Se abordó la necesidad de que las organizaciones de periodistas y de libertad de expresión continúen y sumen medidas que promuevan y sostengan procesos para garantizar a periodistas y medios de comunicación el derecho a ejercer su labor.
(CENCOS/IFEX) – México D.F., 20 de septiembre de 2010 – Durante los días 9 y 10 de septiembre de 2010, organizaciones internacionales y mexicanas dedicadas al tema de la libertad de expresión se reunieron en la Ciudad de México con el fin de compartir experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad para periodistas, y explorar posibles acciones coordinadas de protección a largo plazo que den respuesta a las necesidades de seguridad de las y los periodistas mexicanos.
El seminario «Seguridad, protección y libertad de expresión en México», diseñado por International Media Support, Open Society Institute y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), se enmarca en las acciones que diversas organizaciones no gubernamentales mexicanas e internacionales realizan para exigir al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones internacionales de prevenir, investigar y sancionar las violaciones al derecho a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación.
México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y las medidas adoptadas por el Estado resultan insuficientes para contrarrestar este serio problema. Es así que la inseguridad para periodistas en México ha aumentado y la respuesta estatal ha dado pocos y pobres resultados, además de carecer de una visión integral, que reconozca los impactos diferenciados en mujeres y hombres.
Ante la falta de una respuesta eficaz del Estado, las organizaciones presentes en el seminario destacaron la necesidad de reforzar su trabajo en el apoyo, impulso e incidencia en temas urgentes de la agenda pública con el objetivo de garantizar el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en México. Entre estos temas destacan: la exigencia de que el Estado combata la impunidad, mediante la asignación de los recursos y competencias adecuadas a la Fiscalía Especial y la federalización de delitos contra la libertad de expresión; impulsar la efectiva implementación de las recomendaciones emitidas en los últimos años por los organismos internacionales de derechos humanos, tales como las que emanaron de la reciente visita oficial conjunta de las relatorías para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU); promover la creación de un mecanismo nacional especializado en protección para periodistas; pugnar por una legislación que garantice la pluralidad y diversidad en los medios de comunicación audiovisual; impulsar la incorporación de una visión transversal de género en el desarrollo de políticas de prevención, atención y protección a periodistas; y apoyar nuevas iniciativas dedicadas a protección.
Las organizaciones coincidieron también en que debe continuar la presión por parte de la comunidad nacional e internacional para que el Estado mexicano asuma sus responsabilidades. Sin embargo, y ante la falta de garantías para asegurar el libre flujo de información, se identificó la necesidad urgente de que tanto las propias organizaciones de periodistas y de libertad de expresión como los medios de comunicación y los y las periodistas promuevan y adopten medidas alternativas de protección. Esto incluye tomar consciencia del contexto y del riesgo para el ejercicio periodístico; adoptar las medidas preventivas adecuadas para la cobertura en zonas de riesgo; promover acciones de capacitación a periodistas y medios de comunicación para mejorar la calidad del ejercicio periodístico, y considerar el apoyo profesional y psicológico que en su caso requieran las víctimas de agresiones. Esto último no exime a las autoridades de cumplir con sus responsabilidades.
Así mismo, se abordó la necesidad de que las organizaciones de periodistas y de libertad de expresión continúen y sumen medidas que promuevan y sostengan procesos para garantizar a periodistas y medios de comunicación, incluyendo a medios comunitarios, el derecho a ejercer su labor. En ese sentido se destacó la oportunidad de que se involucren actores claves como la academia y a la ciudadanía en general para abonar en el fortalecimiento de dichas acciones.
