Siete meses después de que el presidente ecuatoriano Rafael Correa coqueteara con la idea de ofrecerle asilo político a Edward Snowden, ex contratista de la NSA de Estados Unidos, la intercepción de comunicaciones y la filtración de correos electrónicos nuevamente acaparan los titulares en este país andino.
Lo que sigue es parte del blog del CPJ por Sara Rafsky, Investigadora Asociada del CPJ para las Américas:
Siete meses después de que el presidente ecuatoriano Rafael Correa coqueteara con la idea de ofrecerle asilo político a Edward Snowden, ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la intercepción de comunicaciones y la filtración de correos electrónicos nuevamente acaparan los titulares en este país andino. En esta ocasión, la noticia no tiene que ver con la vigilancia internacional, sino que es una ventana hacia el último frente abierto en el cada vez más intenso conflicto entre el presidente y sus críticos.
La semana pasada, el diario estatal ecuatoriano El Telégrafo publicó un artículo que denunciaba un plan internacional para desestabilizar el gobierno y citaba correos electrónicos entre la política opositora Martha Roldós y empleados de las organizaciones no gubernamentales estadounidenses Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America) y Fundaciones de la Sociedad Abierta (Open Society Foundations), así como de la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy), esta última financiada por el gobierno estadounidense. Señalados como conspiradores figuraban los destacados periodistas latinoamericanos Gonzalo Guillén, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita y Giannina Segnini. ¿Cuál era el fundamento de esta funesta conspiración? Según El Telégrafo, el deseo de Roldós de crear un medio independiente en Ecuador y el posible interés de las organizaciones en aportar financiamiento. Los correos hacen referencia al pésimo historial de Correa en materia de libertad de prensa, que se caracteriza por procesos penales por difamación contra periodistas y por una de las leyes de comunicación más restrictivas del hemisferio.
Leer la historia completa en el sitio web de CPJ.
