CPJ revela cómo el crimen, la violencia y la corrupción, promovidos por el narcotráfico, han destruido a la prensa y socavado los derechos de la libre expresión y el acceso a la información.
(CPJ/IFEX) – Nueva York, 8 de septiembre de 2010 – En todo el territorio mexicano, desde la frontera hasta la Sierra Madre, bandas criminales y narcotraficantes controlan la cobertura informativa. Utilizan los asesinatos, los secuestros y las amenazas para censurar a la prensa. También extorsionan a periodistas corruptos para conseguir una cobertura noticiosa favorable o para atacar a sus enemigos.
En este nuevo informe, Silencio o muerte en la prensa mexicana, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) revela cómo el crimen, la violencia y la corrupción, promovidos por el narcotráfico, han destruido a la prensa y socavado los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y acceso a la información. «El gobierno está perdiendo tanto la guerra de la información como la guerra en las calles», escribe Joel Simon, director del CPJ, en el prólogo del informe, ahora disponible en la Internet y en forma impresa, tanto en su versión en español como en inglés.
Más de 30 periodistas han sido asesinados o han desaparecido en México solo en los últimos cuatro años, según el registro del CPJ, un número que iguala a países asolados por conflictos armados, como Irak y Somalia. Casi la totalidad de estos asesinatos no han sido esclarecidos, como consecuencia no sólo de la negligencia e incompetencia de las autoridades, sino también de la corrupción generalizada entre las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales, especialmente en el nivel estatal y local, escribe Carlos Lauría, coordinador senior del Programa de las Américas del CPJ y coautor del informe.
Desde la ciudad noroccidental de Durango, Mike O’Connor, también coautor del informe, relata el caso del reportero Bladimir Antuna García, quien fue secuestrado en plena luz del día en una avenida principal, y horas después encontrado muerto. Las autoridades no han hecho prácticamente nada para esclarecer este crimen. «Dado que nadie sabe quién asesinó al periodista Antuna García», escribe O’Connor, «los periodistas dicen que la investigación periodística sobre crímenes prácticamente se ha paralizado».
Y eso está sucediendo en múltiples ciudades alrededor del país, según pudo determinar el CPJ. Reporteros honestos son forzados a censurarse y esconder información elemental para la audiencia. En Reynosa, a lo largo de la frontera nororiental con los Estados Unidos, el cartel del Golfo controla casi todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el gobierno, los organismos de seguridad y la prensa misma. «El control del cartel es tan extenso que los policías, los taxistas y los vendedores ambulantes fungen como sus espías, vigilando los patrullajes del ejército mexicano, alertando a los narcotraficantes rivales, observando a los investigadores federales, advirtiendo incluso a sus conciudadanos», señala O’Connor.
En el informe, el CPJ examina la incapacidad del Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el Congreso para abordar esta devastadora situación. «Los propios gobiernos estatales y municipales tan profundamente corrompidos por los grupos delictivos siguen en gran medida a cargo de combatir los delitos contra la libre expresión, incluyendo asesinatos, amenazas y ataques contra periodistas y medios de comunicación», escribe Lauría. «Sus antecedentes, un fracaso casi completo para hacer cumplir la ley en los delitos contra la prensa, requieren que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo actúen de manera urgente para asumir la responsabilidad por esta crisis nacional».
El informe del CPJ insta al Congreso y al presidente a adoptar reformas eficaces para federalizar los crímenes contra la libertad de expresión, asignar a las autoridades federales jurisdicción para investigar y enjuiciar a los perpetradores de los ataques contra la prensa y otorgar responsabilidad por la ejecución de estas acciones a miembros de alto rango del gobierno nacional.
