Instituto Prensa y Sociedad

¿Pueden autoridades largamente conocidas por su incompetencia o incluso complicidad en crímenes contra los periodistas instituir medidas legales que produzcan un cambio tangible?

Una iniciativa legal presentada por legisladores oficialistas obliga a sitios y plataformas digitales a bloquear «la difusión de mensajes con contenido discriminador… producidos por los usuarios».

Internet supone un problema para los que quieren tener poder sin ser auditados por la ciudadanía. Si la impunidad y la falta de transparencia es su regla, tanto ciudadanos comunes como periodistas y activistas que utilizan la red para denunciar, transparentar y/o informar, son ahora los enemigos.

El periodista Fernando Raymondi estaba en la tienda de abarrotes de su padre cuando un grupo de delincuentes entró aparentemente a robar. Tras reconocer a uno de ellos, éste le disparó dos veces en el pecho ocasionando su muerte.

Los periodistas Paola Collazos y José Atauje señalaron que existen mafias en la región con mucho poder que incluso alcanza a las autoridades públicas. Sus denuncias periodísticas sobre esta realidad han tenido como consecuencia amenazas de muerte.

El 17 de octubre de 2014 un sicario ingresó a las oficinas de Radio Rumba, en el distrito de Pichanaki, con el objetivo de atentar contra la vida del periodista radial Gerson Fabián Cuba. Producto del forcejeo, la esposa del periodista murió.

El periodista Santos Porras, director del semanario Quién de la ciudad de Huancayo, denunció al IPYS que lo intentaron asesinar tras haber publicado serias denuncias contra el actual presidente regional.

Los síntomas de la censura y autocensura en periodistas y trabajadores de medios privados, estatales, comunitarios, e independientes comienzan a sentirse con mayor regularidad en Venezuela.