El caso puede ser clave, precedente jurídico y fuente de recursos legales para lograr que otros casos tengan una solución similar.
La impunidad. Ese fantasma que camina entre las sombras de la corrupción y ampara los actos más terribles. La ausencia de castigos, de Estados que lleven a juicio a los responsables de crímenes y otros ataques, de investigaciones que en tiempo y forma identifiquen a estos asesinos, hace de América Latina un caldo de cultivo perfecto para que los periodistas sean asesinados por el solo hecho de hacer su trabajo.
Buscar la verdad, informar a la sociedad, respaldar con hechos un artículo. Ese proceso profesional puede significarle la vida un periodista – y en muchos casos así ha sido. Con índices de impunidad mayores al 90% en varios países del continente, los asesinos no solo pretenden matar al mensajero, sino generar miedo y autocensura entre sus colegas al ver que no hay garantías básicas para su profesión.
Entre el sombrío panorama empieza a vislumbrarse una luz llamada justicia. Un caso complicado de más de 20 años y procedente de uno de los países con mas crímenes contra periodistas (Colombia) tuvo una histórica resolución en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).
La sentencia de la Corte IDH condena al Estado colombiano por el homicidio en 1998 del periodista Nelson Carvajal. Esta sentencia sienta un precedente histórico en la lucha contra la impunidad al considerar a un Estado responsable de violar el derecho a la vida y a la libertad de expresión de un periodista, aun cuando no se ha determinado la autoría del homicidio. De hecho, la Corte considera a Colombia responsable de esta dilación en las investigaciones.
El caso en sí es un golpe a la impunidad, pero su mayor valía es hacia el futuro y su función como herramienta clave, precedente jurídico y fuente de recursos legales para lograr que otros casos tengan una solución similar. Ya no serán solo los autores materiales los posibles receptores de una sanción; la omisión de un gobierno también estará en juicio, explicaron varios expertos y participantes del caso Carvajal a IFEX.
IFEX habló con involucrados en este proceso y para entender lecciones aprendidas y posibles usos del caso para que puedas tenerlo a mano si tu organización lucha contra la impunidad.
Precedente importante
Ricardo Trotti es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), esta organización fue la que llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego participó como co-litigante en el arbitraje que comenzó en 2015 ante la Corte IDH.
«Ante tanta impunidad en este crimen, no esperábamos otra cosa que una sentencia que hiciera justicia, que sirviera como antecedente para los otros 26 casos que la SIP ha presentado y mantiene ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta primera sentencia de un caso emblemático nos sirve para estrategias futuras. Lo más importante, más allá del precedente, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció el dolor causado a los familiares de Nelson y valoró muy bien la reparación económica que deberán recibir estos a distintos niveles», dijo Trotti a IFEX.
Para el especialista la actitud del Estado colombiano es algo común en varios países del continente «como son problemas ocurridos durante la gestión de otros gobiernos, tienen una predisposición especial a resistir para aceptar responsabilidades de asuntos graves heredados».
Para Trotti esto sienta un precedente importante por dos razones fundamentales: ser el primer caso de un periodista asesinado que resuelve la Corte IDH y porque «abre las puertas» a presentar numerosos casos de periodistas que siguen impunes y olvidados.
Para casos futuros Trotti puntualizó que si bien no todos los casos de asesinatos de periodistas presentados ante la CIDH llegarán ante la Corte IDH, esta sentencia sí establece pautas que pueden incluirse en procesos de negociación y «soluciones amistosas» con distintos gobiernos.
«Al crearse un precedente importante, sirve de referencia para trabajar con más fuerza en potenciales soluciones amistosas, para reabrir investigaciones judiciales estancadas, investigar irregularidades en procesos judiciales y exigir compromisos que satisfagan y reparen el daño ocasionado a las familias de las víctimas», agregó.
A otras organizaciones el especialista les recomienda que tengan paciencia porque los procesos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos «son muy lentos y hay que mantener la presión mediante la actualización de los casos» así como identificar abogados «especialistas en derechos humanos» para poder empujarlos.
Abriendo camino
La SIP siguió su propio consejo. En 2015 se puso en contacto con el centro Robert F. Kennedy for Human Rights para que los apoyara en el litigio del caso. Allí toma el caso Angelita Baeyens, directora de Litigios del centro.
«Ahí empezó un trabajo con la familia Carvajal para la preparación del litigio contra en la Corte, completar algunos vacíos de información, reforzar algunos testimonios, no solo del hecho concreto del asesinato sino todas las vivencias de la familia y su camino largo y complicado en la búsqueda de justicia», explicó la experta.
Entre los puntos que destacaron sobresalió el hecho de que nueve familiares de Carvajal tuvieron que exiliarse del país por las amenazas y ataques que sufrieron por la búsqueda de justicia.
«Esto es algo común en estos casos: los familiares se transforman en los investigadores principales en lugar de ser el Estado. Eso tristemente viene con un montón de riesgos que aquí se hicieron muy fuertes y evidentes», señaló.
«Uno de los grandes desafíos que tenía el caso es que las víctimas y sus representantes no teníamos acceso al expediente judicial. La familia no se pudo constituir como parte civil en el proceso, porque buscaron abogados pero el temor era tan grande que nadie quería asumir ese rol, o pedían mucho dinero y la familia no tenía», añadió.
«Este caso ayudó a visibilizar el peligro que corren los periodistas que buscan investigar los temas de corrupción. Hay una ausencia de ley y orden donde las personas puedan sentirse protegidas. Hubo testigos clave amenazados, otro asesinado. Los problemas continuaron como un virus que se fue expandiendo, más allá del caso concreto», dijo Baeyens.
La abogada hizo varias puntualizaciones del caso, pero a su entender una de las mayores victorias hacia el futuro es que se responsabilizó al Estado por la omisión en proteger la vida. «Es un gran precedente. Sobre todo porque también reconoció el contexto de violencia extrema hacia los periodistas que exista en el país, otro precedente que puede ser usado en futuros casos», agregó.
«Este caso manda un mensaje muy fuerte para todo el continente. Es una victoria legal que permite esperanzarse en que la impunidad en estos casos se vaya reduciendo ahora que se alcanzó este nivel con esta sentencia. El mensaje de que el Estado no hizo lo suficiente y es responsable de ello por una corte internacional es muy fuerte. La impunidad es altísima pero ahora los Estados saben que pueden ser juzgados por su responsabilidad en dejar que esta lo sea», dijo la abogada.
Otro aspecto relevante para organizaciones que estén armando casos es que esta sentencia confirmó la responsabilidad del Estado sin que existieran pruebas presentadas de que Nelson había sido amenazado previamente.
«En muchos otros casos esas pruebas existen y están bien documentadas, lo que se lo pone aún más difícil a los Estados para eludir su responsabilidad», djio.
Baeyens adelantó que hay varios casos mas «en fila» para ser presentados en la Corte y que tiene «mucha esperanza» en que se resuelvan favorablemente gracias a este primer precedente.
«Queda muchisimo por hacer, no hay que abandonar la lucha», dijo, para agregar que ahora el objetivo es lograr que la Corte IDH proclame que en casos de crimenes contra periodistas el Estado deba aplicar una debida diligencia reforzada. Esto es: hacer esfuerzos aún mas altos que los de un crimen común debido la relevancia y el impacto social que tienen.
