Una orden de protección física en favor de la vicepresidente prohíbe al periodista José Rubén Zamora el acceso al “domicilio y a su lugar de trabajo o estudio” por el término de seis meses. Receientemente Zamora ha publicado investigaciones sobre presuntas irregularidades en la función pública que involucran a la vicepresidente.
ACTUALIZACIÓN del Comité para la Protección de los Periodistas: El periodista José Rubén Zamora fue notificado el 7 de enero de 2014 que un juez había emitido una orden prohibiéndole salir del país en relación con una denuncia penal presentada por el presidente Otto Pérez Molina en noviembre que acusó al editor de «coacción, extorsión, chantaje, violación a la Constitución y desacato a los presidentes de los organismos de Estado» (8 de enero de 2014)
La Sociedad Interamericana de prensa (SIP) repudió la sorpresiva orden de una jueza de Guatemala en favor de la vicepresidente del país, Ingrid Roxana Baldetti Elías, que prohíbe a un periodista acercársele físicamente, por las críticas y denuncias que viene formulando en sus publicaciones, con lo cual se pretende que no se perturbe a la funcionaria.
El 17 de diciembre de 2013, la jueza de turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Feminicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Karen Jeannette Chinchilla Menéndez, emitió una orden de protección física en favor de la vicepresidente Baldetti, calificando de “agresor” al periodista José Rubén Zamora, director del diario elPeriódico, a quien se le prohíbe que “perturbe o intimide a la agraviada y a cualquier integrante de su grupo familiar”. También prohíbe a Zamora el acceso al “domicilio permanente o temporal… y a su lugar de trabajo o estudio” por el término de seis meses.
En meses recientes Zamora ha publicado investigaciones y formulado serias críticas y denuncias sobre presuntas irregularidades en la función pública que involucran a la Vicepresidente. También ha demostrado que el gobierno nacional le ha retirado la publicidad oficial en represalia por esas críticas y la página digital de su medio ha sufrido ataques cibernéticos.
“Lo que más llama la atención de esta insólita orden judicial es que se trata de una nueva forma de blindar a un funcionario de las críticas”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, agregó que “repudiamos enérgicamente esta novedosa forma de censura; una orden que reinventa el delito de desacato dando a los funcionarios públicos el privilegio de acallar las críticas”.
Paolillo llamó públicamente a la justicia guatemalteca a dejar de lado esta “orden de censura” por contravenir “principios constitucionales y legales elementales en materia de libertad de expresión en Guatemala”.
