La despenalización se ha vuelto urgente en Perú, donde una alentadora reforma del código penal, adoptada en julio de 2011, aún no ha sido promulgada.
(RSF/IFEX) – el 5 de enero de 2012 – El fin de las penas de prisión y de las multas exorbitantes por los delitos de “difamación”, “injuria” o “calumnia” continúa siendo una de las etapas claves en el mejoramiento general de la situación de la libertad de informar al sur del continente. En este sentido, Argentina y Uruguay han puesto el ejemplo; falta dar este paso en Ecuador, marcado por el caso de El Universo, en Bolivia, en Colombia o en Chile. La despenalización se ha vuelto urgente en Perú, donde una alentadora reforma del código penal, adoptada en julio de 2011, aún no ha sido promulgada. ¿El presidente Ollanta Humala cumplirá las promesas que hizo ante el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) poco más de un mes antes de que fuera elegido en el escrutinio del 5 de mayo de 2011?
Reporteros sin Fronteras constata que, lejos de las intenciones personales expresadas por el jefe de Estado, numerosas acciones judiciales y demandas abusivas continúan obstaculizando la libre circulación de información y de opiniones, e incluso incitando a periodistas y blogueros a la autocensura. El encarnizamiento procesal se manifiesta en especial cuando en un artículo o un reportaje se acusa a un político, se denuncian casos de corrupción o de conflictos de interés, o se cuestiona la colusión, en ocasiones real, entre algunos representantes de las fuerzas del orden y el crimen organizado.
Año trágico para la prensa peruana por el asesinato de tres de sus miembros, 2011 también estará marcado por los seis meses de detención del periodista audiovisual Paul Garay Ramírez, condenado injustamente por “difamación” de un fiscal. En otros casos pendientes se espera que las más altas instancias del país cumplan sus promesas; de ello depende el futuro de la libertad de informar y del derecho de crítica.
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