El 16 de octubre de 2013 el periodista Gonzalo Guillén se vio obligado a salir del país por amenazas de muerte en su contra. Guillén era una de las cuatro personas sobre las cuales se había diseñado un plan para atentar contra sus vidas como consecuencia de sus investigaciones.
El 16 de octubre de 2013 el periodista Gonzalo Guillén se vio obligado a salir del país por amenazas de muerte en su contra. Guillén era una de las cuatro personas sobre las cuales se había diseñado un plan para atentar contra sus vidas como consecuencia de sus investigaciones.
El 13 de mayo de 2013, el director de la Unidad Nacional de Protección a través de su cuenta de Twitter advirtió: “La UNP ha recibido una información muy precisa y delicada sobre un plan para asesinar a tres de nuestros protegidos. Se trata de León Valencia, Gonzalo Guillén y Ariel Ávila. Los tres cuentan con fuertes medidas de protección que han sido reforzadas (…) El presunto sicario conocido con el alias «Morroncho» ya estaría en Bogotá. Sabemos su nombre real que ya le fue comunicado a la DIJIN”.
Desde entonces los periodistas señalados tuvieron que refugiarse en el exterior y han pasado cinco meses siguen sin tener las garantías suficientes para su permanencia en el país. En este lapso de tiempo no se ha terminado de esclarecer quiénes conforman las estructuras criminales que tenían por blanco a los periodistas.
Asimismo, en noticias recientes se dice que existen nuevos planes de atentar contra los periodistas e investigadores, motivo que los obligó a refugiarse nuevamente en el exterior.
Dentro de esta coyuntura por la que han tenido que atravesar los periodistas Gonzalo Guillén, León Valencia, el investigador Ariel Ávila y recientemente la columnista e investigadora Claudia López, cabe destacar la captura que agentes del CTI adelantaron contra el gobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez, el pasado 12 de octubre. Gómez ha sido señalado por los periodistas de estar relacionado con estas amenazas. Sin embargo, su captura guarda relación con hechos distintos a las agresiones contra los periodistas e investigadores.
En cuanto a la captura de Gómez, hecho noticioso de interés público, la FLIP rechaza la obstrucción a la labor periodística por parte de varios seguidores del gobernador contra tres comunicadores de Valledupar que se encontraban cubriendo el hecho.
Tras este operativo también preocupan varios mensajes violentos que durante las últimas horas han circulado algunos particulares por las redes sociales, que no sólo resultan amenazantes y que en sí mismas son violaciones a la libertad de prensa, sino que además llegan a justificar el papel criminal contra la prensa por parte del narcotráfico en los años 80, como si existiera un merecimiento entre la labor informativa y el asesinato de periodistas.
La FLIP solicita a la Fiscalía avanzar con las investigaciones que permitan la identificación y sanción de los responsables de las amenazas contra los periodistas Gonzalo Guillen, León Valencia, Claudia López y el investigador Ariel Ávila.
En días previos al exilio de Guillén, la Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que el decreto que le regula impedía autorizar las medidas que se estaban solicitando para la protección del periodista. Si bien dicha entidad reforzó el esquema de protección de Guillén en Colombia, sí se vio impedida para apoyar su salida del país. En esta dirección la FLIP resalta el respaldo de la UNP a esta situación desde mayo de 2013, pero sugiere proponer al Gobierno Nacional las reformas reglamentarias que sean necesarias para evitar que esta situación se repita en el futuro. La inminencia del riesgo no se compadece con el trámite que la regulación actual dispone.
Por último, la FLIP recuerda que el exilio de estos periodistas en el exterior afecta no sólo el estado de la libertad de expresión sino que debilita la capacidad de la denuncia periodística en todo el país.
