Los periodistas Silvia Reyes y Carlos Narváez fueron agredidos físicamente y amenazados de muerte mientras cubrían un proceso electoral en el estado de Quintana Roo.
(CENCOS/IFEX) – Los periodistas Silvia Reyes y Carlos Narváez, del diario «El Periódico de Quintana Roo» (sur), fueron agredidos física y materialmente el 5 de julio de 2009 por tres sujetos al momento de documentar la compra y coacción del voto por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Reyes y Narváez cubrían para el medio estatal «El Periódico de Quintana Roo» el proceso electoral intermedio cuando identificaron a activistas del PRI coaccionando y comprando votos, hecho que inmediatamente documentaron con sus cámaras fotográficas. Al ver esto, tres personas activistas del PRI los interceptaron y agredieron física y verbalmente con el objetivo de quitarles la cámara fotográfica y, antes de irse, los amenazaron de muerte.
En entrevista para CENCOS, Carlos Narváez comentó sobre los hechos: «Levantamos la denuncia correspondiente en el Ministerio Público del Fuero Común por delitos de robo, lesiones dolosas y tentativa de homicidio. El número de la denuncia es AP/ZN/PYA/01/1712/7-2009. Estos sujetos tienen nexos con Juan Carlos Serrano Pinzón, esposo de Ursula Cavich, Directora de Atención Ciudadana del Municipio de Solidaridad. Pero estamos preocupados porque nos amenazaron de muerte y nos dijeron que saben quiénes somos y dónde andamos, entonces esperemos que nada nos pase».
El 7 de julio, la funcionaria Cavich dio a conocer a través de un boletín que dejaría su cargo para facilitar las investigaciones. Sin embargo, los periodistas continúan siendo amedrentados al igual manera que aquellos colegas (de quienes no se escribe el nombre por seguridad) que han manifestado su apoyo y solidaridad con Narváez y Reyes.
Por ello, CENCOS hace un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo para que lleve un seguimiento puntual de los hechos y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a realizar las investigaciones necesarias a fin de ubicar a los responsables de las amenazas, y a garantizar la integridad de Narváez y Reyes y la de sus colegas intimidados.
Este tipo de agresiones no sólo afecta al gremio periodístico, sino a la sociedad en su conjunto, pues se impide el libre flujo de información. Al carecer de estas fuentes fundamentales en cualquier régimen democrático se socava la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas. Impedir u obstaculizar este derecho se traduce en una amenaza directa para la consolidación de la democracia.
