Es posible que se sorprenda al saber que las bibliotecas son algunos de nuestros mejores aliados en la defensa del acceso a la información, la privacidad y la libertad intelectual. Pero esto no es nada nuevo, ya que estos derechos han sido siempre fundamentales para lo que representan las bibliotecas.
Como escribió el bloguero, periodista y autor de ciencia ficción Cory Doctorow en un artículo sobre las bibliotecas como campeonas de la privacidad, «Hay una visión intelectualmente perezosa de las bibliotecas que sostiene que se han vuelto irrelevantes por Internet.» Cualquiera que haya visitado recientemente una biblioteca sabe que esto no podría estar más lejos de la verdad. Las bibliotecas no son sólo proveedoras de acceso a Internet, son defensoras de una red segura y sin filtros.
Esta semana se celebra la Semana de la libertad de leer en Canadá y es tu oportunidad de descubrir todas las formas en que las bibliotecas son las inequívocas y subestimadas defensoras de tus derechos. El acceso a la información, la privacidad y la libertad intelectual, todas ellas están siendo defendidas por las bibliotecas y su personal tanto con grandes como con pequeñas acciones.
1. Acceso
Para muchas personas, la biblioteca es el único lugar donde pueden acceder a Internet de forma gratuita. Ese acceso es tan esencial para un estudiante en una comunidad rural remota que hace su tarea, como lo es en una ciudad para un trabajador que haya sido despedido y que se encuentre buscando un trabajo en línea. A medida que los lectores electrónicos se vuelven más frecuentes, las bibliotecas son el primer punto de contacto para descargas de libros electrónicos de forma gratuita. El personal de la biblioteca también diseña y ejecuta programas gratuitos para ayudar a los usuarios a desarrollar su alfabetización digital y de medios sociales.
Pero el acceso no es necesariamente sin restricciones, y las bibliotecas se enfrentan a desafíos cuando se trata del filtrado de contenidos. En los Estados Unidos, bajo la ley de protección de la infancia en Internet (Children’s Internet Protection Act, CIPA), promulgada por el Congreso en 2000, las bibliotecas que reciben asistencia financiera del gobierno en forma de descuentos para el acceso a Internet deben cumplir con normas específicas establecidas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La biblioteca debe tener una política de seguridad en Internet que incluya medidas de protección tecnológica, y la política debe bloquear o filtrar el acceso a imágenes consideradas perjudiciales para menores, tales como la pornografía.
Las intenciones son buenas, pero en algunos casos las bibliotecas están implementando políticas de filtrado excesivas, preocupadas porque si no filtran todos los sitios potencialmente inapropiados, se arriesgan a perder sus fondos.
Hay otros problemas con el filtrado de contenidos. Los programas están automatizados, y no es siempre claro lo que está siendo bloqueado. Como observó Alvin Schrader, miembro del Comité Asesor de la Libertad Intelectual de la Asociación de Bibliotecas de Canadá, en el reporte Freedom to Read Review 2016, a menudo esto ha dado lugar a que la expresión protegida constitucionalmente sea también bloqueada.
Pero las bibliotecas y asociaciones de bibliotecarios se están defendiendo. Organizaciones como la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) han trabajado para aclarar los requisitos de la CIPA. Como escribió Deborah Caldwell-Stone, directora adjunta de la Oficina de la ALA para la Libertad Intelectual: «El reto es cumplir con CIPA y la decisión de la Corte Suprema, y al mismo tiempo con la misión de la biblioteca de proporcionar contenido, no suprimirlo, y aumentar el acceso, no restringirlo.»
En 2014, la Electronic Frontier Foundation (EFF) organizó Día 404: Un día de Acción contra la censura en las bibliotecas, para crear conciencia de los problemas con CIPA y para dar orientación a los bibliotecarios sobre la forma de aplicar correctamente la política.
No podemos hablar de acceso a Internet sin hablar de seguridad digital, un área en que las bibliotecas están luchando para mantenerse al día. Ahí es donde interviene la bibliotecaria Alison Macrina del Proyecto Libertad en la Biblioteca (Library Freedom Project). Su proyecto, beneficiario de una beca de la Fundación Knight News Challenge en 2015, tiene como objetivo enseñar a los bibliotecarios y sus comunidades sobre las «amenazas de la vigilancia, los derechos y leyes de privacidad, y las tecnologías para la protección de la privacidad para ayudar a preservar las libertades digitales.» El proyecto realiza talleres presenciales para los bibliotecarios y les proporciona materiales educativos para que puedan ofrecer sesiones para sus usuarios.
2. Privacidad
Si bien el acceso a la información es algo de lo que uno esperaría que se ocupen las bibliotecas, el hecho de que también se preocupen por el derecho a la privacidad puede ser más sorprendente. En los EE.UU., la Campaña para la Privacidad del Lector se puso en marcha en 2004 para «restaurar las salvaguardias para la privacidad del lector que fueron eliminadas por la Ley Patriota de EE.UU.». En 2013 el grupo, que incluye al Centro PEN Estadounidense y la ALA, emitió un comunicado pidiéndole al Congreso que aprobara una legislación que reincorpore la protección de la privacidad de los registros de préstamo de la biblioteca.
El artículo 215 de la Ley Patriota es preocupante para las bibliotecas, ya que le permite al gobierno pedir registros de la biblioteca a través de órdenes judiciales secretas, sin dar ninguna evidencia de que la persona cuyos registros están siendo solicitados tenga algún vínculo con el terrorismo. También puede impedirle al bibliotecario que le comente a alguien dicha solicitud.
La Ley Patriota no sólo cubre los materiales prestados en las bibliotecas, sino también los historiales de navegación de las personas que acceden a Internet en la biblioteca. Ochenta y cinco ejemplos de bibliotecas a las que se solicitó información de usuarios relacionado con los ataques del 11 de septiembre, fueron reportados por la Universidad de Illinois, en el primer mes de la aprobación de la Ley Patriota.
Para ayudar a sus usuarios, las bibliotecas han publicado advertencias acerca de la posible vigilancia del gobierno, mientras que otras han sido sede de criptofiestas para enseñarle a la gente cómo usar software de privacidad. En su trabajo, Alison Macrina ha animado a las bibliotecas a ser menos cómplices con las exigencias del gobierno, señalando que el poder del gobierno para recopilar información personal también depende de la cantidad que revelemos.
Macrina le dijo a IFEX que, “desde purgar los registros para evitar las solicitudes de información del gobierno, para defenderse contra las autorizaciones de vigilancia excesivamente amplias como la Ley Patriota de los EE.UU., hasta ofrecer clases de privacidad gratuitas para los miembros de la comunidad, las bibliotecas son algunos de los más feroces defensores de nuestras libertades civiles esenciales y a menudo lo hacen sin recibir mucha atención por ello.”
Organizar un nodo Tor es un ejemplo de cómo una biblioteca puede hacer esto. En el verano de 2015, la Biblioteca Pública Kilton de Nueva Hampshire se convirtió en la primera biblioteca en los EE.UU. en albergar un nodo de salida Tor, que forma parte de la red de servidores que permiten a los usuarios «mejorar su privacidad y la seguridad en Internet», disfrazando la proveniencia de una conexión, y permitiéndole a la gente navegar por Internet de forma anónima. A pesar de que no haya nada ilegal sobre el recibimiento de un nodo de salida Tor, las autoridades en busca de la fuente de cierta navegación pueden remontarlo al operador del nodo, en este caso la biblioteca. Dado que las bibliotecas tienen una larga historia de apoyo a la libertad de información, no es de extrañar el hecho de que querrían ser parte del proyecto Tor.
Cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presionó a la biblioteca Kilton para que apagara su nodo Tor, lo hizo brevemente. La biblioteca le pidió al público que comentara sobre su decisión de organizar el nodo, y luego usó el apoyo abrumador de los usuarios de biblioteca y de la comunidad en general para justificar su decisión de restaurarlo. Un comentarista escribió que sentía que las «bibliotecas estaban especialmente calificadas para operar» nodos Tor, mientras que un miembro de la junta de la biblioteca dijo que apagarlo podría poner en duda «nuestra misión como un proveedor de acceso gratuito a la información sin temor a represalias».
En la semana después de que la historia del encuentro de la biblioteca Kilton con el DHS se hiciera pública, al menos una docena de bibliotecas en los EE.UU. expresaron su interés en alojar nodos. Apoyar esto se ha convertido en una de las últimas tareas asumidas por el proyecto Libertad en la Biblioteca.
3. Libertad intelectual
Una de las formas más visibles en que las bibliotecas son héroes de la libertad de expresión es en la defensa de sus materiales.
Cada año, el Comité Asesor de Libertad Intelectual de la Asociación Canadiense de Bibliotecas (CLA) publica la Encuesta de los Desafíos a los Recursos y Políticas en las Bibliotecas Canadienses. Las Bibliotecas toman cada desafío muy en serio. Tienen que ponderar los puntos de vista del demandante contra el derecho a la libertad de expresión y el derecho del público a saber. El resumen de la CLA de la encuesta de 2014 señaló que «Cada desafío al contenido expresivo de materiales de la biblioteca se ve en el marco del mandato establecido de la biblioteca» y políticas de la biblioteca sobre la libertad intelectual y el acceso.
El personal de la biblioteca también utiliza los retos como oportunidades de enseñanza. Como Alvin Schrader le dijo a IFEX, «Cuando se impugnan materiales de la colección de la biblioteca, el personal explica y enseña la importancia de proteger el derecho de toda persona a tener esos materiales disponibles y poder reflexionar acerca de los pensamientos y las opiniones que ellos contienen.»
La encuesta de la CLA de 2014 reveló que sólo el 3% de los materiales impugnados terminó siendo retirado de la colección, mientras que el 43% fueron retenidos y el 26% fueron reubicados o reclasificados.
En un caso notable, el libro para niños Battle Bunny de Jon Scieszka – que fue, por cierto, el primer Embajador Nacional de EE.UU. para la Literatura Juvenil, designado por el Bibliotecario del Congreso en los años 2008 y 2009, fue impugnado. Una biblioteca pública en la provincia de Quebec recibió una solicitud para que se prohibiera sobre la base de que era para una edad inapropiada, además de ser violento y no humorístico. Después de una cuidadosa revisión, la biblioteca decidió mantener Battle Bunny en su colección.
Debido a que las bibliotecas son también partidarias de la transparencia, se pueden encontrar muchos más ejemplos de materiales de biblioteca impugnados en los exámenes anuales de las instituciones y organizaciones tales como la Biblioteca Pública de Toronto y de la Asociación Americana de Bibliotecas, que realiza anualmente la Semana de Libros Prohibidos en septiembre.
Cuando se le preguntó de qué manera las bibliotecas son subestimadas como defensoras de la libertad de expresión, Martyn Wade, de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) le dijo a IFEX, «Las bibliotecas se basan en el principio de permitir que todos se beneficien y disfruten de la libertad del acceso al conocimiento y la libertad de expresión en un entorno físico y digital seguro y confidencial.»
En resumen, en el marco de la defensa de la libertad de expresión y el derecho a acceder a la información sin temor a represalias, las bibliotecas no se encuentran en los estantes traseros, acumulando polvo, sino que están al frente y centro de dicha defensa. Estos derechos son fundamentales para lo que estas dignas instituciones siempre han defendido y siguen defendiendo diariamente.
«El reto es cumplir con CIPA y la decisión de la Corte Suprema, y al mismo tiempo con la misión de la biblioteca de proporcionar contenido, no suprimirlo, y aumentar el acceso, no restringirlo.»
Deborah Caldwell-Stone, directora adjunta de la Oficina de la ALA para la Libertad Intelectual
«El artículo 215 de la Ley Patriota es preocupante para las bibliotecas, ya que le permite al gobierno pedir registros de la biblioteca a través de órdenes judiciales secretas, sin dar ninguna evidencia de que la persona cuyos registros están siendo solicitados tiene algún vínculo con el terrorismo.»