Una juez prohibió la entrada a los medios de comunicación a la sede del Palacio de Justicia. Policías intentaron arrestar un concejal quien opinó en su programa de radio sobre una denuncia de presunta corrupción dentro de la policía de Puerto Píritu.
(IPYS/IFEX) – El 22 de julio de 2009, la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Venicce Blanco, prohibió la entrada a los medios de comunicación, tanto privados como estatales, a la sede del Palacio de Justicia.
Mayela León, una reportera de Globovisión, señaló que les comunicaron que dicha medida estará vigente «hasta nuevo aviso».
Es la tercera vez en lo que va de 2009 que se prohíbe la entrada de la prensa a este organismo. La primera ocurrió el 20 de abril, cuando se iba a desarrollar una audiencia al ex alcalde de Maracaibo, Manuela Rosales. La otra fue el 17 de julio, cuando el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, tuvo que acudir a los tribunales por el caso de una de sus empresas acusada de acaparamiento.
En esta oportunidad los periodistas cubrían una nueva audiencia de Zuloaga, por el mismo caso.
Por otra parte, el 21 de julio de 2009, una treintena de policías llegó hasta la sede de la emisora Playera 101.9 FM para arrestar al concejal de oposición y coordinador del partido Primero Justicia Emilio Guzmán, quien opinó en su programa «Claro y Raspao» sobre una denuncia de presunta corrupción dentro de la policía de Puerto Píritu, en la provincia de Peñalver, estado Anzoátegui, al noreste del país.
Según Guzmán, los agentes pretendían llevarlo a la comandancia, para hablar con el comisario Daniel Silva. A su juicio, los efectivos pretendían amedrentarlo por las denuncias de presunta corrupción comentada en su programa.
Aseguró que los policías no presentaron ni orden de detención ni de comparecencia emitida por la fiscalía o por los tribunales de justicia, por lo que se negó a abandonar la sede de la emisora. El piquete de policías permaneció apostado durante dos horas frente a la radio.
Guzmán denunció el acoso policial ante la Fiscalía del Ministerio Público, así como ante la comandancia de la Policía del Estado Anzoátegui.
