Los periodistas Julio Ernesto Alvarado y Dina Meza han sido víctimas de una progresiva persecución durante los últimos meses, señaló PEN International. La organización exhortó a las autoridades hondureñas a anular la condena de Alvarado por el delito penal de difamación.
Los periodistas Julio Ernesto Alvarado y Dina Meza han sido víctimas de una progresiva persecución durante los últimos meses, señaló hoy PEN International. La organización global de escritores exhortó a las autoridades hondureñas a anular la condena de Alvarado por el delito penal de difamación —que, según considera PEN, podría responder a motivaciones políticas— investigar las amenazas de muerte y de otra índole proferidas contra ambos periodistas y garantizar a ambos la plena protección de la ley.
Los actos de persecución se agravaron desde las elecciones de noviembre de 2013, en las cuales Juan Orlando Hernández resultó electo Presidente de Honduras. En diciembre, Alvarado fue condenado en apelación a 16 meses de prisión y se le prohibió trabajar como periodista por considerarlo responsable del delito de difamación penal, y desde entonces ha recibido diversas amenazas, mientras que Meza, que ha expresado públicamente repudio por su condena, afirma que se han incrementado las medidas de vigilancia en su contra desde fines de enero de 2014.
Alvarado dirige y presenta el programa de noticias “Mi Nación” en el canal de televisión opositor Globo TV, mientras que Meza es una periodista independiente y defensora de derechos humanos que recibió el premio Oxfam Novib/PEN International a la Libertad de Expresión el 16 de enero de 2014. La situación de ambos es abordada en Honduras: periodismo bajo la sombra de la impunidad, un informe conjunto elaborado por PEN International, PEN Canadá y el Programa Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto, publicado el 23 de enero.
Amenazas e intimidación
En la semana comenzada el 20 de enero de 2014, hombres no identificados con corte de cabello estilo militar tomaron fotografías de Meza con sus teléfonos celulares mientras ésta se encontraba reunida con colegas y amigos en lugares públicos, y luego la siguieron.
Meza ha sido víctima de persecución y amenazas desde 2006, sin que ninguno de estos hechos haya sido investigado adecuadamente. Ha obtenido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2006, pero lamentablemente estas medidas han tenido escasos resultados. Actualmente considera que su seguridad se encuentra en riesgo y ha reforzado las medidas de seguridad personal.
Recientemente, Alvarado ha sido víctima de acoso y amenazas a través de su perfil de Facebook y el de Dina Meza, quien ha publicado varias críticas a la condena impuesta a Alvarado. El 7 de febrero, se expresaron amenazas de muerte contra Alvarado y su familia en uno de los mensajes en su cuenta de Facebook.
Alvarado está acostumbrado a este tipo de intimidación. En marzo de 2013, se vio obligado a suspender su programa de temas de actualidad “Medianoche”, en Radio Globo, luego de que varios meses de amenazas y vigilancia culminaran con un fallido intento de asesinato. Este incidente nunca fue investigado, a pesar de que se denunció a las autoridades. Alvarado sospecha que habrían estado involucrados policías o militares.
“El mensaje que se está enviando en el caso de Julio Ernesto Alvarado es que los y las periodistas pasemos de lado la corrupción porque de lo contrario seremos enviados a prisión. Es otro atentado contra la libertad de expresión y debemos actuar. […] Estos ataques son la víspera de lo que será el gobierno de Juan Orlando Hernández”, comentó Dina Meza.
Una condena que responde a motivaciones políticas
El 9 de diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia en la capital hondureña de Tegucigalpa condenó a Alvarado a un año y cuatro meses de prisión por haber presuntamente difamado a la decana universitaria Belinda Flores, y dejó sin efecto una decisión de marzo de 2011 que lo exoneraba de estos cargos. Alvarado también fue excluido del ejercicio de la profesión periodística durante ese mismo período.
El caso se remonta al año 2006, cuando en tres emisiones de “Mi Nación”, en junio y julio de ese año, se trató el tema de la designación de Flores como decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) y su presunta participación en tráfico de influencias y falsificación de títulos universitarios cuando ocupó anteriormente otro cargo en esa universidad.
También en el periódico El Heraldo se habían informado señalamientos similares en mayo de 2006, según consta en la documentación correspondiente a la audiencia de diciembre de 2013, donde se dio por probado que Flores de hecho habría estado implicada en algún tipo de irregularidad.
Flores demandó posteriormente a Alvarado por difamación, y en el juicio también se vieron afectadas dos de las fuentes del periodista. La primera fue Carlos Gustavo Villela, un académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAH, que participó como invitado en uno de los programas de Alvarado y explicó los motivos por los cuales se había opuesto a la designación de Flores como decana (un cargo para el cual también él se había postulado sin éxito) y se refirió a una investigación que supuestamente había puesto en evidencia las irregularidades. El otro acusado fue Guillermo Ayes, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad Autónoma de Honduras (ADUNAH), que había publicado un comunicado en el cual expresó su preocupación ante las infracciones cometidas por Flores.
El 25 de marzo de 2011, un juzgado de primera instancia en Tegucigalpa determinó que los tres acusados eran inocentes. Sin embargo, Flores interpuso una apelación, en la cual sostuvo que el artículo 160 del Código Penal sobre la difamación había sido interpretado erróneamente. El 9 de diciembre de 2013, sobre la base de las mismas pruebas, la Corte Suprema de Justicia confirmó el pronunciamiento con respecto a Villela y Ayes, pero lo anuló para Alvarado, y concluyó que era penalmente responsable por el delito de difamación contra Flores y lo condenó a 16 meses de prisión, además de prohibirle el ejercicio del periodismo durante ese mismo período.
Es decir, Alvarado fue hallado culpable por presunta difamación debido a que dio espacio en su programa a dos académicos que fueron exonerados, a pesar de que fueron precisamente ellos quienes en verdad expresaron los comentarios agraviantes.
Alvarado tiene previsto apelar esta sentencia. También ha planteado denuncias ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la organización no gubernamental Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Según trascendió, la pena de prisión impuesta a Alvarado sería conmutable por una multa de 10 lempiras diarias o un total de aproximadamente US$ 246, lo cual implica que muy probablemente no cumpla la pena de prisión. Sin embargo, si se confirma la condena no podrá ejercer el periodismo durante la totalidad del período de 16 meses. Se prevé que se dicte una resolución definitiva en la causa antes del 9 de junio de 2014.
Mientras tanto, la amenaza de encarcelamiento y la exclusión profesional menoscaban gravemente su capacidad de informar libremente y abordar temas delicados.
PEN International expresa su profunda consternación ante la posibilidad de que la anulación del sobreseimiento de Alvarado se deba a motivos políticos y exhorta a las autoridades hondureñas a dictar su absolución respecto de estos cargos penales que, según considera, resultan desproporcionados e injustificados.
PEN International considera que ningún escritor ni periodista debería ser encarcelado o recibir otro tipo de sanciones penales simplemente por haber expresado su opinión o ejercido su profesión en forma pacífica, y exige la derogación de las leyes de difamación penal en todos los países.
Los Relatores Especiales sobre libertad de expresión y medios de comunicación de la ONU, la OSCE y la OEA han determinado en este sentido: “La difamación penal no es una restricción justificable de la libertad de expresión; debe derogarse la legislación penal sobre difamación y sustituirse, conforme sea necesario, por leyes civiles de difamación apropiadas”.
