Chile

El anuncio de la investigación por un tuit como una amenaza a la autoridad en Chile develó que, en la era digital, el poder político no ha abandonado el uso selectivo de la ley contra la ciudadanía.

En Chile sigue vigente la arcáica tipificación. Ahora un periodista puede ir a la cárcel por su trabajo.

Derechos Digitales investiga si la policía chilena podría haber desencriptado mensajes de esta red social.

Un informe sobre la sitaución de Chile y el contexto latinoamericano en cuanto al conflicto entre los intereses que buscan anonimato y los que no.

La detención de ocho comuneros mapuches en Chile plantea nuevamente las preguntas por las capacidades técnicas de vigilancias de la policía y si existen o no contrapesos efectivos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales.

Esta semana, gracias a la labor del periodismo de investigación, la ciudadanía en Chile ha podido tener acceso al contenido del decreto que modifica el reglamento de interceptación de comunicaciones, que hasta el momento se había mantenido en secreto.

Después de una larga y ansiosa espera, pudimos conocer el resultado del recurso de protección interpuesto por Derechos Digitales junto a otras tres organizaciones, en contra de los globos de televigilancia instalados en las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, al oriente de Santiago. Si bien la Corte Suprema estimó que este sistema de vigilancia, único en Chile, podía permanecer operando, reconoce que las cámaras si pueden atentar contra la privacidad de los vecinos y obliga a las municipalidades a tomar medidas destinadas a su protección. Pero ¿son estas medidas suficientes?

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que «sin dudas esta demanda tiene la intención de amedrentar, por cuanto se busca el encarcelamiento de los periodistas, una acción que nos retrotrae a castigos que en Chile se buscaban contra los periodistas en épocas no democráticas.»

«Los diputados chilenos deben optar por la transparencia y votar contra estas ‘leyes mordaza’, que claramente buscan proteger intereses privados y ocultar información comprometedora para el poder actual», señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF.

Paz Peña, directora de asuntos jurídicos de Derechos Digitales, conversa con IFEX sobre los altibajos de su exitosa campaña para conseguir que un tribunal chileno detenga la vigilancia de 24 horas y 360 grados en Santiago.

La falta de estándares técnicos de seguridad de información sensible puede significar que nuestros datos queden expuestos. La falta de herramientas legales para asegurar esos estándares puede resultar en fuertes afectaciones a los derechos fundamentales de sus titulares.

La Corte decretó el cese inmediato de los planes comunales de videovigilancia, argumentando que atentan contra el derecho a la privacidad y la inviolabilidad del hogar.

La Corte de Apelaciones de Santiago ha oído los alegatos de las partes en el recurso de protección interpuesto por tres organizaciones pro derechos humanos en septiembre de este año. ¿La causa? La instalación de sendos globos aerostáticos dotados de potentes cámaras de vigilancia.

La justicia militar de Chile pidió a periodistas y responsables de la redacción del semanario chileno The Clinic que dieran a conocer sus fuentes informativas en un caso de fraude en el que estaban involucrados oficiales del ejército.

Desgraciadamente la tendencia legislativa en Chile y la región parece ir exactamente en la dirección contraria al interés de sus ciudadanos: dotar al Estado de más herramientas de control y vigilancia, en desmedro de la protección de los derechos humanos, también ejercidos en Internet.

En este contexto de compulsión regulatoria, lo que reina no es la ignorancia, sino el miedo.