El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, promulgó una nueva ley que obliga a las instituciones estatales y a los funcionarios a divulgar la información solicitada por los ciudadanos, como salarios.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó satisfacción por la sanción de una ley de acceso a la información y transparencia en Paraguay, pero pidió a las autoridades diseñar una extensiva campaña de educación pública para que la ciudadanía conozca cómo utilizar los nuevos mecanismos.
El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, promulgó el 18 de septiembre la Ley No. 5.282 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, que obliga a las instituciones estatales y a los funcionarios a divulgar la información solicitada por los ciudadanos, como salarios, viajes oficiales y contratos, entre otros datos que no estén definidos como secretos.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa en Información de la SIP, Claudio Paolillo, saludó la medida, dijo que Paraguay se suma así a una tendencia favorable en América Latina y que ojalá contagie a otros países como Argentina.
Paolillo, director del semanario Búsqueda de Montevideo, Uruguay, añadió que el país suramericano “tiene la oportunidad de que esta ley sea efectiva, no una simple respuesta demagógica, para lo cual las autoridades deben diseñar una extensiva campaña de educación pública con el propósito de que la ciudadanía conozca cómo utilizar los nuevos mecanismos”.
La ley entrará en vigencia en el 2015. Reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional “con el fin de garantizar a todas las personas el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública… promoviendo la transparencia del Estado”. Agrega que “ninguna disposición de esta ley podrá ser entendida o utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo”.
La SIP viene insistiendo que la afectividad de las leyes de acceso radica en tres puntos principales: Educación del ciudadano para conocer sus derechos y formas de cómo solicitar información; castigos para aquellos funcionarios y entidades públicas que nieguen información; y, en especial, que el gobierno acate normas específica para que la clasificación de la información sea solamente cuestión excepcional.
En el continente existen leyes de acceso a la información en Antigua y Barbuda, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, St. Vincent, Trinidad & Tobago y Uruguay. México fue el primer país latinoamericano en tener ley de acceso tras la celebración en el 2001 de una conferencia organizada por la SIP, aprobándose en 2002.
