"Una vez más, se trata de los abusos de las fuerzas del orden, en particular de los carabineros", dice RSF.
(RSF/IFEX) – ¿El año 2012 será igual que el anterior para los periodistas chilenos, en especial para los fotógrafos y camarógrafos, o los periodistas y blogueros cercanos a los movimientos de protesta? Este temor se funda y se manifiesta de nuevo ahora que las manifestaciones en la región de Aysén (sur) han encontrado apoyo en otras partes del país y que los estudiantes vuelven a hacerse escuchar. Por desgracia, la tendencia indica que Chile –que pasó del lugar 33 al 80 (de entre 179 países) en la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras – corre el riesgo de seguir a la vista por los casos de violencia contra el gremio de los que hemos tenido conocimiento.
“Una vez más, se trata de los abusos de las fuerzas del orden, en particular de los carabineros. Las detenciones, aunque breves, con frecuencia están acompañadas de la destrucción del material de los periodistas, en otras palabras, de censura. Según información de la que disponemos, esta situación hizo que se frustrara un intento de diálogo preventivo con los mandos de los carabineros a iniciativa de una parte del gremio periodístico. Debe darse a las fuerzas del orden consignas precisas y hacerlas públicas. Asimismo, los reporteros gráficos deben gozar de garantías de indemnización por todo material que les sea confiscado o que sea destruido”, declaró Reporteros sin Fronteras.
Ricardo Uribe, camarógrafo del canal informativo colombiano NTN 24, fue detenido el 15 de marzo de 2012 en Santiago durante una violenta acometida de los carabineros contra los estudiantes reunidos en el parque Bustamante. Estos no tenían los rostros cubiertos o enmascarados, no realizaban barricadas y no habían emprendido ninguna acción violenta, según los testigos. Bajo el pretexto de “estorbar y entorpecer la acción de las fuerzas del orden”, el periodista fue retenido en un autobús de los carabineros y se le impidió realizar la cobertura normal de los acontecimientos.
Las manifestaciones de apoyo al movimiento social de Aysén en la capital también han estado marcadas por varios ataques a periodistas. El primero de ellos tuvo lugar el 24 de febrero, cuando se detuvo a Félix Madariaga, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu http://www.codepu.cl/ ). El periodista fue agredido por carabineros, que se negaron a prestarle ayuda pese a estar herido; debió encontrar auxilio por sus propios medios. Cuando recibía atención médica, los carabineros lo interrogaron sin asegurarse de que fuera en presencia de un allegado o un abogado, como lo exige la ley.
El 1 de marzo, también en Santiago, Jason Suder, reportero estadounidense del diario anglófono Santiago Times, fue arrestado cuando fotografiaba la interpelación de una joven manifestante; luego lo llevaron a un cuarte del centro de la ciudad. Su calidad de periodista internacional no lo protegió en nada de la brutalidad de los carabineros, como relató a Huffington Post.
Otros dos casos de golpes y heridas fueron registrados en la capital durante las manifestaciones de los días 7 y 8 de marzo: el del fotógrafo de la revista Punto Final, Jorge Zúñiga San Martín, y el de un colega independiente llamado Cristián González. En Aysén, la estación regional Radio Santa María nos informó que 13 de marzo uno de sus periodistas, Rodrigo Labarca, fue agredido por un carabinero. Por fortuna, no le ocasionó heridas graves.
Reporteros sin Fronteras también expresa su preocupación por las consecuencias que podría tener en términos de libre circulación de la información el hecho de que en la región de Aysén se hará efectiva la Ley de Seguridad del Estado (LSE), que data de la dictadura (1973-1990) y que no ha sido modificada desde entonces, al igual que la ley antiterrorismo de 1984, blandida no hace mucho tiempo contra periodistas chilenos y extranjeros en la
Araucanía. Desde el inicio del año, la región Aysén vive una fuerte inconformidad social debido al aislamiento económico del territorio, los elevados precios de los carburantes, el bajo salario mínimo y la falta de infraestructura médica y sanitaria.
