Declaraciones conjuntas

El escrito demuestra que la ley de inteligencia de Colombia y las prácticas de vigilancia ilegal de las comunicaciones violan el derecho a la privacidad y otros derechos humanos en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Al Sur; Alianza Regional por la Libre Expresión e Información; IFEX-ALC y Voces del Sur, rechazamos el proyecto de ley de cooperación internacional discutido por la Asamblea Nacional en funciones en Venezuela ya que supone un riesgo para la existencia de las organizaciones sociales y civiles en el país, al violentar el derecho a la libertad de asociación.

Este martes 24 de mayo la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas eligió a quienes conformarán el “Grupo de Personas Expertas” para investigar y promover la rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos desde 2018.

Javier Valdez sabía lo peligroso que era estar vivo y ser periodista, no sólo en su estado natal de Sinaloa, sino en todo México. Con todo, su auto consigna fue no callarse.

La red tiene una especial preocupación por la situación de México, Centroamérica y el Caribe. La situación en México es insostenible, en lo que va del año se contabilizan 8 periodistas asesinados en relación con su labor informativa.

El director ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Alberto Corzo, fue brutalmente golpeado por dos sujetos desconocidos enviados por la Policía Política de Cuba. Mientras que la Fiscalía General ha pedido seis años de cárcel para el periodista Lázaro Yuri Valle Roca, por los supuestos delitos de «propaganda enemiga».

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) adoptó hoy durante su sesión 49 y por 20 votos a favor una resolución que establece durante un año un “Grupo de Expertos de Derechos Humanos” con un mandato de investigación y rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Nicaragua.

Rechazamos la farsa jurídica por la cual la juez Noveno del Distrito de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García ha sentenciado a entre 7 y 14 años de prisión a las personas ex-trabajadoras de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y periodistas independientes de Nicaragua.

Organizaciones de la sociedad civil publicaron una evaluación que detalla la inacción deliberada del Estado de Nicaragua, que no ha detenido ni reparado las graves violaciones de los derechos humanos que acontecen en el país, tal y como se le insta en la resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH).

Al recomendar la aprobación de la participación de las organizaciones no gubernamentales en una serie de órganos y procesos de la ONU, el Comité encargado de las ONG desempeña un papel fundamental para facilitar estas asociaciones.

Elaborado en conjunto con Derechos Digitales, Espacio Público presenta un mapeado que oriente investigaciones en esta línea.

Presentada la primera herramienta internacional que promueve una respuesta efectiva a las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos quienes protegen la democracia y los derechos a nivel global, de los cuales el 85% afirman recibir, o conocer a alguien que recibió, alguna forma de amenaza por su trabajo de defensa en los últimos años.

IFEX ha firmado una carta conjunta, en donde organizaciones y expertos piden que el proceso por el cual el Comité Ad Hoc realiza su trabajo incluya una sólida participación de la sociedad civil a lo largo de todas las etapas de desarrollo y redacción de una convención sobre ciberdelincuencia.

IFEX-ALC y otras organizaciones de derechos humanos expresan su rechazo a los múltiples intentos realizados por el gobierno de Nicaragua para silenciar y amedrentar a la prensa independiente en el país. Recuerdan al Estado de Nicaragua que el derecho a la libertad de expresión e información es parte fundamental del funcionamiento de las sociedades democráticas.

Organizaciones de la sociedad civil expresan preocupación por el retiro de los resultados de búsqueda de Google de dos investigaciones publicadas por el medio digital uruguayo Sudestada.

Boletín Nº 14.561-19, que se discute en el Congreso chileno, establece reglas que terminan siendo peligrosas para el ejercicio de los derechos fundamentales en internet.