Costa Rica

El presidente de la SIP instó públicamente a la Justicia a enfrentar el proceso en un «marco de transparencia, diligencia y el debido proceso de ley».

En el caso de la clausura de confidencialidad con la empresa farmacéutica Pfizer, el Gobierno de la República debe insistir. *de forma vehemente* que se exima al país de dicha cláusula, ya que violenta la Constitución Política.

Los límites entre el discurso de odio -no amparado por la libertad de expresión- y los contenidos que pudieran resultar chocantes o perturbadores, que sí lo están, se vuelven difusos y subjetivos.

La investigación de ADC tiene como objeto cuatro naciones de América Latina: Argentina, Brasil, Costa Rica y Panamá. Se analiza de qué manera cada uno de los países seleccionados caracteriza al discurso de odio y cómo lo enfrenta.

No existen proyectos de ley que pongan en el debate público los derechos digitales o que al menos se discuta el impacto de las grandes plataformas de Internet sobre el derecho a la información de las personas.

El IPLEX comparte una serie de consejos para comprobar la veracidad de la información que se comparte.

Según Ignacio Santos, director de «Telenoticias», el noticiero diario de Teletica, el canal tiene un historial de recibir amenazas, que se concentran principalmente en investigaciones periodísticas que él y su equipo han realizado.

Es necesario comprender que esta baja se debió a «algunas prácticas perjudiciales para los medios de comunicación por parte de ciertos políticos en el proceso electoral y a reacciones en contra de la prensa por parte de los afectados con el caso de corrupción llamado el ‘Cementazo’.»

Cuanto más grande el conglomerado de medios, más plata reciben en el país centroamericano, reveló un informe.

Reporteros sin Fronteras pide que una comisión parlamentaria se haga cargo del escándalo provocado por el espionaje que sufrió Diario Extra. La dirección del diario y sus empleados responsabilizan de estas maniobras al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público.

Luego de presentar una demanda a título personal contra un empresario hotelero por aparente difamación, la Presidenta de Costa Rica señaló que un grupo de abogados monitorearán los comentarios en redes sociales en los que se le mencione con la intención de demandar a cualquiera que la difame en Internet.

Una mirada a la situación de la libertad de prensa del anfitrión de las celebraciones del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

El revuelo que causó la promulgación de la muy controvertida ley acerca de los delitos informáticos, obligó al gobierno costarricense a desdecirse en medio del escándalo. El poder ejecutivo se comprometió a no aplicar a los periodistas esta ley.

El CPJ insta a la Asamblea Legislativa a eliminar las disposiciones sobre difamación del Código Penal luego de que la Corte Suprema considerara derogada la pena de arresto prevista en la Ley de Imprenta.