(IPYS/IFEX) – El 1 de junio de 2004, nueve periodistas de la ciudad de Palmira, departamento del Valle del Cauca, al sur oeste del país, revelaron ser víctimas de constantes hostigamientos por parte del ex alcalde Miguel Motoa Kuri y de gente allegada a él. Las amenazas tendrían su origen en las acusaciones periodísticas por […]
(IPYS/IFEX) – El 1 de junio de 2004, nueve periodistas de la ciudad de Palmira, departamento del Valle del Cauca, al sur oeste del país, revelaron ser víctimas de constantes hostigamientos por parte del ex alcalde Miguel Motoa Kuri y de gente allegada a él.
Las amenazas tendrían su origen en las acusaciones periodísticas por corrupción que, desde hace varios años, recaen sobre la administración de la entonces autoridad municipal.
Jorge Agudelo Londoño, José Gerardo Cruz, Manuel Fernando Muñoz, Edgar Quintero, Bárbara Valdés de Pérez y Maria Consuelo Luna Valdés, todos periodistas y colaboradores de la emisora Radio Luna, Jorge Isaac Londoño de la emisora Radio Palmira, Carlos Alberto Franco, columnista del semanario «Palmira Hoy», y Daisy Idalia Calderón, de la revista de humor político «El Aguijón», hicieron público este hecho a través de una carta enviada a diferentes organismos internacionales de libertad de prensa.
En una nota posteriormente dirigida a IPYS por Luna y en nombre del grupo, se establece que no sólo están en juego sus vidas, sino también las de sus familias. En esta misiva se asevera que pretenden acallarlos e imponer la censura. Los agraviados trabajan también con la veeduría ciudadana «Despierta Palmira» y, por medio de esta institución, han elevado varias denuncias ante la justicia.
Por otro lado, el ex alcalde Motoa afirmó a IPYS que la verdadera víctima en este caso era él ya que lleva varios años soportando las denuncias infundadas y la falta de respeto de este grupo de periodistas, a quienes calificó de «politiqueros» y «bandidos».
No obstante, el ex alcalde confirmó el intento de agresión física que hubo contra el periodista Franco, acto que intentó justificar al sostener que hay un límite en el que ya no soporta más la actitud de la prensa.
La mayoría de los periodistas involucrados asegura que esta relación tensa con la clase política de la ciudad – cuyo alcalde pertenece al grupo político de Motoa – es algo que proviene de años atrás, pero que en este momento han sucedido varios hechos que comprueban el propósito de impedir su labor fiscalizadora.
