Uruguay

El Juzgado Letrado de Mercedes citó a declarar a los cinco periodistas que integran la agencia de noticias Agesor, que en noviembre de 2013 informaron sobre una denuncia de abuso sexual en un campamento militar.

El ministro del Interior Eduardo Bonomi defiende el criterio de calificar como “reservada” la información de la cartera respecto a compras y licitaciones de armas, pero esta postura no se compadece de los estándares internacionales en materia de acceso a la información.

El senado dio media sanción al proyecto que reforma la ley N° 18.381, de Acceso a la Información Pública. En la sesión la senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky, expresó que la reforma recupera el “equilibrio” que tenía el texto enviado por el Ejecutivo al Parlamento en julio de este año.

Reporteros sin Fronteras celebra que la Cámara de Representantes haya aprobado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el 10 de diciembre de 2013. La organización reafirma su apoyo a esta ley, que considera un modelo para la región.

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información divulgó una Carta Abierta dirigida a los senadores y diputados de Uruguay, manifestando su preocupación por las propuestas de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública N° 18.381 que cuentan, hasta el momento, con media sanción de diputados.

La nueva ley de medios que se está considerando en Uruguay es vista como un paso positivo, no sólo para el fortalecimiento de los medios de comunicación en el país, sino como un modelo para futuras legislaciones en la región.

Reporteros sin Fronteras expresa su apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) –conocida también como Ley de Medios– que empezó a ser examinada en la Cámara de Diputados el 22 de mayo de 2013 y que será debatida en el Senado desde ahora hasta el final del año.

La Sociedad Interamericana de Prensa denunció al gobierno uruguayo y a un canal privado de televisión por un acto de censura previa perpetrado contra el periodista Miguel Nogueira, quien fue recientemente cesado de la emisora estatal Televisión Nacional de Uruguay.

«Cualquiera que sea la pena pronunciada, este proceso marca ya en sí una victoria del derecho y de la memoria,» dice RSF sobre la marcha de la justicia.

Julio Castro, cofundador de la revista semanal «Marcha», desapareció en agosto de 1977 y fue asesinado bajo la dictadura.

A principios de 2011, el periodista fue víctima de amenazas por parte de «Libertad y Concordia», un grupo que apoya a los militares responsables de violaciones de derechos humanos.

Roger Rodríguez escribió un artículo en el que identificó a militares retirados que formaron la organización «Foro de Libertad y Concordia», para defender a sus colegas que están siendo procesados por varias violaciones.

Dichos principios recogen los más altos estándares de libertad de expresión de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las organizaciones que forman la coalición se han embarcado en la tarea de aportar ideas para el debate de una política de comunicación democrática en el marco de la nueva ley.

«Dictámenes de este tipo nos retrotraen a los peores tiempos que tuvo la libertad de prensa en nuestro continente,» dice la SIP.

La FIP saluda la modificación legislativa que elimina en Uruguay el riesgo y castigo en el que podían incurrir los periodistas al informar de determinados personajes, símbolos o asuntos de interés público.