Esta política de criminalización de la radiodifusión no autorizada ha sido calificada como desproporcional por las relatorías de libertad de expresión de la CIDH y las Naciones Unidas.
(AMARC/IFEX) – el 22 de marzo de 2011 – El gobierno mexicano ha decidido continuar con su política de cierres de radios y el levantamiento de demandas penales contra quienes usan una frecuencia radioeléctrica sin autorización, en lugar de crear una legislación y políticas públicas que generen condiciones para la existencia legal de las emisoras, tal como se lo han recomendado diversos organismos internacionales de derechos humanos.
Según información surgida de diversas radios, en las recientes dos semanas se han dado cierres en los estados de Puebla y Veracruz, a donde han llegado peritos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), acompañados de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Policía Federal Preventiva, además de algunas personas identificadas como integrantes de emisoras comerciales locales.
En Xaltepec, Puebla (al oriente del país), alrededor de treinta elementos en 6 camionetas y una tanqueta se apostaron a las entradas del pueblo «para evitar que la población les impidiera el cierre de la radio», según expresaron a algunas personas. Posteriormente se dirigieron a Radio Xalli y sin presentar orden o escrito alguno, exigieron al director de la emisora presentarles el título de permiso. Esta emisora campesina obtuvo su permiso de operación en febrero de 2010, por lo que la acción de las autoridades fue abusiva e intimidatoria, dado que la Cofetel cuenta con toda la información de las emisoras permisionadas.
En otro de los operativos, los funcionarios de la Cofetel se presentaron nuevamente en las instalaciones de lo que era Radio Diversidad, en Paso del Macho, Veracruz, aún cuando desde el año pasado ya la habían cerrado con lujo de violencia. Como consecuencia de este cierre dos de los integrantes de este proyecto libran actualmente procesos penales por la aplicación del artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales que determina penas de cárcel a quién opere un bien de la nación sin concesión o permiso. Esta política de criminalización de la radiodifusión no autorizada ha sido calificada como desproporcional por las relatorías de libertad de expresión, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de las Naciones Unidas. El uso del espectro radioeléctrico sin autorización es únicamente una falta administrativa, no un delito.
Con estas acciones, las autoridades continúan su política de criminalizar el legítimo derecho de las comunidades y la ciudadanía a la libertad de expresión a través de la radiodifusión comunitaria. De esta manera, pretenden ignorar que existen exigencias de la sociedad a tener otras expresiones a través de los medios.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) hace un llamado a las autoridades para que detengan la criminalización de las radios comunitarias y busquen soluciones a la exigencia de la sociedad para diversificar las voces en los medios de comunicación en México.
