Defender derechos tán básicos como la orientación sexual es un pecado mortal en Honduras. Así lo demuestran la ola de asesinatos y ataques contra activistas de ese país.
«Porque el diseno de mi vida es creer que puedo lograr lo imposible.»
Defender derechos tán básicos como la orientación sexual es un pecado mortal en Honduras. Así lo demuestran la ola de asesinatos y ataques contra activistas de ese país.
Una de las víctimas más recientes fue Sherlyn Montoya, defensora trans de derechos de las personas LGBTI, quien fuera asesinada el 4 de abril de 2017 en los alrededores de Tegucigalpa, la capital hondureña.
Sherlyn fue torturada antes de morir. Montoya pertenecía hace años a la Asociación LGBTI Arcoíris, y dentro de la misma integraba el colectivo Muñecas Arcoiris, especializados en la defensa de los derechos de este colectivo en un país donde se los persigue, discrimina y ataca constantemente, y donde además, las investigaciones casi nunca terminan con un culpable tras las rejas.
«Ella era una joven sin vicios, no conocía un comportamiento malo sobre ella. Residía en las colonias más peligrosas de Tegucigalpa y acompañaba todo proceso de emancipación de los colectivos LGBTI. Ella le apostaba en la defensoría de los derechos y era un chica que apoyaba a la mayoría de jóvenes transformistas», dijo a IFEX Osman Carcamo, Relacionador Público de la Asociación LGBTI Arcoiris de Honduras.
El crimen de Montoya fue duramente criticado a nivel nacional e internacional. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos condenaron y repudiaron este «nuevo crimen de odio contra una defensora de los derechos de las comunidades LGTTBI» y le exigieron al Estado hondureño, una investigación «exhaustiva, rigurosa y libre de prejuicios que garantice que no quede en la impunidad; así como que adopte las medidas necesarias para combatir el discurso del odio, intolerancia y discriminación que subyace a la grave situación de riesgo que enfrentan las personas integrantes de los colectivos LGTTBI».
«La situación de la comunidad LGBTI en Honduras cada vez se ve en condiciones de mayor vulnerabilidad a razón los impresionantes niveles de impunidad y la indiferencia gubernamental. Esto solo nos refleja claramente una política de opresión y represión generada desde el gobierno mismo. Lo que contribuye claramente a una apología del odio por razón de la orientación sexual e identidad y expresión de género, hacia la comunidad LGBTI, odio que se traduce en los altos niveles de violencia», señaló a su vez el colectivo Arcoíris.
Cárcamo explicó que «más del 98% de los crímenes cometidos hacia la comunidad LGBTI quedan en la impunidad». Según datos de esta organización y la Fiscalía de la República, desde el año 1994 a 2016 se han reportado 263 casos de los cuales no más de 47 han sido judicializados.
Estos hechos se dan dentro de un contexto de violencia extrema en el país que atenta contra los medios, los periodistas o activistas. Los ataques se suceden y la preocupación se extiende entre las organizaciones locales e internacionales, que no ven una salida a este círculo vicioso de violencia y coerción a la libertad de expresarse.
