Un colaborador de radio y un empresario recibieron amenazas debido a su labor contra un proyecto minero en la comunidad de Arizona en Honduras.
(RSF/IFEX) – el 23 de agosto de 2012 – Según un guión que tiende a trivializarse, en Honduras llueven las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los representantes de movimientos sociales y los periodistas. El 17 de agosto, el colaborador de Radio Progreso Roberto García y el empresario César Alvarenga, ambos implicados activamente en la defensa del medio ambiente en Honduras, recibieron amenazas debido a su labor contra los proyectos de explotación minera en la comunidad de Arizona, ubicada a una treintena de kilómetros de la ciudad de Tela (norte).
Por otra parte, en medio de esta situación de reiteradas presiones ejercidas sobre los defensores de los derechos humanos, la abogada y activista Gloria Vásquez Pérez ha sido víctima de amenazas y de varias agresiones en los últimos meses.
Reporteros sin Fronteras expresa su profunda preocupación por la seguridad de estos activistas y una vez más exhorta a las autoridades hondureñas a que garanticen su protección. Radio Progreso y las radios comunitarias son objeto de amenazas constantes debido al importante papel que juegan en la difusión de información. Deben establecerse dispositivos de seguridad para proteger a estos medios de comunicación, así como a las numerosas personas que actualmente se encuentran amenazadas, y garantizar así el derecho a la información y a la libre expresión para el conjunto de la población. Sin embargo, constatamos que las autoridades continúan siendo sordas a las recomendaciones, incluso cuando éstas son formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 17 de agosto, varios hombres armados se dirigieron a Arizona, fueron a las oficinas de la empresa de transporte foráneo propiedad de César Alvarenga y le entregaron una carta que contenía amenazas contra él y contra Roberto García. El texto exigía que dejaran de oponerse al proyecto de extracción minera promovido activamente por las autoridades municipales de Tela. Los «mensajeros» exhibieron sus armas para intimidar al personal de la empresa.
García y Alvarenga ya habían sufrido presiones de políticos locales para que convencieran a la población de la región – la mayor parte de ella se opone a la explotación minera en la zona – a aceptar el proyecto minero. Entonces, García reveló públicamente el nombre de los políticos y empresarios que habían llevado a cabo este chantaje.
Por otra parte, las intimidaciones contra la abogada y defensora de los derechos humanos Gloria Vásquez Pérez continúan pese a la denuncia que interpuso tras una agresión ocurrida el 26 de mayo, alrededor de las 21:00 horas, cerca de su casa. Ese día un desconocido intentó estrangularla. La tiró al suelo e intentó asfixiarla hasta dejarla casi muerta. La semana pasada, cuando tomó un taxi que parecía esperarla, el conductor y su pasajero la amenazaron y registraron su bolso diciéndole: «Sabemos dónde trabajas, dónde vives y no nos mires porque te mato».
Tras el golpe de Estado de junio de 2009 son constantes los ataques a los representantes de asociaciones o sindicatos, activistas de movimientos sociales, abogados, profesores, universitarios y periodistas. La impunidad perdura en casi todos estos casos.
En cambio, la policía se muestra muy diligente en la represión de las reivindicaciones sociales. Así, el 21 de agosto, la intervención policíaca contra una manifestación de campesinos de la región de Aguán, que fueron a la capital para pedir que se aplique una decisión judicial relativa a la restitución de tierras – que fue revocada después por presión de los terratenientes – dejó una veintena de heridos y se saldó con el arresto de 27 personas. Entre ellos, Antonio Trejo, abogado representante de los campesinos; Carlos Ramón Navarro, presidente de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), y Johny Rivas y Vitalino Álvarez, secretario general y portavoz del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), respectivamente. Reporteros sin Fronteras señaló hace algunos meses las amenazas padecidas por este último.
