El revuelo que causó la promulgación de la muy controvertida ley acerca de los delitos informáticos, obligó al gobierno costarricense a desdecirse en medio del escándalo. El poder ejecutivo se comprometió a no aplicar a los periodistas esta ley.
ACTUALIZACIÓN de Reporteros sin Fronteras: Adoptan de forma definitiva la reforma a la Ley de Delitos Informáticos (23 de abril de 2013)
(RSF/IFEX) – 9 de noviembre 2012 – El revuelo que causó la promulgación del 6 de noviembre de 2012 de la muy controvertida ley acerca de los delitos informáticos (“Ley Mordaza”), obligó al gobierno costarricense a desdecirse en medio del escándalo. El poder ejecutivo se comprometió a no aplicar a los periodistas esta ley que
permite condenar hasta con diez años de cárcel a aquellos que difundan “informaciones políticas secretas”. Pero más allá de restringirse a cuestiones de seguridad nacional, divulgar informaciones sobre “secretos políticos, (…) cuerpos de policía, (…) o el crimen organizado” puede también conducir a sanciones penales.
El gobierno por su parte, se comprometió en un comunicado publicado la noche anterior a la promulgación, entre otras, a enmendar el artículo 288 en donde se sanciona con entre cuatro y ocho años de cárcel a quien “procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas”. En este mismo documento el gobierno se justifica recordando que la constitución de Costa Rica lo obliga a promulgar las leyes en un lapso de tiempo determinado cuando éstas hayan sido adoptadas definitivamente por la Asamblea Legislativa.
“E incluso valiéndose de un argumento constitucional, la promulgación de una ley tan peligrosa y legítimamente denunciada por todo el gremio no deja de ser sorprendente. El debate público sobre el fondo de este asunto hubiera tenido que acompañar la reflexión de los parlamentarios para ellos delimitaran una noción tan amplia como ‘informaciones secretas políticas’, ya que muchas de ellas son justamente, de interés público. Una legislación tan opuesta a las garantías que ofrece la constitución en materia de libertad de expresión y de información hubiera debido originar un veto presidencial”, declaró Reporteros sin Fronteras.
“El gobierno tendrá que cumplir su palabra mientras se reforma dicha ley y se excluyen las cláusulas más represivas. Sin embargo esta promesa no debe ser únicamente aplicada a los periodistas titulares de algún título académico o los empleados de los medios de comunicación sino debe atañer a todo ciudadano, bloguero o autor que desee buscar y producir información. En palabras nadie debiera tener miedo de esta ley”, concluyó la organización.
