El periodista colombiano Nelson Carvajal Carvajal expuso la corrupción local; fue asesinado en 1998 y sus asesinos gozan de impunidad. Los días 22 y 23 de agosto de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó el caso de Carvajal en Costa Rica, "un hito en la lucha contra la impunidad" según la SIP.
Se tiene que hacer justicia. No es cuestión de perseguir a nadie, pues la SIP y nosotros, la familia tenemos derecho a la verdad.
En la noche del 16 de abril de 1998, se agregó el nombre de Nelson Carvajal Carvajal a la larga lista de periodistas colombianos que han sido asesinados por su trabajo y cuyos asesinos permanecen impunes. Un agresor desconocido le disparó siete veces cuando abandonaba Los Pinos, la escuela local de Pitalito, provincia de Huila, donde también trabajaba como maestro.
Carvajal, con 37 años, había sido periodista desde 1986. Fue editor del canal de noticias Noticiero Momento Regional y de los programas de radio Mirador de la Semana y Amanecer en el Campo. También presentaba un programa en Radio Sur de RCN Radio en el municipio de Pitalito.
Carvajal era conocido por su trabajo exponiendo la corrupción local (incluyendo el mal uso de los fondos públicos y el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico). Este tipo de periodismo es un esfuerzo arriesgado en cualquier parte del mundo, pero lo es especialmente en Colombia, donde más de 40 periodistas han sido asesinados desde 1992.
Hoy, debido a todas las fallas de la investigación sobre la muerte de Carvajal y en el procesamiento posterior de tres sospechosos, su familia todavía no sabe la verdad de lo que sucedió.
Poco antes de su muerte -y en su última aparición en la radio- Carvajal había hecho una serie de acusaciones explosivas sobre actos de corrupción de una compañía de construcción local. Después de esto, había sido visitado en su escuela por un grupo de hombres desconocidos; no se sabe de lo que hablaron, pero según testigos, esto afectó visiblemente a Carvajal.
Tres hombres (incluido el promotor inmobiliario cuyo negocio Carvajal había acusado de corrupción) fueron acusados y enjuiciados, pero finalmente fueron absueltos en diciembre de 2000.
Todo el proceso estuvo plagado de irregularidades. El caso pasó por las manos de cuatro fiscales, algunos de los cuales se habrían negado a entrevistar a testigos que se habían presentado. Lo que preocupa aún más es el hecho que se hayan revelado las identidades de más de otros 20 testigos (que habían dado testimonio en secreto), dejándolos vulnerables a la intimidación.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización miembro de IFEX, llevó a cabo su propia investigación sobre las circunstancias que rodearon el asesinato de Carvajal. En 2002, presentó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La SIP argumentó que se habían cometido múltiples violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tanto en el asesinato como en la posterior investigación oficial de la muerte de Carvajal: violaciones del derecho a la vida, derecho a la justicia y derecho a la libertad de expresión.
Pero en los países con altos índices de corrupción, la justicia se mueve lentamente y los familiares de las víctimas a menudo se quedan sin una protección adecuada contra los criminales. Este fue ciertamente el caso de la familia de Carvajal.
En octubre de 2005, el diario colombiano El Tiempo publicó un artículo en el que se decía que la SIP se había reunido con miembros del gobierno colombiano para explorar maneras de hacer justicia en el caso de Carvajal. Esto desencadenó una campaña sistemática de intimidación dirigida a la familia de Carvajal.
En la noche del 25 de octubre de 2005, un desconocido en una moto siguió a Gloria Carvajal (una de las hermanas del periodista) hasta su puerta, le mostró una copia del artículo de El Tiempo y advirtió: «Sigan jodiendo y verán como terminan». En diciembre, la viuda de Carvajal, Estela Bolaños, informó que sus hijas gemelas de doce años habían sido acosadas por hombres no identificados. En abril de 2006, Estela recibió un mensaje que contenía imágenes de una calavera, lápidas (con los nombres de sus hijas) y las palabras: «Sigan investigando y así terminarán». En julio de 2006, Estela recibió otra amenaza de muerte por teléfono. Al mes siguiente, Gloria Carvajal, Estela y sus hijas huyeron de Colombia.
De 2005 a 2009, la SIP continuó buscando una resolución del caso a través de negociaciones con el gobierno colombiano y la CIDH. Sin embargo, estas conversaciones no sirvieron de nada, por lo que la SIP le pidió a la CIDH que enviara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su consideración.
La CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015. El propio informe de la CIDH sobre el caso fue condenatorio. En el mismo se afirmaba que había pruebas suficientes para concluir que Carvajal había sido asesinado «para silenciar su trabajo periodístico revelando actividades ilegales que se llevaban a cabo bajo la protección de las autoridades locales», que había «indicios de que los empleados estatales estaban involucrados en estas actividades ilegales … que no fueron investigadas con la diligencia necesaria», que el Estado no había proporcionado «medidas de protección adecuadas frente a las amenazas recibidas por familiares y testigos», y que esto «había desalentado a la familia de participar en el proceso judicial y obstaculizó el procesamiento del caso».
La CIDH consideró a Colombia responsable de violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Carvajal y su familia y recomendó que se reabriera el caso.
Los días 22 y 23 de agosto de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó el caso de Carvajal en Costa Rica. La SIP y la organización Robert F. Kennedy de Derechos Humanos representaron el caso de Carvajal. Según la SIP, las audiencias fueron un hito en la lucha contra la impunidad.
