, sin dudas el colectivo más desprotegido dentro de las ya precarias condiciones socioeconómicas de estos poblados.
«La sociedad mexicana, en general, es una sociedad machista, y las comunidades indígenas y rurales no son la excepción. En dichos contextos todavía prevalece la idea de que las mujeres no deben participar en la esfera pública ni en la toma de decisiones», explicó la coordinadora de A19 para este proyecto.
Y así, los talleres y capacitaciones que se llevaban a cabo no alcanzaban los resultados esperados porque cuando las mujeres con las que se trabajó inicialmente quisieron compartir lo aprendido en y con sus comunidades, muchas de ellas encontraron mucha resistencia y desconfianza de su entorno, algunas incluso fueron acusasas de querer engañar a sus comunidades.
Entonces, se tuvo que trabajar en una «apropiación colectiva» de la información que les diera a estas mujeres, denominadas «multiplicadoras» un papel relevante en su entorno social.
«Además de la discriminación a razón de género, otro factor que abonó a la incredulidad de las comunidades es que no se reconocían como sujetos de derechos y mucho menos como interlocutores capaces de interpelar al gobierno», relató Amezcua.
Con el correr de los meses, las mujeres fueron ganando una mejor posición dentro de sus comunicades. Contar con información les ha permitido sumarse a espacios políticos donde antes no existían. En el informe sobre la campaña se destaca que el trabajo relevante y pertinente de estas multiplicadoras les ganó el reconocimiento de los varones de su comunidad «que se dirigen a ella con reconocimiento y respeto».
Amezcua coincide que este proyecto ayudó a emparejar la situación entre hombres y mujeres, pero que aún falta mucho: «aunque son incluídas en muchos procesos políticos y comunitarios que antes les eran negados, no podemos hablar de una situación de igualdad».
Para ello, sostiene, se precisa un cambio de paradigma y cultural que no solo se da en la jurisprudencia. Hasta la fecha, en varias comunidades las mujeres no tienen derecho a voto en temas del poblado y se les niega la propiedad de la tierra.
Desafíos y futuro
La campaña tuvo no solo logros prácticos concretos, sino que dejó sembrados algunos puntos más abstractos como la «comprensión y apropiación del derecho a la información» o el «replanteamiento real de los desquilibrios a nivel comunitario» que rompío con actos de corrupción o abusos de poder.
Sin embargo, queda mucho por delante. Entre los principales desafíos el informe destaca la necesidad de que estas comunidades puedan ejercer sus derechos de manera autónoma, sin organizaciones como A19 que estén atrás sustentando el proceso. También deberán seguir lidiando con amenazas y ataques ante este intento de cambio del sistema desigual en el que viven y combatir una «falta de voluntad política e interés» por parte de los organismos estatales.
«Algo que hemos aprendido de los pueblos indígenas y sobre todo de las mujeres que han sido parte del proyecto es que la información pública no significa nada si ésta no es leída, analizada y contrastada con la realidad de las y los ciudadanos, que cuando exigimos debemos exigir unidos y unidas, debemos hacer nuestra la información y usar todos los medios que tenemos y que hemos ganado para visibilizar la corrupción, las deficiencias de nuestros gobiernos y terminar con la violencia institucional», dijo Amezcua. «Creemos la única manera de combatir la falta de voluntad política es no quitando el dedo del renglón y exigiendo rendición de cuentas», sentenció.
El dedo en el renglón seguirá puesto por parte de estas organizaciones. Solo resta saber cuántos dedos más se suman a estas iniciativas.
«La sociedad mexicana, en general, es una sociedad machista, y las comunidades indígenas y rurales no son la excepción. En dichos contextos todavía prevalece la idea de que las mujeres no deben participar en la esfera pública ni en la toma de decisiones.»
Asamblea Nuevo Egipto sobre el Centro de Salud «Lázaro Cárdenas»ARTICLE 19
«Además de la discriminación a razón de género, otro factor que abonó a la incredulidad de las comunidades es que no se reconocían como sujetos de derechos y mucho menos como interlocutores capaces de interpelar al gobierno»
