Cuatro periodistas yemeníes y un iraní aguardan a que se ejecute su sentencia: han sido condenados a la pena de muerte. Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia el uso de la pena capital, que aún constituye una amenaza frecuente para los periodistas de algunas regiones del mundo.
Este artículo fue publicado originalmente en rsf.org el 6 de julio de 2020.
Cuatro periodistas yemeníes y un iraní, director de un canal en Telegram, aguardan a que se ejecute su sentencia: han sido condenados a la pena de muerte. Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia el uso de la pena capital, un castigo de otra época, que aún constituye una amenaza frecuente para los periodistas de algunas regiones del mundo.
El 11 de abril de 2020, en Saná, los periodistas yemeníes Abdul Khaleq Amran, Akram Al-Walidi, Hareth Hamed y Tawfiq Al-Mansouri, juzgados por un tribunal hutí por espionaje, fueron condenados a la pena capital. Asimismo, el 30 de junio pasado en Teherán, el opositor iraní Rouhollah Zam, director del canal AmadNews en Telegram, fue condenado a la pena de muerte por “corrupción en la tierra”.
“Es inconcebible que aún en 2020 periodistas sean condenados al más bárbaro y arcaico de los castigos”, señala Christophe Deloire, secretario general de RSF. “Año a año se avanza un poco más hacia la abolición universal de la pena de muerte. La amenaza de ejecución de un periodista por su labor informativa debería quedar relegada a los libros de historia y no formar parte de nuestra actualidad. Los Estados que han abolido esta pena deben movilizarse para que se elimine este castigo de otra época, que constituye el peor obstáculo a la libertad de prensa”.
Con estos casos asciende a nueve el número de periodistas que actualmente están condenados a la pena capital. Las anteriores sentencias a la pena de muerte datan de septiembre de 2017 y fueron dictadas por la Corte Central de Corea del Norte por un motivo irrisorio. Los periodistas surcoreanos Son Hyo-rim y Yang Ji-ho, así como los directores de los dos diarios para los que trabajaban,Kim Jae-ho y Pang Sang-hun, fueron condenados a muerte en rebeldía, sin derecho a apelación, porque publicaron una crítica positiva de la edición coreana del libro North Korea Confidential, que describe la creciente función que desempeña la economía de mercado en la vida cotidiana de Corea del Norte.
Es poco probable que se cumplan las sentencias en estos casos. No obstante, en Irán, uno de los países del mundo donde se llevan a cabo más ejecuciones, este tipo de sentencias constituye una verdadera espada de Damocles para los periodistas. En los últimos veinte años al menos una veintena periodistas, blogueros y periodistas-ciudadanos han sido condenados a la pena capital. La legislación penal islámica en Irán, que se basa en la sharia, contempla la pena de muerte para sancionar numerosos delitos. Soheil Arabi, quien recibió el Premio RSF 2017 por la Libertad de Prensa en la categoría periodista-ciudadano, fue condenado a muerte en 2014 por “insultar al profeta del islam, a los santos imanes chiítas y al Corán”; Adnan Hassanpour, quien trabajaba para el semanario kurdo-iraní Asou (Horizonte), fue condenado en 2007 a la pena capital por “espionaje”; en 2000, Hassan Youssefi Echkevari, dignitario religioso de la publicación mensual Iran-e-Farda, fue condenado a la misma pena por ser un mohareb (un combatiente contra Dios), así como por “actividades subversivas contra la seguridad nacional”, “difamar a las autoridades” y “atentar contra el prestigio del clero”.
Todas estas condenas fueron finalmente conmutadas por largas penas de prisión, e incluso por cadena perpetua. Sin embargo, Irán es el país que ha condenado a muerte a más periodistas en el mundo en los últimos 50 años. Durante la Revolución Islámica de 1979 una veintena de periodistas cercanos al régimen de Shah –como Ali Asgar Amirani, Simon Farzami y Nasrollah Arman– y a la izquierda –como Said Soltanpour y Rahman Hatefi-Monfared–, fueron ejecutados.
Uno de los países vecinos, Irak, se distingue por haber sido el último país que ejecutó a un periodista: hace 30 años, el 15 de marzo de 1990, murió en la horca Farzad Bazoft, periodista británico de origen iraní. Lo condenaron a la pena capital por “espiar para los servicios de inteligencia británicos e israelíes”.
Desde entonces, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de los derechos humanos se han movilizado en múltiples ocasiones para evitar que esto le suceda a otros periodistas y blogueros. En Mauritania, el bloguero Mohamed Cheikh Ould Mohamed Mkhaïtir fue condenado a muerte a finales de 2014 por apostasía, a raíz de un artículo publicacado en Facebook; a finales de 2017 conmutaron su pena por dos años de prisión. En 2004 en Birmania, Zaw Thet Htwe, periodista de deportes, fue condenado a muerte por proporcionar información a la Organización Internacional del Trabajo; más tarde, en la apelación, la Corte Suprema conmutó su pena por tres años de prisión.
La gran movilización en casos emblemáticos –como el del fotógrafo Shawkan, en Egipto, o el de Ahmed Abba, corresponsal de RFI en el extremo norte de Camerún– ha contribuido a impedir que en estos países se condene a muerte a más reporteros. En estos casos, al igual que en el del periodista saudí Ali Al-Omari y el del periodista afgano Ali Mohaqiq Nasab, los fiscales habían pedido la pena de muerte por acusaciones como “actos terroristas” o blasfemia. Al final no se ejecutaron las sentencias dictadas en primera instancia.
En China, uno de los 54 Estados que aún aplican la pena capital y que posee el récord de ser el país en el que más personas son ejecutadas, el último caso de un periodista condenado a muerte en el que se aplicó la sentencia se registró en 1951; fue el de Yin-Chih Jao, corresponsal de la agencia Associated Press, según información de RSF. Sin embargo, las largas penas de cárcel, e incluso a cadena perpetua, dictadas contra periodistas, así como las deplorables condiciones carcelarias y el maltrato en prisión, pueden equivaler a una condena a muerte de hecho. En 2017 Liu Xiaobo, galardonado con el Premio Nobel de la Paz y el Premio a la Libertad de Prensa de RSF, y el bloguero Yang Tongyan murieron en prisión porque no recibieron la atención médica que necesitaban.
En América Latina, donde la mayoría de los países ha abolido (total o parcialmente) la pena de muerte, no se ha registrado ninguna condena a la pena capital en los últimos 50 años. Sin embargo, en algunos países de la región es una constante que el Estado participe directa o indirectamente en las ejecuciones extrajudiciales de periodistas –a través de sicarios, mercenarios o cárteles–, en especial en Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia.
Diversos grupos armados también son responsables de la ejecución de periodistas. Aún permanecen en la memoria las bárbaras decapitaciones de los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff a manos del Estado Islámico (EI), registradas en agosto de 2014 como represalia por la intervención de Estados Unidos en Siria e Irak. En Afganistán, desde 2001 los Talibanes han ejecutado a una decena de periodistas locales o colaboradores de los medios de comunicación. Entre ellos se cuenta el corresponsal de la BBC, Abdul Samad Rohani, asesinado a tiros en 2008, así como Adjmal Nashqbandi, reportero que hacía la labor de traductor y facilitador, y el chofer Sayed Agha; ambos trabajaban para un periodista del diario italiano La Repubblica y fueron degollados.
