El Salvador

El Gobierno de El Salvador ha dado un plazo de cinco días a Lizárraga, editor del medio digital «El Faro», para que abandone el país centroamericano, ha informado Carlos Dada, fundador de ese prestigioso diario salvadoreño.

Las autoridades salvadoreñas deben anular inmediatamente una resolución judicial que ordena al medio digital independiente «Revista Factum» retirar un artículo de su sitio web, y deben permitir que los medios informen libremente sobre cuestiones de interés público.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, comprometidas con la defensa del estado de derecho, los derechos humanos y la democracia en América Latina, rechazamos enérgicamente las decisiones adoptadas el día 01 de mayo por la Asamblea Legislativa de El Salvador, de remover arbitrariamente de sus cargos a los magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, y de nombrar irregularmente a sus reemplazos, en violación del marco legal constitucional e internacional, y alertamos de un grave riesgo para la preservación del sistema democrático en el país.

Tras el bloqueo de Trump en redes sociales, es posible analizar el contexto en El Salvador y el discurso confrontativo del presidente Bukele, sin perder de vista que cualquier medida de moderación en las plataformas debe guiarse por estándares de derechos humanos.

En enero de 2020, el gobierno salvadoreño presentó su Agenda Digital de País 2020-2030, en un contexto de enfrentamiento entre el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa. Desde su lanzamiento, algunas dudas surgieron sobre la viabilidad de este ambicioso plan.

Las autoridades salvadoreñas deben divulgar todo detalle sobre una supuesta investigación por lavado de activos contra el sitio informativo «El Faro», y cesar el acoso contra los medios independientes.

IFEX-ALC se une a más de 100 organizaciones para denunciar que las medidas del gobierno salvadoreño ante la COVID-19 han propiciado un entorno violento y hostil que dificulta la labor de las defensoras de derechos humanos.

Las autoridades salvadoreñas deben investigar con celeridad y credibilidad la escalada de las amenazas físicas y por Internet contra periodistas de dos medios noticiosos digitales, e implementar medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los periodistas.

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, demandó a La Prensa Gráfica por seis millones de dólares argumentando que fue vinculado falsamente a supuestas irregularidades cometidas por su oficina.

Desde hacía algunos meses Nicolás Humberto García era conductor de un programa en el que daba consejos a la población local para que se protegiera de la violencia, en el que participaban miembros de la Policía Nacional Civil.

El 11 de noviembre fue detenido Andrés Ricardo Ortiz Lara, señalado como el principal responsable de realizar un fraude cibernético en julio pasado contra La Prensa Gráfica de San Salvador.

La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó a la Fiscalía de El Salvador realizar una investigación exhaustiva y rápida ante la denuncia de ataques cibernéticos contra La Prensa Gráfica, delito que se viene repitiendo con mayor frecuencia en los países de la región.

Desde que fue electo, el presidente Sánchez Cerén mantiene relaciones distantes con los periodistas y se muestra poco dispuesto a responder a sus preguntas.

Carlos José Orellana, camarógrafo de 23 años de edad, colaboraba con Canal 99, cadena televisiva local. Se abrió una investigación por el homicidio, pero aún no se ha mencionado nada respecto al móvil del crimen.

Diputados del oficialismo aprobaron reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que constituyen un obstáculo para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública.

Reporteros sin Fronteras une su voz a la de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) para pedir que se investiguen las amenazas de muerte que recibió un equipo del Canal 12 de 2013 en Santa Tecla.