La Sociedad Interamericana de Prensa manifestó su preocupación por la descalificación que sufrieron periodistas ecuatorianos y argentinos por parte de las autoridades en sus respectivos países, después de denunciar atropellos a la libertad de prensa en sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por la descalificación que sufrieron periodistas ecuatorianos y argentinos por parte de las autoridades en sus respectivos países, después de que la semana pasada (del 28 de octubre de 2013) denunciaron atropellos a la libertad de prensa en sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH realizó una audiencia temática el 28 de octubre a la que asistieron representantes de 15 organizaciones ecuatorianas, entre ellas periodísticas, que denunciaron el deterioro de las libertades de expresión y de asociación en su país. La delegación denunció casos específicos de violaciones a la libertad de prensa y a la Ley de Orgánica de Comunicación en vigencia desde junio pasado.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, calificó esas denuncias como una “…payasada más de los perdedores de las elecciones y la burocracia internacional”. También el vicepresidente, Jorge Glass, y otros altos funcionarios del gobierno, propinaron insultos y descalificaciones contra los periodistas, a través de declaraciones públicas y en redes sociales.
La misma actitud de descalificar a los denunciantes, la asumió el gobierno argentino, arremetiendo contra Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, quienes, en representación de un grupo de colegas periodistas, denunciaron el 1 de noviembre, ante la CIDH, las malas condiciones para ejercer el periodismo en el país, las campañas de desprestigio contra periodistas independientes y la persecución judicial y económica contra los medios críticos al gobierno.
La embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, Nilda Garré, quien acudió a la audiencia, acusó a los periodistas de pretender “victimizarse”, de ser “voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos” y de orquestar campañas en contra de políticas nacionalistas en Latinoamérica.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, manifestó la solidaridad de la organización con los periodistas y lamentó que no se respete el derecho a la denuncia. “Más allá de las diferencias que el presidente Correa u otro gobernante pueda tener con el sistema interamericano, no se puede irrespetar los mecanismos que, para buscar justicia, están disponibles para todos los ciudadanos de las Américas”.
Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, añadió que los gobiernos tienen derecho a responder como contraparte en las mismas audiencias, “por lo que no se entiende que en vez de discutir los temas o presentar sus posiciones, terminen insultando a sus propios ciudadanos”.
Agregó que “como SIP tenemos amplia experiencia en participar de esas audiencias ante la CIDH y discutir con los gobiernos, pero siempre en un clima de respeto, por lo que es difícil entender por qué un presidente o funcionario de alto rango tiene que acudir a las descalificaciones”.
Cualquier persona de las Américas puede solicitar audiencias para ser escuchada en alguna de las dos audiencias que la CIDH celebra cada año. El reglamento del Sistema Interamericano protege a esas personas para que puedan presentar sus denuncias, mientras que prohíbe a los Estados “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones…”.
