Marianela Montenegro, periodista y propietaria de Canal 33 de Cochabamba, denunció, en visita a la sede de la Sociedad Interamericana de Prensa el 8 de noviembre, que ha sido víctima de hostigamiento, amenazas y su canal allanado en dos ocasiones en represalia por críticas al partido oficialista.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó actos de intimidación y persecución de las autoridades de Bolivia en contra de la periodista Marianela Montenegro, al tiempo que reclamó una pronta investigación por sus denuncias y garantías de seguridad para ella y su familia.
Montenegro, periodista y propietaria de Canal 33 de Cochabamba, denunció, en visita a la sede de la SIP el 8 de noviembre, que ha sido víctima de hostigamiento, amenazas y su canal allanado en dos ocasiones en represalia por críticas al partido oficialista.
La periodista conduce “Aló Marianela”, programa de debates y crítico del gobierno con línea abierta de llamadas. A finales de octubre, la periodista presentó su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, DC.
El 20 de noviembre de 2012 policías y funcionarios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), irrumpieron de forma violenta en la televisora y en su domicilio -localizado en el mismo edificio-, por supuestas infracciones a regulaciones del organismo oficial encargado de las comunicaciones. Imágenes de la intervención fueron captadas en video por una cámara de seguridad del canal:
Montenegro, quien entregó a la SIP una serie de documentos sobre sus gestiones y denuncias ante las autoridades, detalló además que se le ha retirado la publicidad oficial, se le han impuesto cuatro procesos penales – en uno de ellos fue acusada por presunto racismo-, le confiscaron el equipo de transmisión, mientras que la amenazaron con revocarle la licencia.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que “condenamos la campaña de intimidación contra la periodista que pareciera ser parte de una estratagema oficial de silenciar a los críticos” y agregó que las denuncias de Montenegro deben ser investigadas.
La semana pasada la SIP también condenó las amenazas y represalias contra el diario El Deber y un periodista de ese medio por parte de autoridades municipales de Santa Cruz de la Sierra.
Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, en referencia al informe de Bolivia presentado en la asamblea general de la organización en octubre pasado, dijo que el gobierno nacional mantiene una estrategia de asfixia económica con ataques a medios y periodistas, a través de la discriminación de publicidad oficial, inspecciones, imposición de impuestos especiales y con la compra de medios independientes a través de allegados.
