En mayo de 2010 al menos tres redacciones fueron blanco de amenazas o represalias relacionadas directamente con su trabajo de investigación sobre el crimen organizado.
(RSF/IFEX) – Un año después del asesinato del periodista Eliseo Barrón Hernández en Gómez Palacio, Reporteros sin Fronteras constató en el lugar de los hechos que persisten los atentados contra la libertad de prensa en los estados de Coahuila y Durango. Los carteles de la droga, con el grupo paramilitar Los Zetas a sueldo, son los principales instigadores de la violencia y de las amenazas que sufren los periodistas locales, quienes viven bajo un miedo constante. En mayo de 2010 al menos tres redacciones fueron blanco de amenazas o represalias relacionadas directamente con su trabajo de investigación sobre el crimen organizado.
El 20 de mayo, el diario «Noticias de El Sol de la Laguna» cerró inmediatamente su sección policiaca por las amenazas que recibió el periodista Javier Adame Gómez. Estas amenazas fueron recibidas tras la publicación de información concerniente a un atentado en Torreón que costó la vida a ocho personas.
Días después Karla Guadalupe Tinoco Santillán, corresponsal del periódico «La Opinión», del municipio Vicente Guerrero (Durango), recibió amenazas telefónicas para que «no se metiera en ‘su’ camino», el típico mensaje del crimen organizado, en respuesta a un artículo de la reportera sobre una serie de secuestros.
En esa misma semana, el 30 de mayo un grupo armado ingresó al domicilio de un periodista del mismo periódico, pero en la casa sólo se encontraban su esposa y sus hijos. Al día siguiente otro diario de la región, «Express de Multimedios», recibió la orden de publicar las fotos de seis cabezas decapitadas encontradas esa misma mañana, con la advertencia que de no hacerlo «los periodistas sufrirían la misma suerte».
Pese a una modificación del código penal del estado de Coahuila en mayo de 2008, que castiga los asesinatos de periodistas con 60 años de prisión efectiva, sin condonación de pena, la violencia contra la prensa continúa. En mayo de 2009 dos periodistas perdieron la vida, Eliseo Barrón, de la sección «Opinión» de «Milenio Torreón», y Carlos Ortega Melo Samper, del «Tiempo de Durango».
Asimismo, a finales de 2009 y principios de 2010 fueron asesinados dos más periodistas. Vladimir Antuna García, también del «Tiempo de Durango», encontró la muerte el 2 de noviembre de 2009 y Valentín Valdés Espinosa, del «Zócalo de Saltillo», apareció asesinado el 8 de enero de 2010, un día después de ser secuestrado.
«¿Qué hay de nuevo?». Es la pregunta que hace el periodista Julián Parra Ibarra, en una editorial publicada el 31 de mayo de 2010, que conmemora la muerte de Barrón. Más de un año después del asesinato y arresto, el 6 de junio de 2009, de cinco miembros de Los Zetas, presuntos autores del asesinato de Barrón, la investigación se estanca. «¿Hay algo positivo que extraer de esta triste historia que nos pudiera hacer pensar que su partida no fue en vano?», se pregunta el redactor.
Desgraciadamente, igual como el periodista, amigo y compañero de Barrón, llegamos a la misma conclusión abrumadora: «nada ha cambiado. Peor, nadie dice nada». La censura agobia a la prensa de Coahuila y Durango.
Convertidas en moneda corriente, las amenazas contra los periodistas aumentan la autocensura. En cuanto un medio de comunicación de la región menciona hechos relacionados con el crimen organizado, el autor pone en peligro su propia vida, la de su familia y sus colegas.
Este clima de terror no es nuevo. Después de 2007 la inseguridad se ha agravado, afectando a todos los estratos de la población, sobre todo con la generalización de los secuestros. Rafael Ortiz Martínez, reportero del diario «Zócalo», de la ciudad de Monclova (Coahuila), se encuentra desaparecido desde julio de 2006. En abril de 2007, Onésimo Zúñiga, del periódico «Noticias de El Sol de La Laguna», fue secuestrado y torturado varias horas por un grupo armado.
Esta triste realidad no es solamente un asunto del crimen organizado. Concierne también a las autoridades de otras regiones, como Oaxaca, donde una segunda caravana humanitaria que se dirigía hacia la comunidad triqui de San Juan Copala, debió rehacer su camino por falta de suficientes garantías de seguridad. El atentado cometido contra una caravana precedente, el 27 de abril de 2010, tuvo como saldo la muerte de dos colaboradores humanitarios, y resultó lesionado el periodista David Cilia de la revista «Contralínea». El 10 de junio, Ixtli Martínez, corresponsal de MVS-Radio y de la agencia AP en Oaxaca, fue herida en un sospechoso atentado en su contra cometido durante un enfrentamiento de estudiantes en el campus de la Universidad Autónoma Benito Juárez.
Finalmente, consideramos inapropiadas y peligrosas las recientes declaraciones contra la prensa del Secretario de Gobernación. Fernando Francisco Gómez Mont, encontrado durante nuestra última misión en México en julio de 2009, quien reiteradamente exige a los medios orientar de mejor manera su información hacia la opinión pública. El número dos del gobierno federal imputó a los periodistas «que glorifican el narcotráfico y hablan mal del país» toda la responsabilidad de su suerte, particularmente en Ciudad Juárez, donde la prensa se queja cada vez más de la prepotencia y la violencia del ejército. Esas declaraciones agravan más aún el peligro sobre los medios de comunicación regionales mexicanos y la desprotección de los periodistas.
Sesenta y dos profesionales de los medios de comunicación han perdido la vida en México desde 2000 y once han desaparecido desde 2003.
