En el marco de protestas el 1 de diciembre, contra la inauguración de Enrique Peña Nieto como presidente de México, varios reporteros, foto-reporteros y ciudadanos que intentaban registrar los enfrentamientos, resultaron agredidos físicamente y detenidos arbitrariamente por diversas corporaciones policiacas.
(Cencos/IFEX) – 3 de diciembre de 2012 – En el marco de las protestas a las que asistieron diversos grupos sociales el pasado sábado 1 de diciembre, contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México, varios reporteros, reporteras, foto-reporteros y ciudadanos de a pie que intentaban registrar los enfrentamientos, además de colectivos de arte, resultaron agredidos físicamente y detenidos arbitrariamente por diversas corporaciones policiacas tras 7 horas de disturbios.
Durante los enfrentamientos, se documentó el uso de balas de goma por parte de la Policía Federal, mismas que provocaron un traumatismo craneoencefálico a Juan Francisco «Kuy» Kendall de 67 años de edad, entre otros heridos de gravedad, siendo un total de 105 con múltiples lesiones; 29 requirieron atención hospitalaria y nueve de ellos requirieron ser trasladados al Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana en Polanco.
Los primeros enfrentamientos tuvieron inicio a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro donde se encontraban cinco mil policías federales resguardando el cerco impuesto desde hace unos días para impedir que los manifestantes se acercaran al recinto. Posteriormente el cuerpo de granaderos cercó a los manifestantes que se encontraban en las calles del centro histórico, principalmente en Filomeno Mata y a los alrededores del Palacio de Bellas Artes, donde ocurrieron la mayoría de las detenciones arbitrarias y golpizas a civiles, entre ellos, adultos mayores y menores de edad.
En los hechos resultó herida la fotoperiodista Quetzalli González, colaboradora del diario Excélsior, quien al recibir el golpe de una lata de gas proveniente de la policía resultó con una herida en el rostro, mientras hacía tomas en las inmediaciones del recinto de San Lázaro. Su hermano ha desmentido a través de su cuenta de Twitter que la agresión hubiera provenido de parte de los manifestantes, como se aseguró en las primeras versiones.
Óscar Balmen, reportero del periódico El Universal, denunció el robo de su teléfono móvil por parte de personal del Estado Mayor Presidencial, con el que fotografiaba el lanzamiento de bombas. Balmen resultó herido y afectado por las bombas de gas lacrimógeno.
Asimismo Mircea Ioan Topoleanu, periodista independiente de origen rumano que se encontraba fotografiando la marcha, fue detenido por policías del Distrito Federal, quienes lo golpearon y lo despojaron de su equipo fotográfico. El procurador Jesús Rodríguez Almeida confirmó su detención en declaraciones en las que responsabiliza al periodista de atacar «la paz de la ciudad».
También, Tania Molina Ramírez, reportera de La Jornada, señala la arbitrariedad en la cual se llevó a acabo su detención sobre la avenida Paseo de la Reforma, al ser señalada por un empleado de hotel cuando ella tomaba fotografías de los destrozos provocados a las instalaciones.
De igual modo, estudiantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras se manifestaban pacíficamente por medio de un performance sobre la calle Filomeno Mata cuando fueron agredidos físicamente y detenidos por policías capitalinos. Compañeros y profesores denunciaron el ataque a la libertad de expresión en un comunicado que condena los hechos.
A su vez, la estudiante de comunicación, Silvia Lee Rábago fue amenazada y perseguida por policías del Ministerio Público Número 50 por grabar con su computadora laptop a las y los estudiantes detenidos en el lugar. En un primer momento le cerraron la computadora de golpe lastimándole los dedos, mientras buscaba información sobre el traslado de los detenidos, momentos después policías del Distrito Federal la amenazaron: «aquella cabrona está grabando, si te vuelvo a ver por aquí te va a llevar la chingada», acto tras el cual fue perseguida por unos metros, hasta que pudo escapar.
Es necesario investigar y castigar a los responsables de las numerosas agresiones evidenciadas por diversos medios de comunicación y redes sociales a personas que documentaban los hechos con sus cámaras, a quienes la policía lanzó sus escudos antimotines con el objetivo de impedir la grabación o pedirles que dejaran de hacerlo, actos que violan el derecho de transmitir y difundir información.
Queda claro que las distintas fuerzas de seguridad actuaron fuera de los marcos de la legalidad y haciendo uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, violentando varios derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión.
Conforme establece la Declaración de principios de libertad de expresión las fuerzas del estado violaron el principio 5 que establece que «la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones (. . .) al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión».
Asimismo el Principio 9 que establece que «(. . .) la intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión».
Cencos hace un enérgico llamado a las autoridades federales y al gobierno capitalino a que estos abusos policiacos no queden impunes y se investigue y sancione debidamente a las y los policías que participaron en las detenciones arbitrarias, golpizas y robo de equipos a las y los reporteros que resultaron agredidos.
Según la documentación hecha por organizaciones de derechos humanos, sociedad civil y medios de comunicación, las corporaciones que incurrieron en dichas violaciones fueron, el Estado Mayor Presidencial, el Cuerpo de Granaderos de la Policía Metropolitana, la Policía Federal y elementos de la policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Dejar impunes estos actos de violencia contra la población civil y el gremio periodístico representa un equívoco comienzo del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia libertad de expresión y un precedente de impunidad que afectará seriamente la relación de las fuerzas del estado con el gremio periodístico.
Igualmente Cencos y el grupo Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) hacen un llamado al gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón a que del mismo modo en el que está llevando acabo las investigaciones en contra de los manifestantes, lo haga con los cuerpos policiacos que participaron en las agresiones a la libertad de expresión.
Lo que otros miembros de IFEX están diciendo:
Violencia contra periodistas durante el cambio de poderes en México (ARTICLE 19)
«ARTICLE 19 logró confirmar que los fotoperiodistas Cristopher Rogel, de El Universal; Pedro Anza, de la agencia Cuartoscuro; Quetzalli González, de Excélsior, así como Osvaldo Muller, camarógrafo de Efekto TV, resultaron golpeados e incluso lesionados por excesos cometidos por elementos del agrupamiento de granaderos que buscaban repeler a los manifestantes tanto en las inmediaciones del Palacio Legislativo como en el primer cuadro de la ciudad.»
