Declaraciones conjuntas

IFEX ha firmado una carta conjunta, en donde organizaciones y expertos piden que el proceso por el cual el Comité Ad Hoc realiza su trabajo incluya una sólida participación de la sociedad civil a lo largo de todas las etapas de desarrollo y redacción de una convención sobre ciberdelincuencia.

IFEX-ALC y otras organizaciones de derechos humanos expresan su rechazo a los múltiples intentos realizados por el gobierno de Nicaragua para silenciar y amedrentar a la prensa independiente en el país. Recuerdan al Estado de Nicaragua que el derecho a la libertad de expresión e información es parte fundamental del funcionamiento de las sociedades democráticas.

Organizaciones de la sociedad civil expresan preocupación por el retiro de los resultados de búsqueda de Google de dos investigaciones publicadas por el medio digital uruguayo Sudestada.

Boletín Nº 14.561-19, que se discute en el Congreso chileno, establece reglas que terminan siendo peligrosas para el ejercicio de los derechos fundamentales en internet.

Las organizaciones firmantes del presente comunicado expresamos nuestro más profundo rechazo a la denuncia de la Carta de la Organización Estados Americanos (OEA), presentada por el Estado de Nicaragua el 19 de noviembre de 2021.

Las organizaciones reunidas en el consorcio Al Sur presentan “Reconocimiento facial en América Latina: tendencias en la implementación de una tecnología perversa”, un mapeo de 38 sistemas de reconocimiento facial desplegados en nueve países de la región, al alero de distintas políticas públicas.

Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a los y las periodistas nicaragüenses y medios de comunicación que siguen haciendo su trabajo, incluso desde el exilio, para mantener informada a la sociedad nicaragüense y exigimos a las autoridades nicaragüenses, garantizar la libertad de prensa.

IFEX-ALC manifiesta su solidaridad con el periodista Roberto Deniz y el portal Armando.info ante el hostigamiento y acoso judicial del que son víctimas.

El trabajo que hacen las organizaciones es una esperanza para Cuba pero también para la región: CIDH

Organizaciones manifestan preocupación acerca de la minuta que expide la Ley General de Población, en particular, respecto al proyecto “Cédula Única de Identidad Digital” (CUID).

En una iniciativa sin paralelo para procurar justicia por el asesinato de periodistas, tres organizaciones defensoras de la libertad de prensa líderes han establecido un Tribunal de los Pueblos para investigar asesinatos de periodistas y hacer que los Gobiernos rindan cuentas de sus actos. La audiencia inicial se celebrará el 2 de noviembre en La Haya.

En los dos meses transcurridos desde que las históricas manifestaciones masivas del 11 de julio arrasaron Cuba y llamaron la atención nacional e internacional sobre el deterioro de las condiciones sociopolíticas de la isla, se han documentado al menos 39 detenciones de artistas relacionadas con las protestas, cuatro de las cuales fueron sometidas a juicio sin jurado, y al menos 55 artistas y escritores se encuentran actualmente bajo arresto domiciliario, en prisión o bajo investigación.

Se observa un fuerte retroceso en el ejercicio de las libertades individuales, que están generando la reducción y eliminación de los espacios del ejercicio de libertades de expresión, prensa y asociación.

Ante la gravedad de la escalada represiva y la persecución sistemática contra la prensa independiente, y las voces disidentes, las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en defensa de la libertad de expresión y prensa libre en Nicaragua, condene las violaciones a estos derechos y haga un llamado a restablecer las condiciones mínimas para unas elecciones libres, justas y transparentes. Igualmente, instamos a las autoridades nicaragüenses a garantizar la prensa libre y la libertad de expresión.

A un mes de las protestas masivas del 11 de julio en Cuba, organizaciones de derechos humanos reiteramos nuestra preocupación por la respuesta represiva que el Estado ha dado, misma que ha derivado en la comisión de graves violaciones a derechos humanos contra personas manifestantes, una mayor polarización entre los distintos sectores de la población, y una nueva cancelación en la posibilidad de diálogo y apertura para escuchar y atender las demandas sociales.

A partir de la información publicada por la SSPC el 28 de julio, persisten interrogantes y surgen nuevas respecto de los esquemas utilizados por gobiernos anteriores para adquirir y operar Pegasus.