La mayor desazón proviene del saldo de 16 periodistas asesinados en los últimos seis meses, la cifra más alta de los últimos años.
Conclusiones de la 65a Asamblea General de la SIP – Buenos Aires, Argentina, del 6 al 10 de noviembre, 2009
(IAPA/IFEX) – La acción coordinada de gobiernos para controlar a la prensa y el desprestigio constante al que la someten, el avance desmesurado de la violencia contra los periodistas, la proliferación de leyes restrictivas y arbitrarias decisiones judiciales que limitan la labor informativa, son claros indicios del deterioro de la libertad de prensa y el consiguiente debilitamiento del sistema democrático.
La mayor desazón, sin duda, proviene del saldo de 16 periodistas asesinados en este semestre (ocho en México, tres en Honduras, dos en Guatemala, dos en Colombia y uno en El Salvador), la cifra más alta de los últimos años, que tiene que ver no solo con la violencia extrema del crimen organizado sino con la impunidad y el creciente deterioro de la seguridad pública, lo cual constituye una preocupación central de los ciudadanos en cada rincón del continente.
Condenamos enérgicamente la permanencia en prisión de 27 periodistas en Cuba, muchos de ellos con graves problemas de salud. Este país también se distingue como uno de los mayores controladores y censuradores del Internet habiendo desarrollado mecanismos de restricciones y amedrentamiento especial contra la nueva modalidad de blogueros.
En todo el continente se observa que la pobreza que persiste por el escaso desarrollo económico y la iniquidad imperante en la mayoría de los países de las Américas sirve de caldo de cultivo para una tendencia al autoritarismo.
Los más altos funcionarios de varios gobiernos actúan como si la libertad de expresión y la independencia del poder judicial impidieran las indispensables transformaciones para erradicar la miseria. Sin embargo, la persecución al periodismo y a toda opinión distinta a las del poder sólo ha servido para iniciar el lento y tortuoso tránsito hacia totalitarismos de naturaleza corrupta que únicamente causan más pobreza y violencia. Estos regímenes han llegado a canalizar su agresividad en preparativos para guerras con otros países, como ocurre con Venezuela, donde sobre esa base se podrían suspender garantías constitucionales.
Por lo tanto, no es casualidad que varios gobiernos estén ahora unidos por una ideología exportada desde Venezuela por el presidente Hugo Chávez, quien propició una ley de «delitos mediáticos» que luego fue propuesta por la Fiscalía General. También ese gobierno ha cerrado 34 emisoras en este período.
Esta tendencia de manipulación legal se refleja en otras legislaciones de diversos países, como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales promovida por el gobierno de Argentina en el marco de una inédita campaña de hostigamiento contra los medios independientes; el Proyecto de Ley de Comunicación que discute la Asamblea Nacional en Ecuador y sus réplicas como una propuesta ley de medios en El Salvador.
El avasallamiento contra la libertad de expresión legitimado por reformas constitucionales y leyes hechas a medidas está concatenado con la creación y adquisición de medios por parte del Estado y sectores cercanos al poder, que son utilizados como órganos de propaganda.
Otras leyes que buscan el control de contenidos han sido propuestas o están siendo discutidas en los Parlamentos de Colombia, Chile y Uruguay, mientras que Brasil está organizando una conferencia nacional sobre medios que podrá derivar en la creación de medidas de control de la prensa.
Por otra parte, lejos de cesar las prácticas discriminatorias en el otorgamiento de la publicidad oficial, varios gobiernos, como los de Argentina, Aruba y Antillas Holandesas, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela, siguen utilizándola como instrumento de coacción o beneficios para medios y periodistas.
Otra tendencia claramente visible dentro de este marco de restricciones es la paralización de proyectos de ley sobre acceso a la información pública, como en El Salvador y Bolivia, o que tienen una aplicación ineficiente como en Chile, Ecuador, Panamá, Nicaragua y Puerto Rico, o que son inexistentes en países como Venezuela y Cuba.
Cabe señalar que hay algunos aspectos positivos como la despenalización de los delitos de difamación e injurias en Uruguay y el envío al Congreso argentino por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley para despenalizar los delitos de injurias y calumnias, en base a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
