Efectivos de la Guardia Nacional ingresaron a la sede del diario "De Frente" para revisar documentos legales y permanecieron allí por tres días.
(IPYS/IFEX) – La mañana del 14 de diciembre de 2009, unos 15 efectivos de la Guardia Nacional, armados con fusiles y comandados por el Teniente Coronel Roque Carmona Nieves, el Fiscal Cuarto de Barinas del Ministerio Público Arlo Arturo Urquiola, y un funcionario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), ingresaron a la sede del diario «De Frente» para revisar documentos legales de la empresa. El hecho ocurrió en el estado de Barinas, al sur del país.
La acción tuvo como fin investigar los activos del medio y comprobar si pertenecen al empresario Ricardo Fernández Barrueco, investigado y preso en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) por el caso de manejos irregulares en algunos bancos de su propiedad, recientemente intervenidos.
La inspección al diario se realizó dos días después de que el General de la Guardia Nacional Luis Alberto Motta, coordinador del equipo encargado de recuperar empresas pertenecientes a Ricardo Fernández, anunció en una conversación pública con el Presidente Hugo Chávez que sería revisado un periódico del estado Barinas.
Periodistas del diario informaron al IPYS que entre los actuales dueños del diario figura Rubén Hernández (quien lo habría adquirido hace un año), un publicista que participó en la campaña del actual gobernador del estado Barinas, Adán Chávez.
Los efectivos permanecieron en el diario durante tres días, dejando la sede el 16 de diciembre. El medio continuó con sus labores en presencia de los oficiales, que todo el tiempo portaron sus armas.
IPYS manifiesta su preocupación por la estadía de efectivos militares uniformados y armados en este medio de comunicación, que causó temor entre los periodistas que allí trabajan.
Por otra parte, el 8 de diciembre, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) que investigan la muerte de un estudiante universitario en las protestas sucedidas en el estado Táchira, al sur del país, incautaron material fílmico elaborado por la corresponsalía de RCTV Internacional, como evidencia para el esclarecimiento del crimen.
La periodista Yamile Jiménez, corresponsal de RCTV Internacional en Táchira, narró que los funcionarios del CICPC la llamaron varias veces amenazándola con allanar su despacho si en 24 horas no entregaba el material. Luego, aparecieron en su oficina.
Según la periodista, los videos podrían comprometer a personas que dispararon contra la manifestación, que dejó como saldo un estudiante muerto y al menos 10 heridos. Sin embargo, denunció la forma amenazante con que el CICPC pidió el material, llegando a su oficina de noche y en actitud hostil.
Cuando los funcionarios incautaban los videos y al percatarse de que la prensa registraba el hecho, éstos exigieron a la periodista que firme un escrito dirigido al organismo de seguridad, dejando sentado la entrega de lo requerido.
Los hechos ocurren en medio de un clima de protestas estudiantiles por la falta de combustible y energía eléctrica y contra la muerte de uno de sus compañeros.
