El presidente de FECOPER le dijo a la FLIP que le llama la atención que en el panfleto se haga mención a las denuncias judiciales sobre la última amenaza y resalta su preocupación porque no ha conocido avances en la investigación.
(FLIP/IFEX) – El 19 de marzo de 2011 la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) conoció un nuevo panfleto que empezó a circular desde el 14 de marzo a través del correo electrónico, en el que se amenaza de muerte a defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, entre estas la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); y a cuatro periodistas del país.
El escrito, firmado por el bloque capital de las «Águilas Negras D.C.», señala que: «continuamos declarando objetivo militar y plan de exterminios contra los guerrilleros que se cubren el rostro con la fachada de ongs y organizaciones de desplazados y quienes les ayudan con el paradigma de defensores de derechos humanos. No descansaremos hasta verlos muertos (sic)».
En este nuevo panfleto se declara como objetivo militar a varios periodistas del país: Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER; Hollman Morris, director de «Contravía»; Daniel Coronell, ex director de Noticias Uno y actual vicepresidente de noticias de la Univision; Marco Perales Mendoza, director del «Periódico Portada» de Bucaramanga y la periodista Claudia Julieta Duque de Radio Nizkor.
A mediados de febrero, apareció un panfleto similar firmado por el mismo grupo ilegal donde se señalaba como objetivo militar a FECOLPER, entre otras organizaciones de derechos humanos, y los demás periodistas que ahora son amenazados. En el nuevo escrito se hace alusión a las denuncias puestas en la Fiscalía por los amenazados luego que se conoció el primer panfleto: «Están creyendo que por que colocan denuncias en la fiscalía . . . se van a salvar, vamos a empezar a limpiar ‘Tequendama’ . . . y esto apenas es el inicio de limpieza con todas las organizaciones que se interponen en nuestro paso (sic)».
Eduardo Márquez le dijo a la FLIP que le llama la atención que en ésta amenaza se haga mención a las denuncias judiciales y resalta su preocupación porque no ha conocido avances en la investigación. Por su parte, Claudia Julieta Duque sostiene que conoció el panfleto solo desde el 19 de marzo. Dice creer que en éste, como en el pasado panfleto, hay miembros del Ejército involucrados y que así se lo hizo saber a la Fiscalía en la denuncia.
En comunicación con la FLIP, el periodista Marco Perales señaló que ha «solicitado que se investigue el origen de la amenaza y se adopten medidas por parte de las autoridades para garantizar el ejercicio de la profesión».
La FLIP se comunicó con la unidad de derechos humanos de la Fiscalía, pero no fue posible hablar con ellos. Por otro lado, miembros de la unidad de investigaciones tecnológicas de la policía y de la coordinación de derechos humanos del CTI (Cuerpo Tecnico de Investigacion) manifestaron no tener conocimiento de los hechos. Sin embargo, el capitán Luis Fernando Atuesta, jefe de delitos informáticos de la Policía Nacional, dijo que va a adelantar las investigaciones pertinentes, una vez que tenga toda la información por parte de los afectados.
En el panfleto también se mencionan organizaciones de derechos humanos, como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACÍN), la Liga de Mujeres Desplazadas, entre otras.
En el último Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgo (CRER) de periodistas realizado el 18 de febrero, se puso en conocimiento de las autoridades la situación de los reporteros y se aprobó revisar su nivel de riesgo. Hasta la fecha se desconocen los resultados. A su vez, la FLIP se reunió a comienzos de marzo con Vivian Morales, fiscal General de la nación, para manifestarle la preocupación por la falta de avances en las investigaciones judiciales por amenazas contra periodistas.
La FLIP rechaza estas intimidaciones contra FECOLPER, los cuatro periodistas y demás organizaciones mencionadas en el correo electrónico. Además, manifiesta su preocupación por la falta de reacción por parte de la Policía Nacional en la realización de los estudios de riesgo y por los inexistentes avances en las investigaciones judiciales. Se le solicita al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional brindar las medidas de protección pertinentes y a la Fiscalía General de la Nación, investigar y judicializar a los responsables de estos dos panfletos.
