Los grupos de la sociedad civil y los ciudadanos, en las calles y en línea, exigen seguir teniendo un acceso a Internet sin restricciones.
El gobierno mexicano se encuentra en el proceso de adecuar sus leyes de comunicación en línea con la realidad de la era digital. Se dice que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el presidente Enrique Peña Nieto presentó el 24 de marzo de 2014, es un suplemento muy necesario a las leyes vigentes y está «diseñado para restaurar el equilibrio de poder entre los gigantes en el mercado y los jugadores pequeños«.
La verdad es más complicada. El director ejecutivo de la ONG mexicana Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Omar Rábago, escribió en un blog que la intención de la iniciativa del gobierno de Peña Nieto es la de «seguir favoreciendo a grupos e intereses económicos por encima de sus obligaciones y responsabilidades de respetar y garantizar derechos fundamentales». Se trata de un proyecto de ley que ignora la neutralidad de la red, exige que las empresas de telecomunicaciones retengan los datos de comunicación de usuarios y, según la Electronic Frontier Foundation (EFF), ignora completamente la petición del público de contar con puntos de uso de Internet más accesibles.
Si todo esto suena familiar, es porque México es el último país de América Latina en introducir una nueva ley de comunicación, la cual viene inmediatamente después de las reformas en Argentina, Ecuador y Uruguay.
En cierto modo, es una onda de cambio que se mueve lentamente; los gobiernos recién se están dando cuenta del poder y el potencial de la expresión en la red, tanto como un canal para las críticas de sus ciudadanos como por ser una fuente de información muy valiosa sobre los que les son críticos. Es, sin embargo, una ola que amenaza con acabar con la libertad que tantos han encontrado en lugares que han sido de otra manera notorios por callar a la disidencia.
El 8 de mayo, durante una visita al Senado de México, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, recomendó que los senadores se tomaran el tiempo de consultar con otros países, como Brasil y Uruguay, en el proceso de introducción de este tipo de nueva ley. Señaló que escuchar las opiniones de las personas debe ser una prioridad en el proceso.
En los meses pasados, muchas organizaciones, incluyendo los miembros de IFEX ARTICULO 19, CENCOS, EFF, y Reporteros Sin Fronteras (RSF), han expresado su preocupación frente a esta Ley, pero sus peticiones han caído en oídos sordos.
En las calles de México, se generaron protestas y acciones generalizadas en contra del proyecto de ley. El 26 de abril, la policía debió romper una cadena humana en la Ciudad de México antes de poder unir la residencia del Presidente a las oficinas de Televisa, el segundo mayor conglomerado de medios de comunicación en América Latina, una distancia de 7 km.
Mexicanos en Helsinki, Finlandia, se unen simbólicamente a la #CadenaHumana para #DefenderInternet pic.twitter.com/wBl9n1Eshi vía @ContingenteMX
— Jacobo Nájera (@jacobonajera) May 6, 2014
Los manifestantes en línea también han sido muy activos, creando una serie de etiquetas en Twitter sobre el proyecto de ley: #LeyTelecom, #DefenderInternet, #ContraElSilencioMX, #NoMásPoderAlPoder y #EPNvsInternet, que refieren al Presidente (Enrique Peña Nieto) y sus acciones, percibidas como yendo en contra de Internet. También se crearon campañas en línea, como #InternetLibreMX, una iniciativa que busca defender los derechos humanos en línea, y 1111mex.org que subraya 11 problemas con la ley y propone 11 maneras de tomar medidas.
Hace un mes EPN le declaró la guerra al Internet.
Hoy, un día antes del #DiadeInternet, hacen un festejo. #EPNvsInternet: la amenaza sigue.
— OnceOnce (@1111mx) May 16, 2014
A mediados de abril, las violentas protestas en la ciudad de México llevaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder, a dar un paso atrás en la legislación propuesta. El 22 de abril le quitaron una estipulación que habría obligado a las empresas de telecomunicaciones a suministrar la ubicación geográfica de sus usuarios si así lo solicitaran los servicios de inteligencia. Significó una pequeña victoria para los manifestantes, pero aún quedan muchas más estipulaciones controvertidas del proyecto de ley. Sigue leyendo para aprender acerca de las amenazas que plantea la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión:
Privacidad
Según la EFF, se requerirá que las empresas de telecomunicaciones conserven los datos de usuario hasta por 12 meses, poniendo en peligro el anonimato en línea necesario para los denunciantes y periodistas, y la privacidad general de todos los usuarios de Internet.
Neutralidad de la Red
La idea de la neutralidad de la red – que toda la información en línea debe ser tratada de la misma manera independientemente de su contenido, y que todas las personas, desde cualquier parte del mundo, puedan acceder a todo tipo de contenidos, en cualquier momento, a través de Internet – se vería amenazada en el marco de la nueva ley. Se le permitiría a las compañías de telecomunicaciones ofrecer servicios de diferentes velocidades y calidades, lo que podría crear un sistema escalonado obligando a la gente a pagar más para acceder a determinados tipos de información o sitios. Según ARTICULO 19, esto iría en contra de la Constitución mexicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Protestas y Libertad de Expresión
La Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, por los relatores de libertad de expresión de la ONU, la OEA, la OSCE y la CADH, establece que “La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional”. La Ley de Telecomunicaciones haría precisamente eso, permitiendo que el servicio de Internet se corte en áreas específicas en momentos de agitación política “por razones de seguridad pública y nacional, bajo el pedido de las autoridades competentes”. Según informes, en febrero el acceso a Internet fue cortado al menos en una región específica de Venezuela durante las protestas generalizadas de principios de este año. Esta parte de la ley no sólo permitirá que las comunicaciones sean censuradas si se consideran una amenaza para el orden público, sino que también impediría que las personas puedan organizar manifestaciones a través de las distintas redes.
La siguiente fase del debate sobre el proyecto de ley está programada para junio.
