(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP: La SIP califica como represiva acusacion penal contra diario y periodista mexicanos Miami (2 de mayo del 2001) — La Sociedad Interamericana de Prensa considero como una medida represiva y atentatoria a la libertad de informar la acusacion penal contra el director […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP:
La SIP califica como represiva acusacion penal contra diario y periodista mexicanos
Miami (2 de mayo del 2001) — La Sociedad Interamericana de Prensa considero como una medida represiva y atentatoria a la libertad de informar la acusacion penal contra el director y una periodista del diario Reforma de México, a raíz de la publicacion sobre irregularidades en la administracion pública de la Ciudad de México.
La denuncia contra el matutino fue interpuesta por la ex jefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, quien se sintio difamada por la informacion periodística publicada el 12 de abril pasado, sobre faltantes de dineros públicos bajo su gestion de gobierno.
El director del Grupo Reforma, Alejandro Junco de la Vega, y la periodista autora de la nota, Carolina Pavon, comparecieron el jueves pasado ante un funcionario de la fiscalía mexicana, y sorprendio que se les negara el derecho a recibir una copia de la acusacion. El Grupo Reforma revelo que recibio 14 denuncias penales hechas por funcionarios, en su mayoría, en los últimos cuatro meses.
«La labor periodística se ve seriamente afectada por ataques como éste en donde un periodista enfrenta una acusacion criminal por informar a la ciudadanía sobre asuntos de interés general», afirmo el presidente de la SIP, Danilo Arbilla, Búsqueda, Montevideo, Uruguay. Agrego que «las sistemáticas denuncias penales en contra de periodistas y medios de comunicacion constituyen una intimidacion y una amenaza al sistema democrático».
Arbilla dijo que en México es preocupante la administracion de Justicia, al explicar que el Ministerio Público, que tendrá a su cargo investigar la denuncia de la ex funcionaria ejecutiva, depende del propio Poder Ejecutivo. «Podríamos estar entonces ante una justicia injusta y parcial que tiene la potestad de erigirse en juez y parte», subrayo.
Al respecto, Arbilla observo que en 1998 la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organizacion de Estados Americanos (OEA), en su informe anual sobre México, dictamino que el monopolio exclusivo del ministerio público en la accion penal, «ha generado distorsiones, abusos y manipulaciones». El informe también recomendo cambios en ese sentido dentro del sistema judicial mexicano.
«Los funcionarios deben entender que sus denuncias contra los medios de comunicacion no pueden servir de presion para tratar de modificar su línea editorial. Al optar por seguir una carrera pública, los funcionarios deben saber que están sometidos a la crítica y al escrutinio público, funcion de control que tiene la ciudadanía y para la cual es imprescindible que la prensa cumpla su labor informativa sin ningún tipo de impedimento. Así lo han especificado los tribunales en fallos sobre la libertad de prensa», añadio Arbilla.
La SIP aboga por la despenalizacion de la difamacion e injuria por considerar que el juzgamiento de los periodistas en los fueros criminales, por sus publicaciones sobre asuntos de interés general, es un precio demasiado alto para la libertad de prensa y el derecho a la informacion.
La SIP, que agrupa a más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, también ve favorablemente la eliminacion de las leyes de desacato que brindan a los funcionarios una proteccion indebida por sobre cualquier ciudadano cuando por su condicion, su tarea debe ser más transparente que ninguna y debe estar sometida a la crítica.
