(RSF/IFEX) – En una carta dirigida a Alfonso Portillo, presidente de la República, RSF ha pedido que Jose Mario Chigua, miembro del Frente Republicano Guatemalteco (FRG, en el poder) y Edgar Orellana, funcionario, sean citados en el plazo más breve posible. En efecto, sus nombres aparecen en una investigacion que lleva a cabo la Procuraduría […]
(RSF/IFEX) – En una carta dirigida a Alfonso Portillo, presidente de la República, RSF ha pedido que Jose Mario Chigua, miembro del Frente Republicano Guatemalteco (FRG, en el poder) y Edgar Orellana, funcionario, sean citados en el plazo más breve posible. En efecto, sus nombres aparecen en una investigacion que lleva a cabo la Procuraduría de los Derechos Humanos, sobre el asesinato del periodista Jorge Mynor Alegría Armendáriz. «Por encontrarse amenazadas las vidas de un miembro del equipo del Procurador y las de varios testigos, en el marco de este caso, es imprescindible que Ud. dé instrucciones para que la investigacion avance lo más de prisa posible, cualquiera que sea el color político de los sospechosos», ha declarado Robert Ménard, secretario general de RSF.
La organizacion ha expresado también su preocupacion por las declaraciones de Jorge Pérez, portavoz presidencial, el 19 de septiembre de 2001, amenazando a algunos medios de comunicacion con acciones legales si continúan publicando «noticias sin sustento». La organizacion ha pedido al presidente que garantice el libre ejercicio del periodismo así como la seguridad de los profesionales de la informacion. Desde el 1 de enero, unos veinte periodistas han sido amenazados o agredidos en Guatemala.
Recuerdo de los hechos
Alegría Armendáriz, director del programa «Línea Directa» de Radio Amatique, emisora situada en Puerto Barrios, en el Departamento de Izabal (este de Guatemala) fue asesinado por dos desconocidos que le esperaban frente a su domicilio, el 5 de septiembre. Los dos hombres dispararon seis veces antes de darse a la fuga en una moto.
Conclusiones de la investigacion
Según las informaciones recogidas por RSF, Julio Arango, Procurador de los Derechos Humanos, anuncio el 20 de septiembre, que la investigacion sobre este asesinato, efectuada por sus servicios, había llegado a la conclusion de que «los autores intelectuales podrían ser funcionarios de la municipalidad [de Puerto Barrios] y de [la empresa publica] Portuaria Santo Tomás, señalados de corrupcion en el programa radial» del periodista. Este último había acusado a Chigua, alcalde de Puerto Barrios, miembro del FRG. También había denunciado las presiones ejercidas por los dirigentes de Empornac (Empresa Portuaria Santo Tomás), la empresa pública que administra el puerto de la ciudad, sobre varios empleados que criticaban la corrupcion en el seno de la empresa.
La investigacion de la Procuraduría de los Derechos Humanos recuerda que el alcalde de Puerto Barrios había amenazado de muerte al periodista durante una emision. Relata también que Orellana, responsable de las relaciones publicas de Empornac y de la municipalidad, había contactado a Alegría Armendáriz en varias ocasiones, para proponerle dinero o un empleo a cambio de su silencio. Según un artículo publicado el 25 de septiembre por el diario «Prensa Libre», las revelaciones del periodista sobre asuntos de corrupcion han sido corroboradas por un informe de la Contraloría de la Nacion que cifra a varios cientos de miles de dolares la suma de las malversaciones realizadas por la municipalidad y la empresa publica.
La investigacion concluyo también que los autores materiales del asesinato podrían ser empleados públicos de los cuerpos de seguridad del Estado, actuando con premeditacion. Arango ha transmitido al Ministerio público las conclusiones de la investigacion. Pide a los investigadores, cuyas pistas de investigacion han sido cualificadas de «no credibles» por varios observadores, que realicen una «investigacion exhaustiva» sobre la base de esas revelaciones, y solicita proteccion para los testigos. El día después de la conferencia de prensa, el representante del Procurador de los Derechos Humanos en Puerto Barrios recibio amenazas de muerte.
Amenazas hacía los medios de comunicacion
Por otra parte, el 19 de septiembre, el portavoz presidencial, Jorge Peréz, amenazo a la prensa escrita con emprender acciones legales si continuaba publicando «noticias sin sustento». En agosto, el diario «El Periodico» revelo la supuesta erogacion de 220 mil quetzales (US$27 707; 30 500 euros) anuales por parte del Estado Mayor Presidencial para sufragar los estudios de la hija de Portillo. El diario denuncio también la compra presumida, efectuada por el secretario privado de la Presidencia, de un helicoptero para el presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. Por último, el diario revelo que Francisco Alvarado Macdonald, proximo al presidente Portillo y financista de la campaña del FRG, habría regalado un Mercedes Benz blindado al presidente nicaragüense. La redaccion de «El Periodico» manifesto su inquietud después de que uno de sus editores fue seguido, el 20 de septiembre, por dos desconocidos que circulaban en un coche robado.
Desde el 1 de enero, veinte periodistas guatemaltecos han sido amenazados o agredidos, especialmente después de haber denunciado asuntos de corrupcion o presuntas irregularidades en el seno de la administracion. A finales de marzo, Sylvia Gereda, Luis Escobar, Enrique Castañeda y Martín Juarez, del diario «El Periodico», ya fueron víctimas de amenazas y agresiones tras la publicacion en el diario de una investigacion sobre la supuesta malversacion de fondos del presidente del banco Crédito Hipotecario Nacional, en la que se implicaba a algunos miembros del gobierno (ver las alertas de IFEX del 17, 6 y 2 de abril y 30 de marzo de 2001).
