A pesar de las promesas del gobierno de una nueva legislación para proteger a los periodistas, los grupos que han estado presionando por la seguridad de los periodistas en Pakistán están preocupados de que el proyecto no aborde la escala, el contexto y la complejidad de la impunidad de los crímenes contra periodistas y trabajadores de los medios.
Ahmed Noorani, un periodista pakistaní, fue emboscado por seis hombres a plena luz del día en una concurrida intersección en la capital, Islamabad, el 27 de octubre de 2017. Sus agresores llegaron en motocicletas con garrotes de hierro y sin placas. Noorani y su conductor sufrieron múltiples lesiones en el ataque.
Colleague Ahmad Noorani beaten up by 6. Hospitalised. Shameful. Threat to journalists hasnt been clearer, more present and more apparent.
— Syed Talat Hussain (@TalatHussain12) October 27, 2017
Colega Ahmad Noorani golpeado por 6. Hospitalizado. Vergonzoso. La amenaza a los periodistas nunca ha sido más clara, más presente y más aparente
«Puedo decir con la seguridad de más de tres décadas de experiencia periodística que los atacantes de Noorani nunca serán encontrados, mucho menos castigados», escribió Abbas Nasir, respetado periodista y ex editor del periódico más antiguo de Pakistán, Dawn, en una columna desde su hogar en España.
La Fundación de Prensa de Pakistán (PPF) ha registrado 73 casos de periodistas o trabajadores de medios asesinados por su trabajo desde 2002. Muchos más han sido amenazados y atacados como Noorani. La base de datos del Comité para la Protección de los Periodistas muestra que al menos 33 periodistas en Pakistán han sido asesinados en represalia por su trabajo desde 1992. Según Media Matters for Democracy (MMfD), solo cinco casos de asesinato han sido llevados a tribunales judiciales y únicamente tres terminaron en convicciones
En Pakistán, los periodistas y los trabajadores de los medios enfrentan amenazas de bandas criminales, grupos políticos, organizaciones militantes y las propias agencias de inteligencia y policía del país. De manera similar a las tendencias en todo el mundo, los ataques a periodistas pueden incluir agresión, asesinato, secuestros, acoso, intimidación y detención ilegal.
Dos días antes del ataque a Noorani, el gobierno actual había anunciado que el primer proyecto de ley para la seguridad y protección de los periodistas en Pakistán sería lanzado «pronto».
Los grupos que han estado presionando por la seguridad de los periodistas en Pakistán están preocupados de que el proyecto de ley no aborde la escala, el contexto y la complejidad de la impunidad de los crímenes contra periodistas y trabajadores de los medios en el país. No han visto la última versión del proyecto de ley, pero han visto borradores anteriores.
Varias promesas similares se hicieron en el pasado, pero los borradores previos que se distribuyeron para consultas con las partes interesadas, no llegaron a abordar de manera efectiva la cuestión de la seguridad o la impunidad, sino que al contrario imponían restricciones significativas a la libertad e independencia de los medios», dijo Owais Aslam Ali, Secretario General de la Fundación de Prensa de Pakistán.
«Los ataques a los periodistas han continuado y aumentado durante los últimos 17 años porque los agresores saben que no habrá consecuencias por estos asesinatos», explicó Asad Baig, Director Ejecutivo de Media Matters for Democracy (MMfD). «El proyecto de ley que el gobierno propone no aborda la causa del problema y lo que ofrece son medidas cosméticas posteriores al hecho».
La escala de la impunidad
Dos semanas antes del ataque a Noorani, el periodista Haroon Khan recibió ocho disparos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. La organización militante Tehreek-e-Taliban Pakistan reivindicó su responsabilidad en un correo electrónico. El Sindicato de Periodistas de Khyber sigue preocupado de que la policía local haya estado desviando la investigación del asesinato a una disputa sobre tierras familiares.
En junio, Bakhshish Ilahi, jefe de la oficina de un periódico urdu, fue asesinado a balazos mientras se dirigía al trabajo. Los miembros de los medios están convencidos de que el ataque estaba relacionado con su trabajo.
El 12 de febrero, Taimoor Abbas, un camarógrafo de Samaa TV, fue asesinado a tiros cuando su equipo llegó a la escena de un ataque contra una estación de policía en Karachi. Los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada contra la furgoneta de transmisión de noticias en vivo de Samaa.
«El asesinato de Taimoor Abbas mientras estaba trabajando pone de relieve los graves riesgos que enfrentan los periodistas paquistaníes al informar sobre los efectos de la violencia política, en particular de los ataques secundarios», dijo el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. «Los periodistas deben tomar máxima precaución al acercarse al sitio de un ataque».
De los 73 periodistas que murieron mientras hacían su trabajo, casi la mitad ocurrieron como resultado de misiones peligrosas o fuego cruzado.
Abusos que no se investigan ni se castigan
El sistema judicial de Pakistán está sobrecargado y débil, los investigadores dependen en gran medida de testigos que no pueden proteger, y la ciencia forense del país está en pañales.
El PPF ha propuesto una legislación que crearía fiscales especiales a nivel federal y provincial y haría que las investigaciones y procesamientos de los crímenes contra los medios fueran rápidos, imparciales e independientes.
MMfD cree que el modelo de un fiscal especial no será efectivo en Pakistán. Han propuesto la formación de un organismo estatutario con jurisdicción sobre crímenes contra los medios de comunicación, independiente de los principales organismos de aplicación de la ley y que esté autorizado para llevar a cabo investigaciones penales rápidas sobre incidentes a través de investigadores especiales.
Es un problema complejo, y cualquier solución tendrá que ser igualmente multifacética.
La complejidad del clima de impunidad en Pakistán
Noorani, el periodista que fue atacado el 25 de octubre, es reportero de The News, un diario líder en inglés, y había estado cubriendo los problemas legales de la familia del primer ministro Nawaz Sharif luego de las filtraciones de los Papeles de Panamá. El caso eventualmente resultó en el derrocamiento de Sharif el 28 de junio.
La información de Noorani sobre el caso recibió críticas por ser demasiado parcial con Sharif; incluso emitió una disculpa y una corrección por un reportaje, y recibió un aviso de desacato al tribunal por otro reportaje que involucraba a la Corte Suprema con los poderosos servicios de inteligencia militar de Pakistán, el ISI, en la investigación.
Después del ataque a Noorani, Nawaz Sharif le pidió al actual primer ministro que investigue y lleve a los responsables ante la justicia. ¿Pero quiénes son? No podemos estar seguros, pero muchos miembros de la comunidad periodística los señalan silenciosamente.
En su columna, Abbas Nasir explicó: «Las cámaras de vigilancia tienen tendencia a funcionar mal siempre que los poderosos responsables de esos excesos le dan una lección a alguna voz disidente. Me sorprendería mucho que, en el momento del ataque, la cámara realmente estuviera funcionando».
Continuó: «Sería una apuesta segura decir que el Estado participó en el ataque al periodista y, no, nunca tendré pruebas, como tampoco lo hice cuando mi buen amigo Saleem Shahzad fue asesinado o cuando Hayatullah fue secuestrado, baleado y arrojado al Fata, y que muchos otros siguieron el mismo camino en las zonas tribales».
Días antes de su ataque, Noorani desactivó su cuenta de Twitter. A pesar de que tenía un récord de presentar múltiples informes cada semana para el periódico, sus artículos de opinión dejaron de aparecer dos semanas antes del ataque. Aparentemente, Noorani se estaba escondiendo, algo a lo que recurrieron otros periodistas que han enfrentado amenazas.
«La impunidad prospera cuando hay falta de apoyo»
El 20 de octubre, la periodista independiente pakistaní Zeenat Shahzadi que había estado desaparecida durante dos años, fue recuperada por las fuerzas de seguridad de Pakistán.
Shahzadi es la primera mujer periodista en Pakistán desaparecida. Unos meses antes de su desaparición en agosto de 2015, las agencias de seguridad de Pakistán la llevaron por la fuerza para interrogarla.
«Si la BBC no hubiera informado sobre su secuestro después de un año, ni siquiera hubiésemos sabido que un compañero periodista había desaparecido. No hubiéramos podido seguir su caso o investigar las circunstancias del mismo. Eso es lo que hace la impunidad. Nos hace indeseados y a menudo invisibles. Hace que el periodismo no tenga espinas», explicó Kiran Nazish, periodista paquistaní autoexiliada y fundadora de la Coalición para las Mujeres en el Periodismo, que tiene como objetivo crear un apoyo global entre pares para las mujeres periodistas.
«Nos quejamos de las crecientes amenazas que enfrentan los periodistas, pero no reconocemos que la falta de una sólida red de apoyo dentro de la comunidad ha fomentado la impunidad», agregó. «Los periodistas son más vulnerables cuando están solos, y las mujeres periodistas en particular ya que el género se usa en contra de ellas en las culturas misóginas. La impunidad prospera cuando hay falta de apoyo «.
Aumenta la autocensura
La investigación del CPJ muestra que la impunidad arraigada fomenta la autocensura, ya que los periodistas huyen al exilio o se quedan callados ante las amenazas y los riesgos inminentes. En 2016, el CPJ no identificó a asesinado en Pakistán debido al trabajo periodístico, una primera vez desde 2001, pero las cosas parecen haber empeorado en 2017.
Raza Rumi explicó que estaba planeando regresar a Pakistán hace unas semanas, cuando descubrió que las autoridades habían etiquetado su página personal de Facebook como «anti-Estatal». «Esto me supera totalmente porque me he permitido caer en la autocensura a pesar de que estoy fuera de Pakistán».
Y agrega, «el espacio para las preguntas y el análisis crítico y la presentación de informes se ha reducido de una manera increíble. Al editar un periódico importante en el país, descubrí que se ha multiplicado la edición de documentos con una línea roja. La mitad de mi tiempo en la producción de Daily Times se pasa verificando si algo no hará correr algún tipo de peligro a mis colegas en el terreo».
Grupos independientes documentan amenazas
Owais Aslam Ali, de PPF, que mantiene la base de datos más grande del país sobre crímenes contra periodistas, cree toda nueva legislación también debería «introducir mecanismos efectivos para monitorear casos de violencia contra los medios».
«De los periodistas que han sido atacados y asesinados, muchos fueron amenazados antes, pero los registros de esas amenazas solo existen en unos 14 casos, hasta 2015», explicó Sadaf Baig de MMfD.
La documentación independiente de las amenazas ha sido un foco importante de la sociedad civil y las organizaciones de noticias que trabajan en Pakistán. En 2015, la Red de Libertad de Pakistán ayudó a establecer los Centros de Seguridad del Club de Prensa de Pakistán en varias ciudades, lo que brinda cierta asistencia a los periodistas en apuros, mientras documenta y monitorea las amenazas. MMfD y PPF también documentan y emiten alertas cada vez que un periodista es atacado.
Además, un grupo de WhatsApp de Editores para la Seguridad ha logrado garantizar que los medios cubran los ataques a los periodistas de manera solidaria.
Prevenir, proteger y enjuiciar
Pakistán ha sido un país piloto para la implementación del Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de Periodistas y la cuestión de la Impunidad desde 2013. Como primer paso, representantes de organizaciones de políticas de medios y grupos de medios formaron la Coalición de Pakistán sobre Seguridad de Medios (PCOMS por su sigla en inglés) y plantearon más de 150 hallazgos y más de 300 recomendaciones. Estos incluyeron la redacción de proyectos de ley y leyes modelo sobre seguridad para periodistas y trabajadores de los medios de comunicación a nivel federal y provincial.
En marzo de 2014, el entonces primer ministro Nawaz Sharif hizo una serie de compromisos ante la una delegación del CPJ. Sus promesas incluyeron el establecimiento de una comisión especial y una fiscalía especial.
En enero de 2015, PCOMS organizó una reunión que contó con una importante asistencia para criticar el proyecto de ley «Ley 2015 sobre la protección de los profesionales del Periodismo». Bob Dietz del CPJ, quien asistió a la reunión, informó que «tener tal respaldo legal podría endurecer la resolución del sistema legal para comenzar a llevar ante la justicia a aquellos en Pakistán que creen que matar a un periodista es una solución para abordar una cobertura mediática que no aprueban.»
El PCOMS ha estado en gran parte inactivo desde entonces, pero a finales de 2016, el gobierno paquistaní comenzó una ronda de consultas con algunos miembros del grupo original y otros grupos de periodistas para un Proyecto de Ley de Bienestar y Seguridad del Periodista. El último borrador del proyecto de ley que se les mostró se centró en proporcionar apoyo monetario a las familias de los periodistas asesinados y no mencionó a los fiscales especiales ni a los investigadores especiales.
La intimidación y el hostigamiento de los medios de comunicación siguen sin respuesta
El ataque de Noorani, aunque no fue mortal, parece ser una táctica de intimidación. «No creo que ninguna nueva ley conduzca a una mayor seguridad hasta que la intimidación y el acoso sean desafiados», dijo Raza Rumi, editor de un periódico paquistaní que vive en exilio autoimpuesto desde hace tres años, cuando atentaron contra su vida.
«Con los ataques a periodistas por elementos del «Estado profundo», la solución no es tener otra ley, sino que se responsabilice a los actores estatales y no estatales. Este nuevo proyecto de ley es una superchería para la falta de respeto de las libertades de los medios por parte del Estado «.
Raza Rumi fue atacado por extremistas religiosos en su camino a casa desde el trabajo en 2014. Sobrevivió al ataque, pero su conductor fue asesinado.
«Quiero volver a Pakistán. […] Pero después de cada ataque, como el de Noorani, temo por mi vida. Y lo que es más importante aún, temo por las consecuencias involuntarias de cualquier cosa que se me haga, como lo que sucedió en 2014, cuando murió mi conductor, un hombre joven e inocente».
El día que atacaron a Raza, este había discutido las polémicas leyes de blasfemia de Pakistán en su programa de televisión. Muchos periodistas consideran que las leyes sobre la blasfemia son una línea roja que no están dispuestos a cruzar.
Al igual que Raza, dieciséis periodistas pakistaníes se vieron obligados a exiliarse desde 2010, según el Comité para la Protección de los Periodistas. «El caso de Rumi, que involucraba a extremistas religiosos, fue trasladado a los tribunales militares de Pakistán.
Nota del editor: Sahar Habib Ghazi es la gerente editorial de Global Voices. También está en el Consejo de MMfD, una organización citada en esta nota.
