En esta edición anual de su análisis global, el CPJ constató que, como mínimo, 274 periodistas se encontraban presos por causa de su trabajo informativo al 1 de diciembre de 2020. China fue el país con la mayor cifra de periodistas presos por segundo año consecutivo. A continuación le siguió Turquía, Egipto y Arabia Saudita.
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 15 de diciembre de 2020.
La cifra de periodistas encarcelados a escala mundial por causa de su labor informativa alcanzó nuevas cotas en 2020, conforme los Gobiernos reprimieron la cobertura informativa de la COVID-19 o intentaron limitar la difusión de noticias sobre la convulsión política. Los regímenes autoritarios volvieron a ampararse en el discurso anti prensa del Gobierno de Estados Unidos. Un informe especial del CPJ elaborado por Elana Beiser
Una cifra récord de periodistas fueron encarcelados a escala mundial por su labor informativa en 2020, conforme Gobiernos autoritarios arrestaron a muchos periodistas que cubrían la pandemia de la COVID-19 o la inestabilidad política. A raíz de la pandemia, los Gobiernos postergaron juicios, restringieron visitas a las prisiones e hicieron caso omiso al aumento del riesgo para la salud en las cárceles; como mínimo, dos periodistas murieron después de contraer la enfermedad en prisión.
En esta edición anual de su análisis global, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) constató que, como mínimo, 274 periodistas se encontraban presos por causa de su trabajo informativo al 1 de diciembre de 2020, lo cual supera la cifra récord de 272 alcanzada en 2016. China, cuyo Gobierno arrestó a varios periodistas por su cobertura de la pandemia, fue el país con la mayor cifra de periodistas presos por segundo año consecutivo. A continuación le siguió Turquía, cuyo Gobierno continúa enjuiciando a periodistas que están en libertad condicional y sigue arrestando a otros; Egipto, cuyas autoridades llegaron a extremos con tal de mantener encerrados a periodistas que no estaban acusados de cometer ningún delito; y Arabia Saudita. Otros países donde la cifra de periodistas presos ascendió significativamente fueron Belarús, donde la impugnada reelección de su presidente, instalado en el poder por tanto tiempo, desató protestas masivas; y Etiopía, donde la inestabilidad política degeneró en conflicto armado.
Este año es el quinto año consecutivo que Gobiernos represivos han encarcelado a 250 periodistas como mínimo. La ausencia de liderazgo mundial en la promoción de valores democráticos -en particular por parte de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha denigrado infatigablemente a la prensa y se ha congraciado con dictadores como el presidente egipcio Abdelfattah el-Sisi- ha perpetuado la crisis. Conforme los regímenes autoritarios sacaban partido del discurso de Trump contra las “fake news” (noticias falsas) para justificar sus actos, en particular en Egipto, la cifra de periodistas encarcelados por el delito de “noticias falsas” ha aumentado gradualmente. Este año, 34 periodistas fueron encarcelados por el delito de “noticias falsas”, en comparación con 31 en 2019.
En Estados Unidos no había periodistas encarcelados al momento de divulgar la relación de periodistas presos del CPJ, pero una inédita cifra de 110 periodistas fueron arrestados o procesados penalmente en 2020, y unos 300 resultaron agredidos, la mayoría por las fuerzas de seguridad, según el U.S. Press Freedom Tracker. Como mínimo 12 periodistas siguen enfrentando cargos penales, algunos de los cuales se sancionan con penas de cárcel. Observadores declararon al CPJ que factores como la polarización del clima político, la militarización de las fuerzas de seguridad y los insultos contra los medios se combinaron durante una ola de protestas para erradicar normas que otrora les otorgaban protección policial a los periodistas.
El CPJ ha publicado recomendaciones dirigidas al Gobierno entrante del presidente electo Joe Biden para que restablezca el liderazgo de Estados Unidos en materia de libertad de prensa a escala mundial, lo cual contempla garantizar la rendición de cuentas por los ataques contra periodistas en Estados Unidos, al igual que ordenar a los diplomáticos destacados en el extranjero a asistir a los juicios de periodistas y pronunciarse en defensa de los medios independientes. El CPJ constató que la falta de confianza en los medios existente en Estados Unidos ha sido particularmente peligrosa durante la pandemia mundial.
En China, muchos de los 47 periodistas presos cumplen largas sentencias, o están encarcelados en la provincia de Xinjiang sin que se haya divulgado de qué los acusan las autoridades. No obstante, cuando a principios de año el coronavirus devastaba la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, las autoridades arrestaron a varios periodistas por difundir informaciones que amenazaban el relato oficial sobre la respuesta de Pekín. Entre los tres periodistas que seguían encarcelados al 1 de diciembre, se encuentra la videógrafa independiente Zhang Zhan, quien comenzó a publicar noticias desde Wuhan por Twitter y YouTube a principios de febrero y fue arrestada el 14 de mayo. Sus videos contienen entrevistas con propietarios de negocios y trabajadores locales sobre los efectos de la pandemia de la COVID-19 y la respuesta gubernamental.
Zhang Zhan se suma a decenas de periodistas que figuran en la relación mundial del CPJ y que se apoyaban en gran medida en las redes sociales, plataformas a las cuales los periodistas particularmente recurren cuando todos los demás medios son objeto de férrea censura o son controlados por el Estado. Es probable que sus videos sigan al alcance del público mundial, porque son alojados por empresas que están fuera de China. Sin embargo, el CPJ halló que contenido similar, producido por otros periodistas que posteriormente fueron encarcelados, había sido retirado por razones que no estaban claras, lo cual obstaculizaba las investigaciones y subrayaba las preocupaciones de larga data sobre la transparencia de los gigantes de la tecnología globales como Google, Twitter y Facebook.
También en China, las disputas diplomáticas parecieron incrementar el riesgo para los medios extranjeros, en un año cuando más de una decena de periodistas que trabajaban para publicaciones estadounidenses en China continental fueron expulsados. La ciudadana australiana Cheng Lei, presentadora de noticias sobre finanzas del canal estatal China Global Television Network, fue arrestada en agosto por presuntamente poner en peligro la seguridad nacional, en medio de tensiones entre China y Australia, con lo cual se convirtió en el segundo periodista australiano en prisión, junto con el bloguero Yang Hengjun, quien ha estado detenido desde enero de 2019 y ha sido acusado de espionaje.
Por su parte, las autoridades egipcias han intensificado la oleada de arrestos, acusaciones y prórrogas indefinidas de la prisión preventiva, con lo cual la cifra de periodistas encarcelados ha ascendido a 27, e igualó la cifra récord anterior, que databa de 2016. Solamente en el mes de noviembre, los fiscales añadieron nuevos cargos de terrorismo al fotógrafo Sayed Abd Ellah y al bloguero Mohamed “Oxygen” Ibrahim para eludir una orden judicial que les había concedido libertad. Desde abril de 2019, las autoridades egipcias han empleado tácticas similares para prolongar las detenciones de, como mínimo, otros ocho periodistas, conforme lo ha documentado el CPJ.
Este año, la oleada represiva en Egipto aparentemente se produjo a veces de la mano de la pandemia, y a veces a pesar de ella; y en un caso las acciones de las autoridades tuvieron consecuencias fatales. Como mínimo tres periodistas fueron arrestados por causa de su trabajo informativo sobre la COVID-19, como criticar la falta de cobertura noticiosa de los medios estatales a los médicos y las enfermeras que contrajeron la enfermedad. El Ministerio del Interior prohibió las visitas, inclusive de familiares y abogados, a las prisiones desde principios de marzo hasta mediados de agosto, poniendo de argumento el virus.
Y, no obstante, agentes de la Seguridad del Estado egipcia arrestaron a Sayed Shehta el 30 de agosto en su vivienda en Giza, donde estaba en una auto cuarentena tras ser diagnosticado con COVID-19. El periodista se desmayó en la estación de policía y luego fue trasladado al hospital, donde lo esposaron a una cama en la unidad de cuidados intensivos. Por su parte, Mohamed Monir sufrió un peor destino. El veterano periodista fue arrestado el 15 de junio y acusado de pertenecer a un grupo terrorista, difundir noticias falsas y utilizar indebidamente las redes sociales, después de haber criticado al Gobierno por su gestión de la pandemia de la COVID-19, por ejemplo en una entrevista difundida el 26 de mayo y en una columna publicada el 14 de junio en el sitio web de Al-Jazeera. Monir se enfermó cuando estaba en la prisión de Tora, en El Cairo, fue liberado el 2 de julio y falleció el 13 de julio en un hospital de Giza por complicaciones de la COVID-19.
Agentes policiales detienen a una periodista durante un acto opositor en protesta contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, en Minsk, Belarús, el 26 de septiembre de 2020, Natalia Fedosenko/TASS via Getty Images
En todo el mundo, como mínimo otro periodista murió al contraer el virus en prisión. El periodista hondureño David Romero -director de Radio Globo y Globo TV– , quien cumplía una pena de 10 años de cárcel por difamar a una ex fiscal, falleció el 18 de julio. Romero contrajo COVID-19 cuando estaba preso en una penitenciaría en Támara, cerca de la capital, Tegucigalpa. El riesgo de contagio con el virus en prisión motivó que el CPJ se sumara a otras 190 organizaciones en la campaña #FreeThePress para urgir a los líderes del mundo a liberar a todos los periodistas encarcelados por su labor informativa.
El periodista Azimjon Askarov, ganador del Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ, también murió en prisión en 2020, pese a las campañas de muchos años llevadas a cabo por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el CPJ y otras organizaciones defensoras para que las autoridades de Kirguistán lo liberaran. Askarov había recibido cadena perpetua por acusaciones inventadas, en represalia por sus denuncias de abusos policiales. La esposa del periodista, Khadicha Askarova, declaró al CPJ que Askarov no podía caminar y que había tenido fiebre durante semanas antes de morir, y que ella sospechaba que el periodista había contraído COVID-19, pero que la Dirección de la prisión no le había realizado ninguna prueba.
En otros países de Europa y Asia central, los periodistas quedaron atrapados en el convulso panorama: en Belarús el presidente Aleksandr Lukashenko se declaró triunfador para ejercer su sexto mandato en unas elecciones generalmente consideradas fraudulentas, lo cual desató masivas protestas. Las autoridades arrestaron a decenas de periodistas, y sentenciaron a muchos a multas, detención administrativa y encierros de una a dos semanas en la cárcel, pero algunos enfrentan acusaciones más graves. Al 1 de diciembre, como mínimo 10 periodistas estaban presos en Belarús; fueron los primeros en aparecer en la relación de periodistas encarcelados del CPJ desde 2014 en ese país.
