Seis años desde de que 57 personas, entre ellas 32 periodistas y trabajadores de los medios, fueran asesinadas en Filipinas, los miembros de IFEX siguen pidiendo justicia.
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El 23 de noviembre marcará 6 años desde la masacre de Ampatuan del 2009, que resultó en la muerte de 57 personas, entre ellas 32 periodistas y trabajadores de los medios. Es el incidente único más mortífero en la historia de los medios de comunicación filipinos según el Centro para la Libertad y Responsabilidad de los Medios (CMFR) con sede en Manila.
El impactante ataque – que también se conoce como la masacre de Maguindanao – tuvo lugar antes de las elecciones provinciales en la ciudad de Ampatuan, en la provincia meridional de Maguindanao, isla de Mindanao. Los periodistas viajaban con un convoy de familiares y simpatizantes del vice-alcalde de la localidad Esmael Mangudadatu, en su camino a presentar documentos para su candidatura a gobernador. El convoy fue interceptado por más de 100 hombres armados en un puesto de control policial, y más de 50 personas, entre ellas la esposa y la hermana del candidato y una serie de periodistas, fueron tomados como rehenes. Fueron sacrificados y enterrados rápidamente en fosas comunes. Los asesinatos fueron presuntamente llevaron a cabo para impedir que Mangudadatu pudiese desafiar el control de la provincia por parte de la familia gobernante local.
La magnitud y el horror del incidente conmocionaron a la comunidad internacional. Una semana después del incidente, 52 miembros de IFEX se unieron para pedir a Filipinas que le hiciera frente a la cultura de impunidad del país – una cultura que había empeorado bajo el entonces régimen del presidente Arroyo. «Un entorno donde la violencia y el crimen quedan impunes, cuando el problema de la impunidad se recrudece, el resultado es este tipo de tragedias», afirmaba la acción conjunta de diciembre de 2009 liderada por el CMFR y la Alianza de la prensa del Sureste Asiático (SEAPA) con sede en Bangkok.
Unos días más tarde, una coalición de grupos de medios de comunicación pidió justicia rápida y esbozó algunos de los elementos necesarios para asegurar que el caso no quede impune – entre ellos, la creación de una comisión independiente del gobierno para investigar el delito; la formación de un tribunal especial para tratar el caso; y una protección plenamente garantizada para los testigos.
En febrero de 2010 cerca de 200 personas fueron acusadas en relación con los asesinatos. Fue significativa la acusación del poderoso político local y líder del clan político Andal Ampatuan Sr., así como la de otros, de conspirar para emboscar y matar a miembros de la familia y a los partidarios del rival Mangudadatu.
Sin embargo, a pesar de este primer paso esperanzador, el caso pronto se vio envuelto por varios aplazamientos y mociones presentadas por los abogados de los acusados. Se expresaron sospechas sobre la interferencia política cuando se retiraron los cargos contra algunos de los acusados o al notar que algunos sospechosos seguían en libertad meses después de las acusaciones. También surgió la cuestión de si se le estaba ocultando a la opinión pública información crucial, cuando periodistas se enfrentaron a dificultades al cubrir los procedimientos judiciales. Con el correr de los años, los testigos de la masacre y sus familias fueron atacados o se les ofrecieron grandes sumas de dinero para que cambiaran su testimonio. Siete personas – cuatro testigos y tres familiares de víctimas de la masacre – han sido asesinadas. Se cambió el lugar dónde se realiza el juicio y los fiscales que trabajan en el caso reciben regularmente amenazas. Una sección especial del sitio web del CMFR, el Ampatuan Trial Watch, ofrece actualizaciones sobre el juicio en curso de los Ampatuan y otros acusados.
Mantener la atención en el caso
A pesar de los reveses en curso y el ritmo «glacial» de las actuaciones, los miembros de IFEX han continuado abogando para obtener justicia en el caso, apoyando los esfuerzos de sus colegas filipinos y llevando a cabo misiones de investigación y reuniones con funcionarios del gobierno de Benigno Aquino III que llegaron al poder en 2010 después de jurar justicia para las víctimas en su campaña presidencial. Esta arraigada cultura de impunidad no sólo les niega justicia a las víctimas de este caso, según afirmaron los miembros de IFEX, pero también siembra miedo en la sociedad filipina poniéndole un bozal a los medios de comunicación y promoviendo la autocensura.
Ocasiones especiales, como los 15 meses o el día 1000 después de la masacre, también han estado marcados por homenajes a las víctimas. Una campaña especial “un millón de velas” se llevó a cabo en 2014 para conmemorar el quinto aniversario de la tragedia. Ese mismo año, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) se unió a su afiliada la Unión Nacional de Periodistas de las Filipinas en una Misión Internacional de Solidaridad con Filipinas. Un informe especial titulado «Masacre de Ampatuan: Cinco años después», presentó los resultados de la misión e incluyó una serie de recomendaciones clave para el gobierno de Aquino.
El 23 de noviembre se ha convertido en un día especial en el calendario de IFEX – es una oportunidad para honrar la memoria de los que murieron, para pedir justicia y para ser valientes al decir «Nunca más». Las conmemoraciones de este lamentable aniversario dieron a luz a la campaña de la red IFEX contra la impunidad, con un enfoque no sólo en Filipinas, sino en todas partes donde los autores de crímenes contra periodistas quedan impunes.
Seis años después – justicia retrasada es justicia denegada
Seis años después de los asesinatos, la justicia se sigue haciendo desear ya que ni un solo sospechoso ha sido condenado. Como lo informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el presidente Aquino, en su discurso final sobre el estado de la Nación el 27 de julio de 2015, hizo únicamente una rápida mención a la masacre. No dio detalles sobre los planes de acción sobre el caso, a pesar de su promesa de que se haría justicia antes de que termine su mandato en 2016. Y a pesar de varias misiones en el país y de las recomendaciones presentadas al gobierno de Aquino, la FIP no ha recibido ninguna comunicación del Presidente.
De vez en cuando hay algún avance – por ejemplo, hace pocos días, el 17 de noviembre, las autoridades detuvieron a un sospechoso. Al mismo tiempo, el patriarca del clan Ampatuan, uno de los principales acusados, nunca será llevado a juicio. Supuestamente Andal Ampatuan Sr. habría liderado la planificación y la ejecución de la masacre. Murió de insuficiencia hepática en un hospital de la ciudad de Quezon, el 17 de julio.
Para asegurar que se haga justicia con rapidez en el futuro cuando se produzcan ataques, el CMFR continúa abogando por un Equipo de Reacción Rápida integrado por la sociedad civil y representantes de los medios que puedan conducir una investigación de los hechos y presentar informes para un rápido seguimiento en casos de asesinatos. También sigue presionando al gobierno de Aquino para que siga adelante con sus compromisos de que se haga justicia para las víctimas antes de que finalice su mandato.
La FIP también tiene una serie de recomendaciones concretas con las que continuará presionando como parte de su campaña para acabar con la impunidad que se deriva de su misión de solidaridad internacional llevada a cabo en 2014. Este 23 de noviembre, la FIP Global presentará estas conclusiones y recomendaciones a la embajada de Filipinas en Bruselas con un enfoque en la protección de testigos, el fin de la corrupción judicial y otras medidas para garantizar que la justicia no se estanque indefinidamente.
REUTERS/Erik De Castro
