La editora para las Américas de IFEX proporciona información de contexto para entender los desarrollos claves en relación con la libertad de expresión e información observados en América Latina y el Caribe en la primera mitad de 2021.
Temas: Derecho a la información; seguridad y justicia; espacio cívico; expresión en línea; diversidad, equidad e inclusión.
Descripción general
Si bien la región avanza, aunque lentamente, en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y deja entrever un «regreso a la normalidad», se vislumbran crisis económicas y políticas en el horizonte.
Esta región ha visto un declive en su progreso histórico hacia el reconocimiento del derecho a la información, a pesar de un importante tratado regional nuevo en el área. La escasez de información creíble en relación con temas críticos, incluida la lucha contra el COVID-19, contrasta con la abundancia de desinformación e información errónea que ha sumergido a la región, no solo en relación con la enfermedad y su tratamiento, sino también sobre temas políticos más amplios, en particular en relación a los procesos electorales.
La insatisfacción relacionada con el desempeño de los gobiernos en la lucha contra la pandemia, así como con los problemas estructurales de larga data que precedieron al COVID-19, está comenzando a reavivar las protestas en toda la región, protestas que habían sido pausadas por el surgimiento de la crisis sanitaria a principios de 2020. La violencia desplegada por las fuerzas policiales contra los manifestantes también se ha observado contra los medios de comunicación que cubren estos hechos.
Esta violencia también tiene lugar fuera del contexto de las manifestaciones públicas. El discurso estigmatizante y los ataques verbales contra la prensa provienen cada vez más de altos funcionarios públicos de diferentes países. Al menos cuatro periodistas han sido asesinados desde enero de 2021. Si bien la impunidad en los casos de violencia contra periodistas ha sido una característica constante de la región, tres casos mostraron avances importantes durante el período, lo que brinda cierta esperanza de que los sistemas legales nacionales y regionales generarán la rendición de cuentas y proporcionarán reparación a las víctimas y a sus familias.
El espacio cívico da señales de querer cerrarse en varios países. Cabe destacar un par de áreas en crisis que ameritan ser observadas, áreas donde las instituciones democráticas parecen estar en una amenaza directa e inminente.
La pandemia de COVID fomentó y aceleró la digitalización de diferentes aspectos de nuestras vidas. Los grupos de la sociedad civil en América Latina han estado trabajando para garantizar que el uso más extenso de aplicaciones para enfrentar los desafíos impuestos por la pandemia no impacte negativamente los derechos humanos de los usuarios. Esto incluye la protección de la privacidad y los datos personales.
Garantizar el derecho a la información
En 2002, México y Panamá aprobaron las primeras leyes de derecho a la información en América Latina. Desde entonces la región ha experimentado muchos avances, no solo en relación con la cantidad de países que han adoptado legislación específica en esta área (23 en América Latina y el Caribe), sino también en la construcción de un sólido cuerpo de jurisprudencia nacional, así como normas legales y jurisprudenciales regionales. Uno de los últimos avances en el contexto de la OEA (Organización de los Estados Americanos) fue el lanzamiento de la propuesta de Ley modelo sobre acceso a la información pública actualizado en 2020.
En febrero de 2021, el Ministro de Justicia de Bolivia presentó un anteproyecto de ley de Acceso a la Información Pública que actualmente está siendo revisado por el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción. Bolivia, junto con Venezuela, es uno de los dos últimos países sin una ley nacional de libertad de información en América Latina.
El 22 de abril de 2021 entró en vigor un nuevo tratado regional sobre acceso a la información ambiental, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. Este es el único acuerdo vinculante que surge de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). Se basa en el Principio 10 de la Declaración de Río, que estableció los llamados «derechos de acceso», que se refieren al acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.
Escazú es el primer acuerdo ambiental regional de América Latina y el Caribe, y el primero del mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en materia ambiental.
El informe sobre el estado de los bosques en el mundo indica que hay «8 millones de personas que dependen de los bosques en América Latina, lo que representa alrededor del 82 por ciento de la pobreza extrema rural de la región».
Muchas de estas comunidades se han movilizado para proteger su tierra y el medio ambiente. Pero ser un defensor del medio ambiente es una actividad riesgosa en la región. En 2018, la mitad de los ambientalistas asesinados en el mundo fueron asesinados en América Latina. De hecho, los asesinatos, la intimidación y los ataques contra los defensores del medio ambiente se han vuelto cada vez más comunes, pues muchas veces son delitos que no se investigan adecuadamente y los perpetradores rara vez comparecen ante la justicia. El Acuerdo de Escazú requiere que los Estados prevengan e investiguen ataques contra quienes protegen y defienden los derechos ambientales. El acuerdo reconoce la trascendencia del trabajo que realizan los defensores del medio ambiente y obliga a los Estados a establecer pautas sobre las medidas adecuadas y efectivas para garantizar su seguridad.
Los expertos de la región esperan que el acuerdo también proporcione herramientas importantes para recuperar información y datos críticos que respaldarán el trabajo de dichos defensores y otros actores de la sociedad civil para movilizarse y tomar medidas en áreas como el cambio climático, la deforestación y la biodiversidad. El acuerdo prevé, por ejemplo, la puesta en marcha de sistemas actualizados que permitan a los ciudadanos encontrar más fácilmente documentos como informes gubernamentales, listas de áreas contaminadas y el texto de leyes y reglamentos ambientales. También requiere que los países publiquen resúmenes no técnicos de proyectos ambientales para hacer esta información más accesible.
Si bien el nuevo acuerdo ha sido acogido y celebrado, muchos temen que sea otro «compromiso que quede solo en papel». Se necesita voluntad política para asegurar su implementación real y pasar de las palabras a la realidad sobre el terreno.
Esta es una preocupación que los expertos han planteado en relación con todos los estándares legales de libertad de información en la región. “La implementación no es un proceso sencillo”, afirma un informe reciente de Alianza Regional para la Libertad de Expresión. Según Alianza Regional (una red de ONGs que operan en temas de libertad de expresión e información), los últimos años han “mostrado retrocesos, como el desmantelamiento por parte del régimen del acceso a la información en Nicaragua; la aprobación de legislación en conflicto directo con el acceso a la información, que es el caso de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos en Honduras; o simplemente cambios de gobierno que conducen a una mayor opacidad y menor compromiso con el derecho a la información, como sucedió en Brasil, El Salvador y México”. Países como Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Uruguay enfrentan actualmente desafíos significativos pero variados, mientras que Costa Rica aún se encuentra en proceso de adopción de una Ley de Acceso a la Información, aunque cuenta con un marco regulatorio que permite el ejercicio del derecho a la información.
Desde el inicio de la pandemia mundial en 2020, las organizaciones regionales han señalado una disminución de los niveles de transparencia en relación con la información relacionada con la salud, incluso en relación con los datos epidemiológicos, dosis de vacunas y calendarios de vacunación, disponibilidad de camas hospitalarias, inversiones en la expansión de la información pública, las instalaciones sanitarias y la situación general del personal médico.
En Brasil, según una encuesta realizada en mayo de 2021 por Abraji con periodistas de todo el país, la mayoría de los encuestados informaron que las dificultades para acceder a la información pública habían aumentado con la pandemia. La pandemia también ha sido utilizada como justificación por los organismos públicos, fue incluso la justificación más común, para negar y demorar las respuestas a las solicitudes de información durante el año pasado.
Otro estudio publicado en mayo por Artigo 19 Brasil informa sobre una circulación significativa de información contradictoria proveniente de las autoridades públicas sobre la pandemia, incluidas algunas que se consideran intencionalmente falsas o engañosas, junto con importantes lagunas en la información que sería crucial para la salud de la población.
La falta de datos adecuados sobre la extensión de la pandemia es particularmente grave en relación con los pueblos indígenas. En Brasil, ante esta brecha de información y las deficientes estrategias de comunicación de las autoridades encargadas de sensibilizar a los grupos indígenas sobre la importancia de las medidas de vacunación y prevención, los líderes y comunidades indígenas se movilizaron y organizaron la campaña #VacinaParente (‘parente’, que significa ‘pariente’ en portugués, es utilizado por los pueblos indígenas para referirse a otros grupos e individuos indígenas). Otra iniciativa, una alianza de estaciones de radio regionales, respaldada por la red de investigación peruana OjoPúblico, ha lanzado un esfuerzo sin precedentes para combatir la desinformación relacionada con COVID en lenguas indígenas para las personas que viven en las regiones andina y amazónica.
Otros ejemplos de campañas y proyectos de comunicación impulsados por la comunidad se vieron en muchas comunidades de escasos recursos. Estos fueron cruciales para proporcionar información curada y dirigida a sus audiencias para abordar las barreras específicas que experimentan los grupos vulnerables para aprender más sobre COVID-19, así como para proporcionar un discurso y contenido contra la desinformación relacionada con la salud.
Integridad de la información
Según la UNESCO, la falta de confianza en los gobiernos está generando desinformación sobre COVID-19 en América Latina.
Pero además de (o junto con) los problemas de integridad de la información relacionados con COVID-19, la desinformación también ha sido considerable en el período previo a las elecciones en diferentes países. El uso de bots, en particular, ha sido adoptado por numerosas campañas políticas en la lucha por la opinión pública en el espacio digital.
Ese fue el caso de Venezuela. En diciembre de 2020, la desinformación sobre cuestiones electorales y el proceso electoral mismo circuló ampliamente, incluso por organismos gubernamentales. El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, aseguró a través de Twitter que las elecciones estaban siendo supervisadas por observadores internacionales, incluso provenientes de los Estados Unidos, información que fue desmentida por la misión estadounidense ante la OEA.
En México, las noticias falsas sobre candidatos, partidos e instituciones circularon abundantemente en las redes sociales antes de las elecciones. Según los investigadores, la falta de propuestas concretas provenientes de los candidatos, combinada con un aumento de la manipulación y las noticias falsas, además del vacío de un debate político real en profundidad abrió un espacio para la difusión de desinformación sobre los candidatos y el proceso electoral. Los expertos señalaron un sistema complejo desplegado en campañas de desinformación: cuatro actores principales orquestan las estrategias en las redes: los “maestros de ceremonia”, que introducen la narrativa; las cuentas automatizadas (o bots), que la amplifican; los «trolls», que atacan objetivos específicos; y los «fans», gente corriente que marca las tendencias al replicar el contenido sin pensar.
En las elecciones peruanas, realizadas en el mes de junio, circuló desinformación tanto en línea como fuera de línea en relación con los procedimientos electorales. Gran parte de esta información, como se ha visto en otros países, intenta minar la confianza en las autoridades electorales. Además de la información falsa, se manipuló información real con fines políticos. Un ejemplo fueron las noticias que se referían al registro de votantes, indicando que las listas oficiales incluían nombres de personas fallecidas, pero omitiendo información sobre el momento y procedimiento para corregir y finalizar las listas de votantes antes de las elecciones.
En enero de 2021 y en respuesta a problemas de integridad de la información, se creó una nueva red de verificación de hechos en Perú para combatir la información falsa durante la campaña electoral. La iniciativa se denominó Ama Llulla («no mientas» en quechua).Su objetivo era tanto proporcionar traducciones de información verificada en lenguas indígenas como derribar barreras que impedían la participación política de grupos vulnerables.
Más allá del COVID-19 y las elecciones vimos desinformación en América Latina en relación con otros eventos, como las manifestaciones en Colombia. Fuentes locales informaron que cientos de videos, grabaciones de audio e imágenes circulaban en línea sobre el Paro Nacional, muchos con mentiras o información sacada de contexto, impactando significativamente la narrativa sobre lo que realmente estaba sucediendo en las calles.
Manifestaciones callejeras
En la mayoría de los países de las Américas las protestas públicas se detuvieron a principios o mediados de 2020, probablemente debido a las restricciones impuestas para frenar las infecciones por COVID-19. Una excepción notable fueron las manifestaciones iniciadas en los EEUU por el asesinato de George Floyd en mayo de 2020.
En 2021 la gente volvió a salir a las calles en toda América Latina y el Caribe. En enero la ira por la insuficiencia de recursos de los hospitales, la subinversión en vacunas, una respuesta gubernamental ineficaz, la desinformación y el negacionismo difundidos por el presidente Bolsonaro, llevaron a manifestaciones en diferentes regiones de Brasil. En febrero estallaron protestas en Haití, alimentadas por preocupaciones sobre el atrincheramiento del gobierno de Moïse, la falta de elecciones, la corrupción sistémica y el deterioro económico. En marzo tres ministros renunciaron en Paraguay luego de protestas que denunciaban corrupción en el sistema de salud pública y una respuesta ineficaz a la pandemia de coronavirus. También en marzo, se iniciaron manifestaciones en Bolivia por la detención de la ex presidenta interina Jeanine Añez y otros líderes de la oposición política acusados de cometer delitos relacionados con lo que el actual gobierno alega fue un golpe.
Pero las protestas más masivas y sostenidas tuvieron lugar en Colombia, a partir del mes de abril. El «Paro Nacional», como se le llamó, comenzó después de que el gobierno presentara una propuesta para aumentar las tasas impositivas y eliminar las exenciones. Esto provocó un llamado a protestas y huelgas de los principales sindicatos del país. Detrás de las manifestaciones, sin embargo, había frustraciones mucho más profundas por una inseguridad económica constante, una situación de seguridad en declive y una desigualdad generalizada.
Al menos 42 personas han muerto, según la Defensoría del Pueblo. Miles de personas han resultado heridas. Cientos de personas más desaparecieron durante días. El país fue testigo de repetidos episodios de brutalidad policial, transmitidos en vivo.
Organizaciones afrocolombianas presentaron un expediente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmando que la violencia y el acoso afectaron de manera desproporcionada a manifestantes afrodescendientes e indígenas. Al 21 de mayo, la Defensoría Pública ya contaba con un récord de 106 denuncias de violencia de género contra mujeres y personas con diversa orientación sexual e identidad de género. De estos 106 casos, 23 correspondieron a actos de violencia sexual durante la protesta social.
Según la FLIP, se documentaron 257 ataques contra la prensa durante su cobertura de las protestas. A fines de junio, las autoridades colombianas buscaban revisar el concepto de protesta pacífica en la legislación colombiana a través de una orden ejecutiva. Esto podría poner en peligro el derecho de reunión de los colombianos y podría facilitar la criminalización de los manifestantes.
A pesar de sus diversos orígenes y dinámicas, las protestas en la región comparten algunos rasgos comunes: la violencia con la que han sido reprimidas; la poca adherencia de la policía y las fuerzas armadas a las reglas de enfrentamiento y protocolos de conducta; la impunidad; y también una grave falta de respeto por las normas internacionales de derechos humanos.
Mejorar la seguridad y lograr la justicia
En la primera mitad de 2021 los ataques contra la prensa tuvieron lugar en el contexto de las protestas, pero también más allá de las mismas.
En México asesinaron a los periodistas Benjamín Morales Hernández, Gustavo Sánchez Cabrera, Enrique García y Saúl Tijerina. Las autoridades regionales de derechos humanos han pedido al Estado mexicano que investigue los casos y fortalezca las medidas de protección de la prensa.
Muchos de los periodistas asesinados en los últimos años en México estaban bajo un plan de protección (Mecanismo de Protección) implementado por el gobierno federal. Los miembros de IFEX CPJ, RSF y Articulo 19 México han afirmado que los asesinatos son resultado de la falta de una política pública integral de protección; también han instado al Estado a invertir más en el Mecanismo de Protección y pidieron una revisión exhaustiva de la implementación de análisis de riesgo y medidas de emergencia.
En febrero, la Relatora Especial sobre libertad de expresión de la CIDH expresó su preocupación por el persistente hostigamiento no solo a periodistas, sino a artistas y defensores de derechos humanos que ejercen su libertad de expresión en Cuba.
Los ataques contra la prensa también han sido una constante en Brasil bajo Bolsonaro, principalmente a través de discursos estigmatizantes y amenazadores. Durante los primeros meses de 2021 el presidente atacó repetidamente a los periodistas cuando era interrogado durante las entrevistas. En junio, por ejemplo, cuando se le preguntó por qué no llevaba un tapabocas en un espacio público a pesar de las regulaciones locales, el presidente le dijo a la periodista que se callara y que tanto ella como su medio eran unos sinvergüenzas. Un estudio de Reporteros sin Fronteras (RSF) reportó 580 ataques a la prensa brasileña que fueron promovidos directamente por Bolsonaro y sus aliados más cercanos en 2020. Esta tendencia continúa en 2021: Abraji reportó 54 ataques contra la prensa entre el 1ro de enero y el 11 de marzo. De estos, 22 fueron realizados por funcionarios públicos, 11 por el propio presidente. Muchos de estos ataques estaban dirigidos a mujeres periodistas.
Gran parte de la violencia dirigida contra las mujeres periodistas continúa ocurriendo en línea. Un estudio lanzado por la UNESCO en 2021 realizó más de 900 encuestas a mujeres periodistas de 125 países. La mayoría de las periodistas contactadas dijeron que habían recibido ataques en línea basados en desinformación que buscaban desacreditarlas personal y profesionalmente. Los ataques fueron a menudo narrativas falsas con connotación sexual. En términos de identidad racial y étnica, el estudio señaló que los ataques ocurren en mayor número contra mujeres periodistas que se identificaron como indígenas (86%) y negras (81%), en comparación con el 64 por ciento de los ataques recibidos por mujeres periodistas blancas.
La impunidad en relación con los ataques contra periodistas también sigue asolando la región. Hace tres años, en abril de 2018, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó la muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el equipo periodístico del diario El Comercio. Los tres hombres fueron secuestrados en la localidad de Mataje, cerca de la frontera con Colombia, cuando cubrían la presencia en la zona del Frente Oliver Sinisterra, una facción disidente de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). En el aniversario de sus muertes, en abril de 2021, los miembros de IFEX-ALC lamentaron que las autoridades colombianas y ecuatorianas le hubieran fallado a las familias de las víctimas. Para la FLIP, “la verdad, la justicia y la reparación están ausentes en este caso”. Las investigaciones no muestran avances significativos y solo ha habido una condena contra los responsables. En marzo de 2021 la Fundación Andina de Observación y Monitoreo de Medios (Fundamedios) convocó a una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 179° período de sesiones. En la audiencia Fundamedios señaló la falta de cooperación del Estado ecuatoriano para desclasificar la información en torno al secuestro y asesinato de Ortega, Rivas y Segarra.
Sin embargo, hemos visto algunos avances en tres casos importantes de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos: Berta Cáceres (Honduras), Jineth Bedoya (Colombia) y Alex Silveira (Brasil). En una región conocida por la impunidad en casos similares, las buenas noticias deben celebrarse. Los casos de Berta y Jineth, más allá de resaltar el tema de la impunidad, plantean el tema de la violencia de género y los desafíos que enfrentan las mujeres periodistas y defensoras de derechos.
Cinco años después del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, finalmente comenzó el juicio del autor intelectual de su asesinato, en junio de 2021. David Roberto Castillo Mejía, ex militar y presidente de la represa Desa, fue acusado por el crimen.
En marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia histórica en el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya. El proceso, que ha sido accidentado, todavía está en marcha. Se busca determinar la responsabilidad del Estado colombiano por las amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista hace más de 20 años –en el año 2000. Sin embargo, luego de la apertura de la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Legal de Colombia alegó falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y el presidente de la CIDH, citando la solidaridad que mostraron hacia Jineth luego de su testimonio. Luego, el Estado anunció su decisión de retirarse de la audiencia. Posteriormente, la Corte emitió una resolución en la que “planteó que el caso específico que nos ocupa [de violencia de género] requería tanto la libertad de expresión de los jueces como la eliminación de espacios de revictimización” de Bedoya. También se emitió una segunda resolución, para reanudar el proceso.
Después de mucha presión por parte de la sociedad civil y los actores internacionales, Colombia acordó volver a unirse a los procedimientos. El 24 de marzo, la Corte ordenó al Estado colombiano que implementara de inmediato medidas provisionales para proteger la vida y la integridad personal de Jineth. La Agencia de Defensa Legal aceptó «la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial [y] por el incumplimiento del deber de debida diligencia en la investigación de las amenazas» realizadas contra Bedoya; y le pidió «perdón por estos hechos y por el daño que le causaron” al tiempo que reconoció que“ estas omisiones violaron sus derechos a la dignidad, al proyecto de vida, a la integridad personal, a las garantías legales y a la protección jurídica”.
En junio, la Corte Suprema de Brasil revisó el caso del periodista Alex Silveira, quien perdió la vista en su ojo izquierdo luego de ser herido por una bala de goma disparada por la Policía Militar de São Paulo durante una protesta en mayo de 2000. Las decisiones judiciales anteriores habían decidido que Alex se había puesto en riesgo al cubrir las protestas y se negaron a culpar a la Policía Militar.
La Corte Suprema dictaminó que el Estado debe ser considerado responsable de los periodistas heridos por la policía durante las protestas, a menos que «el trabajador de prensa ignore las advertencias claras y aparentes sobre el acceso a áreas limitadas donde existe un riesgo grave para su integridad física».
Los grupos de libertad de prensa acogieron la decisión como un precedente importante para la región, considerando el alto número de casos similares que involucran tanto a los medios como a los manifestantes.
Reducción del espacio cívico
Según el CIVICUS Civic Space Tracking Monitor (2020), el espacio cívico ha disminuido en 22 de 32 países de América Latina y el Caribe y ha sido obstruido o cerrado en ocho de ellos.
Desde 2020 y hasta 2021, el contexto del COVID-19 ha “marcado las condiciones para que las élites gobernantes puedan ampliar su abanico de herramientas para enfrentar la pandemia, pero al mismo tiempo estas herramientas corren el riesgo de ser instrumentalizadas para avanzar en agendas anteriores a la pandemia, contribuyendo a la corrosión y contracción del espacio cívico regional”.
En Nicaragua, desde abril de 2018 la comunidad internacional observa un clima de hostilidad hacia el ejercicio de la libertad de expresión en el país, marcado por la criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias, la confiscación y cierre de medios independientes, y la persecución y hostigamiento de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y opositores. “A la fecha se mantiene la prohibición de cualquier tipo de manifestación, asamblea o movilización pública, y estas son reprimidas por policías fuertemente armados, que utilizan perros policías y técnicas paramilitares, sembrando miedo, autocensura y mayores niveles de inseguridad ciudadana”.
Varios periodistas se enfrentan a procesos judiciales y se han confiscado medios de comunicación y activos de ONGs, mientras que a otras organizaciones de este tipo se retiró el registro legal. Según Human Rights Watch, el gobierno de Ortega está intensificando “una campaña de violencia y represión contra la oposición y la sociedad civil” antes de las elecciones nacionales previstas para noviembre de 2021.
También se han observado retrocesos en las instituciones democráticas en El Salvador, un retroceso que va en aumento desde 2020. “Las prácticas autoritarias que ejerce el actual Poder Ejecutivo apoyan el enfrentamiento permanente con los órganos legislativos y judiciales, la fiscalía, la prensa independiente y las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos”. En mayo, el presidente y el Congreso se aliaron para aprobar una decisión que reemplazara a todos los jueces de la Corte Constitucional y al fiscal general independiente.
Los legisladores de Nuevas Ideas (el partido del presidente) alegaron que la corte constitucional estaba obstaculizando la capacidad del presidente para enfrentar la pandemia de COVID-19. Todos los jueces destituidos han sido reemplazados por aliados del presidente, quienes fueron acompañados a sus nuevas oficinas por guardias armados. Según observadores locales, «el ejército y la policía siguen sus órdenes y no respetan la ley».
Tecnología y derechos: privacidad y protección de datos
La protección de datos personales ha ocupado un lugar destacado en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil en toda la región durante el primer semestre de 2021. Han surgido inquietudes particularmente en vista de la adopción de soluciones tecnológicas para los desafíos asociados con la pandemia que tuvieron poco en cuenta los riesgos potenciales al derecho a la privacidad.
En Colombia, por ejemplo, K + LAB de Fundación Karisma evaluó vulnerabilidades en aplicaciones públicas relacionadas con el COVID y concluyó que no solo había un problema en su diseño e implementación, había causas más profundas de preocupación con la manera y los métodos utilizados por las instituciones públicas para desarrollar software y sistemas. Según Karisma, es necesario trabajar para garantizar que el desarrollo de sistemas que gestionan datos personales no se tome a la ligera: se deben fortalecer los controles de calidad, se deben adoptar metodologías de gestión de riesgos y se deben implementar modelos claros de respuesta a incidentes y amenazas.
La protección de datos personales ha ocupado un lugar destacado en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil en toda la región durante el primer semestre de 2021. Han surgido inquietudes particularmente en vista de la adopción de soluciones tecnológicas para los desafíos asociados con la pandemia que tuvieron poco en cuenta los riesgos potenciales al derecho a la privacidad.
Preocupaciones similares estuvieron detrás de la decisión de 11 organizaciones digitales regionales de lanzar el Observatorio COVID-19 AlSur en abril de 2021, para promover el intercambio de información contextualizada sobre los usos de datos personales y tecnologías de vigilancia en diferentes países de la región. A su vez, esto debe permitir el desarrollo de acciones conjuntas para promover y fomentar el respeto de los derechos fundamentales en la implementación de la tecnología digital.
Desafortunadamente, las leyes dedicadas a la protección de datos aún no son una realidad en América Latina, a pesar de los importantes avances recientes. Chile fue el primer país en adoptar una ley de este tipo en 1999, seguido de Argentina en 2000. Varios países han seguido su ejemplo: Uruguay (2008), México (2010), Perú (2011), Colombia (2012), Brasil (2018), Barbados (2019) y Panamá (2019).
Incluso con una ley vigente, la implementación sigue siendo un desafío. En abril de 2021, por ejemplo, se creó en México el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil como registro obligatorio de chips de teléfonos móviles (parte de una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión). Según el miembro de IFEX-ALC Red de Defensa de los Derechos Digitales – R3D, este registro requerirá que los usuarios de teléfonos móviles entreguen sus datos biométricos, lo que representa un grave riesgo para la privacidad. El Registro ha sido considerado una amenaza por la autoridad mexicana de protección de datos y actualmente está siendo revisado por el Poder Judicial.
En marzo de 2021, Derechos Digitales, miembro de IFEX-ALC, publicó hallazgos sobre la implementación de la inteligencia artificial en las políticas públicas de la región. Concluyeron que existe una tendencia silenciosa hacia el uso de sistemas tecnológicos que controlan el acceso a la protección social. Muy seguido, las políticas están sujetas a condiciones (a veces explícitas, otras implícitas) para acceder a los beneficios sociales. Además, estas políticas están sujetas a «mediación tecnológica», es decir, requieren sistemas biométricos como el reconocimiento facial o la recolección de huellas dactilares, aplicaciones web o registros digitales unificados. Según Derechos Digitales, estos sistemas pueden terminar profundizando las desigualdades en lugar de erradicarlas.
Un ejemplo de esto es Venezuela. Mientras el país atraviesa una crisis humanitaria sostenida, se han implementado sistemas biométricos para controlar el acceso a productos considerados como «necesidades básicas», lo que ha generado denuncias de discriminación contra migrantes y personas transgénero. Según Derechos Digitales, “además de sus impactos discriminatorios, tales iniciativas implican legitimar una vigilancia diferencial hacia las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad severa, dependiendo de la asistencia del Estado”.
Derechos Digitales también revisó cuatro estudios de caso sobre el uso de inteligencia artificial en funciones públicas. Cada caso proporciona una descripción general del contexto nacional, el contexto regulatorio e institucional de implementación, la infraestructura de datos involucrada, el proceso de toma de decisiones asociado con la implementación; y se enmarca el diseño tecnológico del sistema utilizado.
En Brasil, se analizó el uso de inteligencia artificial en el Sistema Nacional de Empleo, un sistema creado para la reubicación de profesionales desempleados en el mercado laboral. En Chile, la investigación se centró en el Sistema de Alerta a la Niñez, que busca estimar y predecir el nivel de riesgo de niños, niñas y adolescentes ante futuras violaciones a sus derechos. En Colombia, el caso estudiado fue PretorIA, un proyecto de la Corte Constitucional que busca agilizar el proceso de selección de casos de tutela judicial de derechos fundamentales. En Uruguay se analizó Coronavirus UY, una aplicación móvil gratuita.
En algunos países, los datos personales se procesan sin el consentimiento explícito de los propietarios. También se verificaron lagunas en las medidas de ciberseguridad para proteger los datos. En la mayoría de los casos, no se llevó a cabo una evaluación previa para verificar los impactos de los proyectos en los derechos humanos antes de su implementación. También se observó la falta de auditorías externas, así como la falta de herramientas de transparencia proactiva en los procesos de toma de decisiones que aplican los sistemas, a pesar de la existencia de herramientas de transparencia pasiva. En la mayoría, no hubo participación durante la fase de diseño de los sistemas.
IFEX impulsa el cambio a través de una red diversa e informada basada en organizaciones sólidas, conexiones significativas entre los miembros y relaciones estratégicas con aliados externos. Los tres pilares de nuestro enfoque para promover y defender el derecho a la libertad de expresión e información son: garantizar el derecho a la información, habilitar y proteger el espacio cívico y mejorar la seguridad y la justicia.
