Derechos Digitales

La semana pasada concluyó la consulta abierta que busca contribuir al proceso de creación de la anhelada Política Nacional de Inteligencia Artificial en Chile. Sin embargo, la revisión de la propuesta deja importantes interrogantes.

El ejercicio de los derechos fundamentales de las ecuatorianas y ecuatorianos en el siglo XXI depende en gran medida de la oportunidad de controlar el uso de sus datos personales y protegerse de los abusos, vengan de donde vengan.

Es fácil culpar a los ciudadanos y ciudadanas por la rapidez con la que entregamos nuestros datos a cambio de un poco de comodidad. Pero lo cierto es que estamos jugando con cartas marcadas: pretender que sea la ciudadanía quien cargue con el peso de la desigualdad económica y social que implica proteger sus datos.

Derechos Digitales, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y Access Now comparten un análisis actualizado del texto propuesto.

El análisis sobre la forma en que se diseñan y aplican las políticas, y términos de servicio por parte de las plataformas digitales requiere de la consideración de los principios básicos de la gobernanza de internet: los derechos humanos. Así también, de los valores democráticos de sociedades como la nuestra.

Luego del baneo de Trump y de la aplicación Parler, se reactivó el debate relativo a la responsabilidad de las plataformas de internet por los contenidos ilícitos de terceros. Durante la última década, se han elaborado reglas en la región, pero las decisiones las siguen tomando los privados.

Ni conspiranoia ni exageración: la evidencia indica que los mecanismos de control existentes respecto a la interceptación de comunicaciones privadas no son suficientes y que el Ministerio Público no está cumpliendo con el deber de notificación a las afectadas.

Los algoritmos comienzan a tener un rol significativo en los criterios decisionales que articulan la implementación de políticas públicas.