Continúan las campañas contra la prensa independiente a través de amenazas, detenciones temporales, prohibición de salir del país, decomiso de equipo y materiales.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 9 de abril 2019.
Los problemas del periodismo en Cuba siguen siendo graves, pese a la nueva Constitución que mantiene las limitaciones a las libertades de expresión y de prensa, según recoge el informe presentado en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), efectuada en Cartagena, Colombia del 29 al 31 de marzo.
El informe del vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP para Cuba, Henry Constantín, quien por primera vez asistió a una reunión de la organización, recogió que continúan las campañas contra la prensa independiente a través de amenazas, detenciones temporales, prohibición de salir del país, decomiso de equipo y materiales, entre otros mecanismos de represión.
A continuación, el texto completo del informe:
«Una Constitución para asegurar la mordaza y mantener la libertad de expresión y la prensa independiente como conductas delictivas, ha sido el principal hecho en los últimos seis meses. Después de multitud de «debates» vigilados por el Ministerio del Interior y dirigidos por el Partido Comunista, y de una campaña y votación durante las que el régimen reprimió las expresiones de grupos políticos y de derechos humanos contrarias a la campaña por el Sí a la Constitución, el 24 de febrero fue aprobada la nueva Carta Magna. No retrocede en términos de libertades de expresión o prensa, pero repite la mayoría de las limitaciones a ellas establecidas por el anterior texto legal.
Los casos más graves en este período se concentran en la región oriental del país. Los periodistas Osmel Ramírez, Niober García Fournier y Roberto de Jesús Quiñones continúan con estricta prohibición de salir del país, e incluso, a veces, de salir de la provincia en que residen. Han sido detenidos o citados en diversas ocasiones y recibieron amenazas en contra de sus familias o de que serán apresados.
Periodistas que producen boletines comunitarios como Páginas Villareñas y Panorama Pinareño, fueron detenidos mientras repartían ejemplares. Se les decomisaron sus elementos de trabajo y transporte, y fueron amenazados con ser procesados.
Henry Constantín, vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa, fue detenido en la vía pública y amenazado con prisión si seguía trabajando. Los agentes traían consigo, el informe impreso que Constantín presentó en la asamblea de la SIP en Salta. Se le mantuvo la prohibición de viajar fuera del país hasta el 10 de marzo cuando estaba a una semana de cumplir dos años con ese castigo. Mientras
Constantín se encontraba fuera del país, un fiscal, un instructor penal, un agente de la policía, y otros tres agentes del Ministerio del Interior han contactado a sus padres en diferentes momentos y lugares, para comunicarles que su hijo «no debía salir del país porque está bajo investigación» por un delito no especificado, mencionando también que será encarcelado a su regreso al país.
El artículo 149 del Código Penal, «usurpación de capacidad legal», sigue siendo con el que más se amenaza a periodistas independientes. Hasta el momento en los dos últimos años ningún colega ha sido condenado.
La diseñadora de la revista Convivencia, Rosalia Viñas, tiene prohibido salir del país y Karina Gálvez, economista del Centro Convivencia y articulista de la revista homónima, fue condenada y se le prohíbe salir de su municipio. Otros colaboradores de esta revista son citados a interrogatorios cada vez que regresan del extranjero.
La Seguridad del Estado se ensaña contra mujeres de la prensa independiente. Suelen ser detenidas, interrogadas y amenazadas por hombres que les advierten que sus hijos podrían ser afectados.
La Constitución aprobada el 24 de febrero en un referéndum sin garantías democráticas y plagado de irregularidades reconoce las libertades de expresión y de prensa, pero subordina esta última a la legislación vigente o a leyes y reformas a discutirse en el mismo ambiente represivo y en el que se ha gestado la anterior legislación. Se reitera que los «medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus soportes», seguirán siendo de propiedad «socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas» y mantiene un ordenamiento político en el país en que todos los poderes públicos seguirán subordinados al Partido Comunista de Cuba (PCC), manteniendo el gobierno, los tribunales, el parlamento y el aparato económico sujetos a las directrices de la persona que ocupa el cargo de primer secretario del PCC.
Está en debate la Ley de Símbolos Nacionales que regula el uso de los símbolos y prohíbe su colocación en lugares o posiciones que las autoridades consideren inadecuados. Esto genera problemas a artistas, fotógrafos y comunicadores que usan elementos como la bandera cubana en sus productos.
Previo a la aprobación de la Constitución se publicó el Decreto 349 que penaliza a cualquier ciudadano que realice obras o actividades artísticas sin contar con aprobación de inspectores estatales y castiga a aquellos que brinden el espacio físico. El Decreto 349 ha contado con una activa oposición de una parte del gremio artístico, sobre todo en La Habana, e incluso, en estos momentos, guarda prisión un cantante, Maykell Osorbo, por haberse expresado en un concierto contra esa regulación.
La Ley de Asociaciones y las normas que regulan el trabajo por cuenta propia y la actividad económica del país continúan ignorando o prohibiendo cualquier intento de legalización y sustentabilidad financiera de los medios de comunicación. Los ciudadanos que manejan negocios privados evitan colocar anuncios a los medios independientes, por temor a ser castigados por el sistema estatal de inspectores, bajo el control del Partido Comunista y del Ministerio del Interior.
Los materiales que necesitan los medios impresos (papel, impresoras, tinta o polvo), no existen en el mercado formal, y debido a las restricciones que el estado impone a las importaciones, alcanzan altos precios en el informal. Por supuesto, tanto la posibilidad de tener sistemas de impresión sofisticados para tiradas abundantes, como la de vender o distribuir esos ejemplares, no existen. Ambas necesidades de los medios de prensa son considerados delitos por el Código Penal vigente, que junto a la Ley 88 continúan siendo las dos normas más peligrosas para el ejercicio de las libertades de expresión, información y prensa.
Un importante elemento positivo (prácticamente el único de alcance nacional) en este período, ha sido la activación del servicio de internet por datos, desde los teléfonos celulares. Aunque el precio de este servicio es enorme (a partir de unos 7 USD por 600 Mb, en un país cuyo salario promedio oficial está en unos 35 dólares), y que la calidad ha presentado problemas, la conectividad de los cubanos en la isla se ha incrementado, así como su participación en debates y su consumo de noticias, sobre todo a través de Facebook y WhatsApp.
Al mismo tiempo, aumentan los sitios webs relacionados con el periodismo que han sido bloqueados, sumándose a la lista el de Tremenda Nota, en los días previos al referéndum constitucional. Cubanet, Diario de Cuba, 14ymedio, Martinoticias, El Estornudo, Gatopardo, la SIP, junto a otra treintena de webs, continúan bloqueados, aunque algunos han tenido momentáneos desbloqueos.
Se reporta también un aumento del hackeo de cuentas en Facebook y Twitter, siempre pertenecientes a activistas de organizaciones políticas perseguidas por las autoridades. Los hackeos suelen venir sucedidos por el uso de esas cuentas en campañas de difamación contra opositores.
El sistema de educación sigue bajo control absoluto del régimen, que mantiene normas muy restrictivas contra la libertad de expresión en todos los niveles de enseñanza, y en ocasiones usa a maestros y funcionarios de educación para hostigar a los hijos de los periodistas independientes. Además, las autoridades persiguen y castigan toda expresión de disenso al interior de las universidades, siendo el caso más extremo el reciente interrogatorio por agentes de la Seguridad del Estado, y la posterior expulsión definitiva de los estudios universitarios de Jorge Enrique Cruz Batista, estudiante de arquitectura de la Universidad de Camagüey, acusado de pintar un cartel contra Díaz-Canel, dentro de la universidad.
El Ministerio del Interior sigue disponiendo del control sobre todas las instituciones públicas, las cuales usa para la vigilancia y represión continua de la libertad de expresión. Pero sus principales métodos en el periodo han sido los que se enumeran a continuación, y una lista no total de las víctimas es la que acompaña cada modalidad represiva:
Han sufrido detenciones: Oscar Padilla, David Himbert (periodista canadiense que intentó fotografiar la fachada de la sede de las Damas de Blanco), Adrián Quesada, Dunia Pérez, Felipe Solís, Yudeisi García, Zaray Fernández, Vladimir Turró, Roberto de Jesús Quiñones, Oscar Padilla, Jorge Enrique Rodríguez, Henry Constantín, Yoandry Limonta, Rolando Rodríguez Lobaina, Julián Marrero y Dixan Gaínza.
Han sido acosados directamente el esposo de Iris Mariño, el padre de Henry Constantín y la madre de Ana León.
Agentes de la Seguridad del Estado o la PNR han interrogado a Oscar Padilla, David Himbert, Adrián Quesada, Sandra Haces, Yoe Suárez, Roberto de Jesús Quiñones, Julián Marrero, Ana León y Henry Constantín.
Durante arrestos, han revisado, destruido o decomisado material de trabajo y bienes personales a David Himbert, Adrián Quesada, Dunia Pérez, Felipe Solís, Henry Constantin, Yoandry Limonta y Dixan Gaínza.
Han decomisado impresos periodísticos de los boletines Páginas Villareñas, Panorama Pinareño, de la revista La Hora de Cuba y Amanecer Habanero.
Han recibido amenazas de encarcelamiento, de ser acusados por delito de usurpación de capacidad legal, propaganda enemiga o se les ha aplicado actas de advertencia a Ileana Hernández, Roberto Rodríguez, Niober García Fournier, Adrián Quesada, Dunia Pérez, Felipe Solís, Vladimir Turró, Roberto de Jesús Quiñones, Henry Constantín, Augusto César San Martín y Ana León.
Rafael Almanza, colaborador de La Hora de Cuba y otros medios digitales, y Premio Nacional de Literatura Independiente, ha recibido al menos cuatro amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas.
Sandra Haces fue víctima de violencia verbal por parte de hombres policías. Fue agredido físicamente Pablo Morales.
Han sido citados a establecimientos del Ministerio del Interior Osmel Ramírez, Niober García, Augusto César San Martín, Yoel Alberto Romero, Ana León y Manuel Morejón.
En estos momentos tienen prohibición de viajar fuera de Cuba: Ana León, Ileana Hernández, Julio Aleaga, Amarilis Cortina, Rosalia Viñas, Karina Gálvez, José Antonio Fornaris, Niober García, Víctor Manuel Domínguez, Osmel Ramírez, Roberto de Jesús Quiñones y Abraham Jiménez.
Se les ha prohibido salir de su casa, o la provincia, durante eventos de importancia o por razón de condenas: Alberto Méndez, Roberto de Jesús Quiñones, Jorge Enrique Rodríguez, Henry Constantín, Rolando Rodríguez Lobaina, Lázaro Yuri Valle y Eralidis Frómeta.
Han sufrido revisión exhaustiva e injustificada de su equipaje en aeropuertos cubanos: Inalkis Rodríguez, Yoe Suárez y Henry Constantín.
Iris Mariño y Henry Constantín han sido seguidos en la vía pública por personas de civil con comportamiento de agentes del Ministerio del Interior, y a ella la han filmado. Además, la propia Iris perdió una demanda interpuesta para recuperar su puesto de trabajo como profesora tras comprobar que la Seguridad del Estado conocía de antemano la sanción, y ella misma fue luego expulsada de una organización artística estatal a la que pertenecía.
También se reporta un acto de repudio: Yoani Sánchez recibió uno al cubrir el conteo de votos en un colegio electoral, el pasado 24 de febrero.
Por otro lado, los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba trabajan en el país bajo la amenaza permanente de perder sus credenciales, que administra el régimen, y por lo tanto de perder su permiso de residencia, que depende de que mantengan su trabajo en la isla. Solo aquellos medios extranjeros que cuentan con corresponsales cubanos acostumbrados a trabajar en condiciones de ilegalidad pueden garantizar una cobertura realista de los acontecimientos del país, aunque corren indudables riesgos (como el periodista Jorque Enrique Rodríguez que fue arrestado a mediados de marzo mientras viajaba por carreteras cubanas).
Los problemas de la prensa en Cuba siguen siendo graves, y los métodos que usan las autoridades para reprimirla son idénticos a los empleados por quienes reprimen a la prensa en Nicaragua y Venezuela, lo cual indica que más que un problema local, se trata de un problema regional a partir de una misma entidad (el estado cubano) especializada en combatir la libertad de prensa.»
Consulte aquí los informes por país, las resoluciones y las conclusiones de la reunión.
