IPYS/IFEX) – El 10 de abril del 2001, y tras 8 años de trámite parlamentario, la Cámara de Diputados aprobo el proyecto de Ley sobre las Libertades de Informacion y de Opinion, más conocido como Ley de Prensa. Entre los principales avances que incluye el texto se encuentra la derogacion del artículo 6 (b) de […]
IPYS/IFEX) – El 10 de abril del 2001, y tras 8 años de trámite parlamentario, la Cámara de Diputados aprobo el proyecto de Ley sobre las Libertades de Informacion y de Opinion, más conocido como Ley de Prensa.
Entre los principales avances que incluye el texto se encuentra la derogacion del artículo 6 (b) de la Ley de Seguridad Interior del Estado (LSIE), que tipifica como delitos contra el orden público la difamacion, la injuria y la calumnia a altas autoridades. Además, elimina las disposiciones contempladas en la LSIE que permiten perseguir responsabilidades penales desde el periodista hasta el distribuidor de un impreso y la que le entrega atribuciones a los jueces para requisar publicaciones.
Solo 12 diputados votaron en contra de la eliminacion de esta norma antidemocrática: Francisco Bartolucci, Gonzalo Ibáñez, Juan Masferrer, Jorge Ulloa, Sergio Correa, Darío Paya, Enrique Van Rysselberghe, Cristián Leay, Carlos Recondo, Julio Dittborn, todos del partido de derechas Union Democrata Independiente; Pablo Galilea, de Renovacion Nacional, de la misma tendencia, y Jaime Jiménez, de la Democracia Cristiana.
Otro elemento a rescatar, es que este nuevo cuerpo legal entrega a los tribunales ordinarios la facultad de conocer de los delitos cometidos por civiles que se produzcan en abuso de las libertades de informacion y opinion.
El proyecto consagra el derecho a mantener reserva de la fuente de informacion, tanto para los periodistas como para quienes en uso de sus funciones esté en conocimiento del contenido de una informacion reservada, como por ejemplo, reporteros gráficos y camarografos. Además, el proyecto incluye la admision de prueba de verdad en los casos de injurias, con la condicion de que se trate de un tema de interés público y cuando el afectado por la injuria ejerza funciones públicas y las imputaciones se refieran a hechos propios de su funcion.
El presente texto deroga la Ley de Abusos de Publicidad, que es la que rige estos temas. Con ello, se elimina la prohibicion de informar, facultad de los jueces que impide publicar antecedentes sobre casos judiciales.
Los temas más conflictivos fueron los relativos a la regulacion del mercado informativo. El artículo 39º obliga a que cualquier cambio en la propiedad o en el control de un medio de comunicacion deberá ser informado a la Comision Preventiva Antimonopolios y, de tratarse de un medio que funcione bajo el sistema de concesiones entregadas por el Estado (como la television abierta), la Comision Preventiva deberá entregar un informe sobre el impacto que el cambio de propiedad acarreará al mercado informativo.
El otro artículo conflictivo fue el 44º, que impide la participacion en la propiedad de más de un medio de television abierta, cualquiera sea el porcentaje de que se trate. Actualmente, esto rige en el caso de los controladores de la señal, pero no de los propietarios minoritarios.
Ambos artículos fueron rechazados por los parlamentarios mencionados, pero lograron ser aprobados gracias a los votos de la Concertacion.
Finalmente, el único artículo rechazado por la Cámara fue el 10º, que obligaba a todos los medios impresos con una circulacion superior a los 5 mil ejemplares, a declarar el tiraje de la edicion del día inmediatamente anterior. Este punto fue rechazado desde un principio por la Asociacion Nacional de la Prensa (ANP), gremial de las empresas editoras, y por los parlamentarios de la derecha.
El ministro Secretario General de Gobierno, Claudio Huepe, señalo que el gobierno insistirá en esta disposicion si es que no se concreta un sistema autorregulado de verificacion, como se comprometieron la Asociacion Nacional de Avisadores (ANDA) y la Asociacion Nacional de Agencias de Publicidad (ACHAP), principales interesados en que el mercado informativo sea transparente en este aspecto. Sin embargo, este compromiso adquirido a fines del año pasado aún no se concreta.
Si bien el voto de la Cámara de Diputados es un avance importante en algunas materias relativas a la libertad de expresion, aún resta por conocer como votará el Senado de la República. Este siguiente trámite, al parecer, tendrá lugar el proximo 17 o 18 de abril. Si no hay novedades con respecto a lo acontecido el 10 de abril, a más tardar en mayo estará aprobada la nueva ley de prensa, según los cálculos del gobierno y de diversos parlamentarios.
