"El año pasado quedó demostrado que todos los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos en todo el mundo. En un contexto de poder cambiante, hay más espacio, no menos, para que los Estados defiendan los derechos humanos a medida que emergen nuevas coaliciones y voces de liderazgo".
Este artículo fue publicado originalmente en hrw.org el 12 de enero de 2023.
El Informe Mundial de Human Rights Watch 2023 abarca cerca de 100 países
La sucesión de crisis de derechos humanos que se desencadenó en 2022 –desde Ucrania hasta China y Afganistán— ha dejado tras de sí un mar de sufrimiento humano, pero también ha abierto nuevas oportunidades para el liderazgo en materia de derechos humanos de países de todo el mundo, señaló hoy Tirana Hassan, directora ejecutiva en funciones de Human Rights Watch, en el lanzamiento del Informe Mundial 2023 de Human Rights Watch. El Informe Mundial examina la situación de los derechos humanos en casi 100 países en los que trabaja Human Rights Watch.
A medida que se observa un cambio de poder en todo el mundo, proteger y fortalecer el sistema mundial de derechos humanos de los constantes esfuerzos de líderes abusivos que buscan derribarlos, exige compromisos renovados por parte de todos los Gobiernos, que trasciendan las alianzas políticas actuales.
“El año pasado quedó demostrado que todos los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos en todo el mundo”, afirmó Hassan. “En un contexto de poder cambiante, hay más espacio, no menos, para que los Estados defiendan los derechos humanos a medida que emergen nuevas coaliciones y voces de liderazgo”.
En la 33ª edición del Informe Mundial 2023, de 712 páginas, Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, Hassan, afirma que en un mundo en el que el poder ha cambiado, ya no es posible confiar en un pequeño grupo de gobiernos, en su mayoría del Norte Global para defender los derechos humanos. La movilización mundial en torno a Ucrania nos recuerda el extraordinario potencial que existe cuando los gobiernos cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos a escala global. Es responsabilidad de cada país, grande o pequeño, aplicar un marco de derechos humanos a sus políticas, y luego trabajar conjuntamente para proteger y promover los derechos humanos.
La invasión a gran escala de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin, que ha tenido como objetivo atacar infraestructuras civiles y ha causado miles de víctimas entre la población general, captó la atención del mundo y activó todo el arsenal del sistema de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abrió una investigación sobre los abusos y nombró a un experto para supervisar la situación de los derechos humanos dentro de Rusia. La Corte Penal Internacional abrió una investigación tras la remisión de un número récord de países miembros del tribunal. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros gobiernos también impusieron sanciones internacionales sin precedentes contra personas, empresas y otras entidades rusas vinculadas al gobierno ruso.
Los gobiernos que están prestando un apoyo consolidado sin precedentes a Ucrania deberían preguntarse cuál sería la situación si hubieran exigido responsabilidades a Putin en 2014, al inicio de la guerra en el este de Ucrania; o en 2015, por los abusos en Siria; o incluso antes, por la escalada de las violaciones de derechos humanos en Rusia durante la última década.
Este tipo de acción global es necesaria en Etiopía, donde tras dos años de atrocidades cometidas por todas las partes del conflicto, la región solo ha recibido una mínima parte de la atención que se ha prestado a Ucrania, lo que ha contribuido a una de las peores crisis humanitarias del mundo, afirmó Hassan.
El Consejo de Seguridad de la ONU, encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales, no ha querido incluir a Etiopía en su agenda formal debido al bloqueo por parte de miembros africanos, así como de Rusia y China. El recién concluido proceso de paz liderado por la Unión Africana ha dado lugar a una frágil tregua, pero para que se mantenga, los partidarios del acuerdo, entre ellos la Unión Africana, la ONU y Estados Unidos, deben señalar y mantener la presión para garantizar que quienes cometieron graves crímenes durante la guerra rindan cuentas, a fin de romper los ciclos mortales de violencia e impunidad. La rendición de cuentas es fundamental para que las víctimas obtengan cierto grado de justicia y reparación que hasta ahora les ha sido imposible obtener.
El gobierno chino sigue sin rendir cuentas por la detención masiva, tortura y trabajos forzados de hasta un millón de uigures y otros musulmanes turcos en la región de Xinjiang. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se quedó a dos votos de aprobar una resolución para debatir el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que concluía que los abusos en Xinjiang pueden constituir crímenes contra la humanidad.
El estrecho margen de esa votación muestra el creciente apoyo entre los gobiernos para exigir responsabilidades al gobierno chino y pone de relieve el potencial de las alianzas interregionales y las nuevas coaliciones para desafiar las expectativas de impunidad de Beijing.
Gobiernos como los de Australia, Japón, Canadá, Reino Unido, la UE y Estados Unidos, que están reconsiderando sus relaciones con China, buscan ampliar los acuerdos comerciales y de seguridad con India. Pero el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata del actual primer ministro Narendra Modi ha imitado muchos de los mismos abusos que han permitido la represión del Estado chino y estrechar los lazos con India sin presionar a Modi para que respete los derechos desperdicia una valiosa influencia para proteger el cada vez más amenazado espacio cívico de India.
“Los autócratas se basan en la apariencia de que sus tácticas de mano duran son necesarias para la estabilidad, pero como demuestran una y otra vez los valientes manifestantes de todo el mundo, la represión no es un atajo hacia la estabilidad”, afirmó Hassan. “Las protestas en ciudades de toda China contra las estrictas medidas de confinamiento de “cero Covid” del gobierno chino demuestran que los deseos de la gente por los derechos humanos no pueden borrarse a pesar de los esfuerzos de Beijing por reprimirlos”.
Los gobiernos que respetan los derechos tienen tanto la oportunidad como la responsabilidad de prestar su atención política y su resistencia a los movimientos de protesta y a los grupos de la sociedad civil que desafían a los gobiernos abusivos de países como Sudán y Myanmar. En Sudán, los responsables políticos de Estados Unidos, la ONU, la UE y los socios regionales que se relacionan con la cúpula militar del país deben dar prioridad a las demandas de justicia de los grupos de protesta y de las víctimas, así como al fin de la impunidad de quienes ocupan puestos de mando. Y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) debe intensificar la presión sobre la junta de Myanmar alineándose con los esfuerzos internacionales para cortar las fuentes de divisas de los militares.
La comunidad internacional también debe aplicar un enfoque de derechos humanos a la amenaza existencial del cambio climático. Desde Pakistán hasta Nigeria y Australia, todos los rincones del mundo se enfrentan a un ciclo ininterrumpido de inundaciones catastróficas, incendios forestales masivos y sequías provocados por el hombre. Estas catástrofes ilustran el costo de la inacción, siendo los más vulnerables los que pagan el precio más alto. Los gobernantes tienen la obligación legal y moral de regular las industrias, como las de los combustibles fósiles y la explotación forestal, cuyos modelos de negocio son incompatibles con la protección de los derechos fundamentales.
“Ayudar a las comunidades de primera línea y a los defensores del medio ambiente es una de las formas más poderosas de hacer frente a las actividades empresariales y gubernamentales que dañan el medio ambiente y de proteger los ecosistemas esenciales necesarios para abordar la crisis climática”, afirmó Hassan. “En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha comprometido a reducir a cero la deforestación del Amazonas y a defender los derechos de los indígenas, y su capacidad para cumplir sus compromisos en materia de clima y derechos humanos será fundamental para Brasil y para el resto del mundo”.
La magnitud, escala y frecuencia de las crisis de derechos humanos en todo el mundo demuestran la urgencia de un nuevo marco y modelo de actuación. Centrar nuestros mayores retos y amenazas para el mundo moderno en torno a los derechos humanos revela no solo las causas profundas de los trastornos, sino que también ofrece una guía para abordarlos. Todos los gobiernos tienen la obligación de proteger y defender los derechos humanos.
“La movilización mundial en torno a Ucrania demostró lo que es posible cuando los gobiernos trabajan juntos”, afirmó Hassan. “El reto para todos los gobiernos es aportar el mismo espíritu de solidaridad con el fin de replantear lo que es necesario para lograr el éxito en la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo”.
