El 18 de noviembre de 2013, dos directores y un periodista de investigación del desaparecido diario El Sol de Los Andes, recibirán la lectura de sentencia de un caso de presunta difamación, uno de los seis que se les sigue por su labor fiscalizadora.
El 18 de noviembre de 2013, Pablo O’Brien, Gino Márquez y Óscar Rodríguez, director, sub director y periodista de investigación del desaparecido diario El Sol de Los Andes que se difundía en varias ciudades del centro del país, recibirán la lectura de sentencia de un caso de presunta difamación, uno de los seis que se les sigue por su labor fiscalizadora, según han sido notificados por el Juez Marco Antonio Ancco, del Cuarto Juzgado Penal de la Región Junín, ubicada al centro país.
O’Brien dijo al IPYS que los casos por los que se les ha querellado penalmente están relacionados a las denuncias publicadas en el medio sobre la muerte de varios taxistas y la existencia de un proceso judicial en el que se involucraba a diversos efectivos policiales, unas notas informativas que alcanzaban al hermano de un asesor presidencial, y una investigación sobre aparentes irregularidades en un examen de ascenso realizado al interior del Poder Judicial de Huancayo.
Además de los periodistas, las denuncias alcanzaron a la empresa propietaria del medio como tercero civil responsable. Los procesos generaron que finalmente la empresa no pudiese continuar con el proyecto periodístico pues se trabaron embargos sobre sus cuentas bancarias perjudicando al diario, que tuvo que cerrar el 2012.
Pese a que en varios de los proceso ya había habido absoluciones, desde marzo pasado se han emitido pronunciamientos judiciales (similares en sus fundamentos) que revocan las sentencias absolutorias que en su momento se emitieron por la evidente inexistencia de responsabilidad penal en los hechos objeto de las querellas por difamación. En las sentencias habría enunciados que inducirían a los magistrados de primera instancia a emitir sentencias condenatorias, denunciaron los periodistas.
Según dijeron los periodistas y sus abogados al IPYS, en varias de las denuncias, en los procesos y las sentencias habría serias irregularidades. “Por ejemplo, el que las sentencias que anulan las sentencias absolutorias correspondientes a dos casos se argumenta que como el suscrito no rindió declaración instructiva, la sentencia absolutoria es nula y que al no haber sido públicas (aunque fueron absolutorias) también se invoca su nulidad”, dijo OBrien.
Habría además una incompatibilidad en los proceso, como manifiesta Gino Márquez, pues dos de los denunciantes son un vocal y una secretaria de juzgado de las Corte Superior de- Junín, y los denunciados han sido procesados en el mismo juzgado donde labora la secretaria judicial denunciante.
A O’Brien le preocupa además que ya no radique en Huancayo, donde está la sede la Corte Superior de Junín.
El IPYS lamenta que el Poder Judicial se ensañe con los periodistas del mencionado y desaparecido diario y que emprenda una desproporcionada persecución usando sin aparente sustento la ley para perjudicarlos.
