Una mirada a la situación de la libertad de prensa del anfitrión de las celebraciones del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
¿Por qué UNESCO está organizando las celebraciones del Día Mundial de la Libertad de Prensa en Costa Rica?
La decisión de que UNESCO y el Gobierno de Costa Rica organicen conjuntamente las celebraciones del Día Mundial de la Libertad de Prensa en San José, Costa Rica, del 2 al 4 mayo de 2013 fue anunciada el 8 de febrero 2013 por la Presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, que elogió el compromiso de su país con la libertad de expresión y la libertad de prensa. La agenda de este año de la conferencia se centrará en la aplicación del Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, con particular atención en América Latina. Mientras que algunos países de América Latina, como México y Honduras, se encuentran entre los más peligrosos del mundo para los periodistas, otros en la región han hecho avances significativos en la protección de la libertad de expresión y en garantizar la seguridad de los periodistas. Como explicó Irina Bokova, Directora General de la UNESCO: «Un acto de gran visibilidad como el Día Mundial de la Libertad de Prensa ayudará a poner de relieve los logros alcanzados por Costa Rica y por el conjunto de América Latina en este ámbito, y mostrar su firme compromiso con la libertad de expresión y la libertad de prensa «.
¿Cómo está Costa Rica en comparación con otros países?
Costa Rica lidera en Latinoamérica – Reporteros sin Fronteras (RSF) llama al país «un faro de los derechos humanos en medio de la anarquía que a menudo encontramos en América Central» – y está en mejor situación en lo que atañe a la libertad de prensa que muchos países democráticos desarrollados, incluyendo los EE.UU., Reino Unido, Canadá y Australia. Costa Rica está listada en el puesto 18 en la Clasificación Mundial 2013 de RSF, un punto arriba con relación al 2012, con ningún periodista, trabajador de los medios, o internauta asesinado o encarcelado.
Más recientemente, en la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 23 de marzo de 2013, Costa Rica se unió a Colombia, Panamá, Uruguay, México, Jamaica, Canadá y los EE.UU. para votar en contra de los esfuerzos de Ecuador, que contaba con el apoyo de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, para reformar la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las reformas propuestas por Ecuador habrían debilitado considerablemente el papel del Relator Especial y su capacidad de funcionar de manera independiente de las agendas de los Estados miembros en la promoción de la libertad de expresión y la protección de los periodistas en la zona.
¿Los periodistas en Costa Rica han disfrutado siempre de este nivel de libertad de prensa?
Mientras que la posición actual de Costa Rica es alentadora, sólo recientemente el gobierno ha tenido debates y promulgado reformas de algunas de las leyes más polémicas que atentan contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, en particular en el ámbito de la ley de difamación. Un número de periodistas, entre ellos Nicolás Aguilar Ramírez de La Nación y José Luis Jiménez Robleto del Diario Extra, fueron encarcelados en virtud del artículo 7 de la Ley de Prensa Impresa de Costa Rica de 1902, que permite penas de hasta 120 días para los periodistas, editores y propietarios de medios declarados culpables de difamación e «insultos». Ambos periodistas fueron sobreseídos de sus cargos, y la Corte Suprema de Costa Rica finalmente quitó las disposiciones de las penas de cárcel por difamación penal el 17 de febrero de 2010.
El gobierno costarricense también promulgó la polémica Ley de Crímenes de Información el 6 de noviembre de 2012, que prevé penas de cárcel de hasta 10 años por la publicación de «información política secreta». El artículo 288 de la nueva ley incluye información «de cuerpos de la policía nacional o de los órganos de seguridad en materia de defensa o relaciones exteriores», o que afectan a «la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado.» Después de una protesta pública, el gobierno prometió que la nueva ley no aplicará a los periodistas. La Corte Suprema de Costa Rica suspendió eventualmente el artículo, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por el periodista Randall Rivera, y en abril de 2013, la Asamblea Nacional aprobó una serie de enmiendas al proyecto de ley eliminando por completo la sección «información política secreta».
